El Gobierno asume que no podrá exhumar los restos de Franco este verano

"Os pillará trabajando". Ésa fue la respuesta de Pedro Sánchez a la pregunta sobre la fecha de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. En una conversación informal con los periodistas el pasado 27 de junio tras su comparecencia ante el Congreso, Sánchez dio a entender que la exhumación sería inminente. La interpretación generalizada fue que se produciría en el mes de julio, antes de las vacaciones estivales de agosto, pero el Gobierno ya descarta ese escenario.

Fuentes de la Moncloa explican que todavía no está elaborado el informe sobre las fórmulas jurídicas existentes para dar cuerpo a la moción aprobada en mayo en la Cámara Baja, que instaba al anterior Ejecutivo del PP a ampliar la Ley de Memoria Histórica y a exhumar los restos del dictador. Éste fue enterrado el 23 de noviembre de 1975 en un sepulcro habilitado a los pies del altar de la basílica del Valle de los Caídos.

Además, el PSOE registró en diciembre una proposición para reformar la Ley de Memoria Histórica, ampliarla y obligar a su cumplimiento, tras dos legislaturas sin ejecución por falta de presupuesto. Pedro Sánchez anunció entonces esas medidas en el cementerio de Paterna (Valencia), ante el paredón donde fueron fusiladas 2.238 personas al término de la Guerra Civil. Entre ellas destacaba la exhumación de los restos de Francisco Franco y la disolución de su fundación.

El Gobierno no ha completado aún su informe con todas las posibilidades legales que pueden dar cuerpo jurídico a esa decisión de forma que se eviten pleitos con los descendientes del dictador, que se oponen a su exhumación. La familia argumenta que cualquier otro lugar de reposo sin custodia podría ser profanado.

La complejidad del proceso ha llevado a varios ministerios a buscar soluciones bajo la coordinación de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo. "Cuando esté claro el procedimiento veremos la fecha", explica su departamento, que insiste en que se están analizando todas las fórmulas jurídicas posibles para la exhumación. Las premisas de su ejecución serán "el máximo respeto" y la "elegancia" en las formas, por lo que Moncloa descarta fechas barajadas por la prensa como el 18 de julio, día del golpe de estado que dio origen a la Guerra Civil.

Varios ministerios, especialmente el de Justicia, negocian con los descendientes del dictador y preparan la defensa jurídica del Gobierno en el caso de que la familia decida recurrir la decisión de exhumar los restos, a la que se oponen de momento. Según Moncloa, la Iglesia sí ha aceptado ya el traslado.

Con la oposición frontal de la familia, la consumación del traslado desembocaría con total seguridad en una batalla judicial entre el Ejecutivo y los Franco. La medida despierta no pocas dudas jurídicas, por cuanto el templo –declarado basílica menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960– es inviolable en virtud del acuerdo alcanzado entre el Estado y la Santa Sede en enero de 1979.

"No lo van a tener fácil. Al menos, no con la ley en la mano. En un Estado de Derecho, el poder está sometido al imperio de la ley y ésta es clara al exigir la autorización de la familia para llevar a cabo una exhumación salvo que concurran razones sanitarias excepcionales. Una vez que la familia de Francisco Franco se ha pronunciado de forma unánime, clara y terminante en contra de cualquier exhumación y de la utilización política de los restos mortales del Generalísimo, sólo podría cumplir el gobierno su macabro propósito violentando la ley y la voluntad de sus familiares", ha advertido la Fundación Francisco Franco.