Caos, nervios y tensión indisimulada. Las primarias del PP, todo un hito en la historia del partido, han estado marcadas por el desorden y por las acusaciones cruzadas de irregularidades entre los tres principales precandidatos, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado y María Dolores de Cospedal. El fair play que prometían los dirigentes estalló por los aires esta semana, con algunas denuncias sobre por presunta falsificación de firmas en el censo, al que se han inscrito 66.706 inscritos del PP para votar en el proceso. Si la temperatura había subido en las últimas horas, con supuestos boicots a los actos de candidaturas, ahora las urnas han abierto la batalla en el Partido Popular. Las urnas se han cerrado a las 20.30 horas en toda la península excepto en Canarias, donde permanecen abiertas una hora más.
Las características de las votaciones alimentaron las suspicacias: urnas transparentes de metacrilato, papeletas extra grandes, sin sobres y ausencia de cabinas para decantar el sentido del voto. Las listas de los votantes también han dado problemas a lo largo de la jornada, con afiliados inscritos a quienes no han dejado votar y personas que no constaban en el censo que, según las denuncias registradas, sí habrían emitido su papeleta. El PP tampoco ha habilitado una web para seguir el recuento, que tendrá que esperar hasta el anuncio oficial del partido.
Los interventores de todos los candidatos estaban presentes en las 1.096 mesas electorales puestas en todo el país, y son quienes han dado la alerta y han anunciado impugnaciones. Las primeras han llegado a mitad de la tarde por parte de Cospedal. La secretaria general del PP anunciaba que pediría anular el resultado de varias mesas en Barcelona. ¿El motivo? Los interventores afines a Casado, según su versión, habrían presionado a los afiliados y entregado papeletas ya rellenadas.
No es el único incidente registrado. Poco después, y al filo del cierre, eran los de Casado quienes acusaban los de Cospedal de intentar presionar en las mesas electorales de su principal bastión, Castilla-La Mancha, al tiempo que pedían la impugnación de algunos votos en Ciudad Real. También en Orihuela (Comunidad Valenciaba) denunciaban intentos de pucherazo, y los afines al vicesecretario general aseguraba que habían voto personas no inscritas en el censo.
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