La interlocutoria con la que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado la suspensión como diputados de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez ha colocado de nuevo toda la presión sobre el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien en última instancia tendrá la última palabra para decidir reta al Supremo, llevando la suspensión al Pleno, o se acoge a la vía abierta por Llarena y propone la sustitución temporal de los imputados por el 1-O.

El propio Torrent aseguró, cuando el Supremo confirmó el auto de procesamiento de los líderes independentistas procesados por su responsabilidad en el referéndum de independencia, que la suspensión como diputados de los seis electos no era automática y la última palabra la tendría el Parlament. Se acoge para ello en el artículo 25 del Parlament, según el cual sólo el Pleno puede suspender a un diputado de la cámara. Un planteamiento que abriría un conflicto competencial inédito entre el Tribunal Supremo y una cámara autonómica.

El independentismo argumenta la alteración de las mayorías parlamentarias que implica la suspensión para rechazar la medida, que a su juicio serviría para desvirtuar los resultados del 21D. Pero la interlocutoria remitida hoy por Llarena al Parlament esquiva ese argumento, al abrir la puerta a que los diputados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente para evitar precisamente ese cambio de mayorías.

Así las cosas, tanto Torrent como ERC -su partido- han pedido tiempo para estudiar a fondo la interlocutoria. Sus socios parlamentarios de JxCat y la CUP, sin embargo, ya se han inclinado por que sea el Pleno el que decida la suspensión, que es tanto como rechazar la decisión del Supremo con los votos de la mayoría independentista. Y los Comunes aseguran no tener problema en que ese debate llegue al pleno, pero advierten que si el Parlament lanza el órdago y pierde la batalla jurídica, esto tendrá consecuencias sobre todos los acuerdos parlamentarios adoptados por la Cámara a partir de ahora.

La Mesa decidirá el jueves

La fecha límite para tomar decisiones es la reunión de la Mesa del jueves, cuando Roger Torrent haya regresado de Canadá, donde ha participado en una Asamblea de la Francofonía. Ese es el plazo que ha reclamado la portavoz adjunta de ERC, Anna Caula, mientras Torrent apuntaba desde Quebec que "esta resolución no es firme, analizaremos su contenido en la Mesa y a través de los mecanismos del Parlament para actuar en casos como éste". Torrent sabe que no se ha dado un caso como este, pero necesita ganar tiempo hasta llegar a Barcelona, y sondear a su partido para saber hasta qué punto quiere plantar cara a JxCat y la CUP para optar por la vía práctica, aceptar la suspensión y sustituir a los seis diputados para nuevos conflictos con la justicia.

Sabe que en la reunión del jueves tendrá en contra a los tres representantes de C's y el PSC, por lo que su voto volverá a ser decisivo para imponer la voluntad de la mayoría independentista. Y sabe también que, si optan por retar al Supremo, tendrán en contra a los partidos constitucionalistas. Populares y naranjas ya han dejado claro que consideran la suspensión automática desde el momento en que ha sido comunicada por Llarena al Parlament, por lo que cualquier decisión en contra será recurrida judicialmente por estos partidos.

Torrent y Caula han coincidido con Elsa Artadi en acusar a Llarena de "modificar la voluntad democrática escogida en las urnas" pero no han definido cual será la posición de su grupo. La republicana ha abogado por "defender sus derechos" pero no ha explicado en qué se va a traducir esa defensa. No ha aclarado si aceptaran la suspensión temporal o la llevarán al Pleno para ser votada, o incluso si van a hacer caso omiso de la interlocutoria del Tribunal Supremo. "Queremos analizar la interlocutoria" se ha limitado a apuntar.

La diputada de JxCat Gemma Geis, por contra, ha dejado claro que en su opinión "la última palabra la tiene el Pleno" y ha asegurado que su grupo no pedirá a los afectados -Puigdemont, Turull, Rull y Sánchez- que renuncien al acta para poder garantizar la mayoría independentista. Aunque el primero en rechazar la decisión de Llarena ha sido el ex presidente Carles Puigdemont, quien ha denostado en su cuenta de twitter la decisión del magistrado del Supremo.

La CUP marca el camino al independentismo

En el Parlament, sin embargo, la primera reacción ha sido la de la CUP, cuya diputada Maria Sirvent, ha abogado por que no se aplique la suspensión a los seis diputados. Sirvent se ha apuntado a la tesis esgrimida en su día por Torrent y ha defendido que sea el Pleno el que decida mediante una votación si suspende o no a estos diputados.

En este contexto, Sirvent ha dejado claro que la CUP es partidaria de que rechazar la suspensión. "Los derechos de los diputados que han sido represaliados injustamente tienen que quedar intactos independientemente de la resolución de cualquier tribunal. La competencia para decidir esto es del Parlament", ha zanjado la diputada anticapitalista.