La ex cúpula de los Mossos d’Esquadra cuando se celebró el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, con el ex major Josep Lluís Trapero al frente, ya tiene tribunal para ser juzgado por los delitos de sedición y organización criminal. Lo hará la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y el tribunal estará compuesto por los magistrados Concepción Espejel (presidenta), Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel.
Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, la ponencia de la sentencia ha recaído por turno de reparto en el magistrado Sáez Valcárcel, considerado uno de los jueces más escorados a la izquierda que hay en este tribunal. Ex vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida (IU), fue el ponente de la resolución donde se absolvió a los asaltantes al Parlament en el año 2011 al considerar el asedio como libertad de expresión.
Aquella polémica sentencia de la Audiencia Nacional–que fue casada por el Tribunal Supremo posteriormente de forma íntegra- también fue suscrita por la juez Fernández de Prado; emitiendo un voto particular contra la misma el actual ministro de Interior, el magistrado Fernando Grande-Marlaska.
Ahora, junto con la presidenta de la Sala de lo Penal -de corte conservador-, ambos magistrados progresistas juzgarán a la ex cúpula de Mossos por su papel en la celebración del referéndum ilegal del 1-O y el asalto a la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre pasados.
De esta forma, la Sala que juzgará a Trapero, al ex director de los Mossos Pere Soler, al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y a la intendente Teresa Laplana estará compuesta por una mayoría de magistrados de marcado carácter progresista.
En el caso de la sentencia donde se juzgó a los asaltantes al Parlament, los jueces Ramón Sáez Valcárcel y Manuel Fernández de Prado justificaron la actuación de los radicales que impidieron al ex president Artur Mas y otros miembros de la cámara autonómica acceder a dicho órgano. Mas tuvo que acceder al Parlament en helicóptero.
"Dotar de eficacia a la protesta"
La redacción de la sentencia de Sáez Valcárcel afirmaba que "cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar". "Cierto exceso, posiblemente, es consustancial al ejercicio del derecho de manifestación en una sociedad abierta y compleja", añadía la polémica resolución que fue severamente revocada por el Alto Tribunal.
El juez progresista que redactará la sentencia de Trapero y la ex cúpula de los Mossos fue ex vocal del CGPJ a propuesta de Izquierda Unida
Sin embargo, cabe la posibilidad de que la composición de este tribunal se vea alterada ya que tanto Espejel como Fernández de Prado han solicitado plaza en la Sala Segunda del Supremo. Las fuentes del CGPJ consultadas por este medio explican que en el caso de Concepción Espejel cuenta con posibilidades “reales” de hacerse con una de las tres plazas que ha salido a concurso. En cualquier caso, estos hipotéticos cambios no repercutirían en que la ponencia siga en manos del magistrado Valcárcel.
La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, la instructora Carmen Lamela, procesó el pasado mes de abril a Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.
La instructora también propuso juzgar por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. En este procedimiento, también será juzgada por la Sección Primera de la Audiencia la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, procesada por un delito de sedición.
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