Andalucía, pilar de la victoria de Santamaría

"Por su cercanía, su experiencia probada; porque es el momento de las mujeres, es el momento de Soraya. Es la opción que devolverá al Gobierno al Partido Popular y que devolverá la ilusión y el futuro a España". Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz, proclamó públicamente el pasado lunes a través de su perfil en Twitter su apoyo a Sáenz de Santamaría, la candidata más votada por los militantes para suceder a Mariano Rajoy en la Presidencia del PP.

El apoyo que el aparato del partido en Andalucía ha brindado a la ex vicepresidenta del Gobierno ha sido decisivo para que Soraya Sáenz de Santamaría se haya impuesto a los otros cinco aspirantes en liza. Los datos son elocuentes. De los 21.513 votos que ha sumado la ganadora, los militantes andaluces le han dado casi 5.600 votos. Expresado en otras palabras, la ex número dos de Rajoy en el Ejecutivo ha obtenido en esta comunidad el 25,94 % del total de papeletas a su favor.

Con 11.833 electores (17,5 %), Andalucía era la comunidad en la que se habían inscrito más afiliados para participar en la histórica votación desarrollada este jueves, por delante de Madrid (9.944) y la Comunidad Valenciana, 8.964. Ello explica la permanente presencia de los candidatos en Andalucía durante la campaña en busca de apoyos.

La implicación de las direcciones regional y sevillana con Sáenz de Santamaría ha sido determinante en el triunfo de ésta, que pasa el corte tras superar en 1.546 votos a Pablo Casado. Un dato evidencia ese respaldo: la coordinadora en Andalucía de la candidatura de la ex vicepresidenta ha sido la número dos de Moreno Bonilla, Loles López. También Javier Arenas, factótum de los populares andaluces y abiertamente enfrentado a De Cospedal, ha apoyado a la candidata más votada este jueves.

Según los datos provisionales facilitados por la comisión organizadora, en Andalucía han votado 10.256 militantes, el 86,67 % del total. Desglosados por aspirantes, Soraya Sáenz de Santamaría ha obtenido más de la mitad (5.581), con mucha distancia por delante de María Dolores de Cospedal (2.807)  y Pablo Casado (1.663). Expresado en otras palabras, ha conseguido en esta comunidad casi el 26 % de todas las papeletas con su nombre.

La ex vicepresidenta ha logrado en Andalucía casi el 26 % de todos los votos y ha sido la lista más apoyada en cinco de las ocho provincias

La secretaria general del partido tenía algunos apoyos destacados en esta comunidad, aglutinados en torno al ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el alcalde de Tomares (Sevilla), José Luis Sanz, y el diputado Ricardo Tarno han sido otros de los cargos públicos que respaldaban a la ex ministra de Defensa.

Sáenz de Santamaría se ha impuesto en cinco de las ocho provincias andaluzas. Los mayores apoyos los ha obtenido en Sevilla (1.688 sobre un censo de 3.322) y Málaga (1.223 de 2.048), pero también ha sido la aspirante más votada en Cádiz (749), Huelva (598) y Granada (388). Por su parte, De Cospedal ha ganado en Almería (804), Jaén (337) y Córdoba (324).

El papel de Moreno Bonilla

La victoria de la ex vicepresidenta del Gobierno refuerza a nivel interno a Moreno Bonilla, el barón regional que se enfrentará a unas elecciones autonómicas antes que ningún otro territorio. En teoría, los comicios en Andalucía tendrían que celebrarse antes del próximo 22 de marzo, pero hay indicios que apuntan que la socialista Susana Díaz podría adelantar la cita con las urnas.

De entrada, Ciudadanos -la formación que facilitó la investidura de Díaz al no obtener la mayoría absoluta en las últimas elecciones- ha adelantado su proceso de primarias para elegir al candidato que se enfrentará a la actual de la presidenta de la Junta de Andalucía. Tampoco debe pasarse por alto el eventual interés de la líder del PSOE-A de convocar a los ciudadanos a las urnas antes de que la Audiencia de Sevilla emita la sentencia tras el primer juicio del caso ERE, en el que se dilucida la presunta ilegalidad del procedimiento por el que la Administración autonómica concedió ayudas por 855 millones de euros a prejubilados y empresas en crisis.