Podemos propone indemnizar a las víctimas sexuales aunque no presenten denuncia

Hasta dos años de subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para las víctimas de agresión sexual aunque no hayan acudido a un juzgado a denunciar. Es lo que propone Unidos Podemos en su proposición de Ley de protección integral de la libertad sexual y contra la erradicación de las violencias sexuales. Una propuesta que aborda desde el ámbito penal, por el que se elimina el delito de abuso sexual y se integra en el de agresión sexual, hasta las medidas de reparación de las víctimas, que establecen ayudas económicas a cargo del erario público, facilidades especiales para los funcionarios víctimas de este tipo de delitos o la suspensión de las órdenes de expulsión para los extranjeros en situación irregular que sufrieran agresiones sexuales. La proposición, además, introduce medidas de responsabilidad penal para las empresas en las que se produzcan estos hechos para promover la creación de protocolos de prevención.

El texto, que introduce el acoso verbal en la calle como un delito leve, contempla ayudas económicas para la reparación de las víctimas. Unas ayudas que alcanzan hasta los 4 años de subsidios en casos excepcionales, y que se otorgarán a quienes hayan sufrido agresiones sexuales aunque no lo hayan denunciado en un juzgado. "Para recibir muchas de estas ayudas no se va a necesitar denuncia o documento jurídico", argumentaba en la presentación de la ley Alicia Ramos, diputada de En Comú Podem que ha trabajado en el texto.

Unidos Podemos no exige la denuncia en los juzgados para acceder a las ayudas, y en su artículo 28 [consulte aquí el PDF] establece que los documentos que acreditan la existencia de esta violencia pueden ir desde un acta policial que acredite "indicios razonables sobre la condición de víctima de trata de seres humanos en los casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual", hasta un informe de los servicios sanitarios, de los servicios sociales o de los servicios municipales de atención a mujeres, por ejemplo. "Si se demuestra que has sido víctima de agresión sexual, y para eso hay profesionales que no necesariamente tienen que ser jueces que testifiquen, puedes tener acceso a estas ayudas", señalaba la diputada.

Hasta cuatro años de subsidios

Las ayudas económicas van desde los seis meses de subsidio hasta los dos años, pudiendo todas ellas prorrogarse una vez, duplicándose la cantidad económica. En el caso de que las víctimas de agresión sexual no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI), recibirán una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Es la misma ayuda que recibirán las víctimas en formación escolar o universitaria cuya familia no supere los dos SMI. Esta cantidad, que podrá recibirse mensualmente o de una vez, podrá prorrogarse en caso de que "sigan sin superarse los umbrales económicos", alcanzando un año de subsidio por los daños sufridos.

En caso de que la víctima tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, podrán recibir una ayuda económica equivalente a 12 meses por desempleo, que también serán prorrogables una vez, alcanzando los 24 meses de ayuda. Si la víctima de agresión sexual tiene responsabilidades familiares, la ayuda será de 18 meses de subsidio o de 24, en caso de que algún familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33%. La ayuda podrá prorrogarse una vez, alcanzando un subsidio de hasta cuatro años.

Atención específica para funcionarias

En el caso de que las agresiones se sucedan en el ámbito de la Administración Pública, la proposición establece que las funcionarias tendrán derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica de centro, para evitar así el contacto con el presunto agresor. Además, en su artículo 36 la ley justifica las ausencias en el puesto de trabajo por motivo de agresión sexual, señalando que "las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia sexual sufrida por una funcionaria se considerarán justificadas".

Estarán justificadas las ausencias laborales cuando una funcionaria haya sido víctima de agresión sexual

La Administración Pública podrá considerarse responsable subsidiario de estas agresiones en caso de que se produzcan entre funcionarios, "siempre y cuando se acredite que no existen protocolos para la prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias sexuales en el seno de dicha Administración, o que los mismos han resultado materialmente ineficaces", señala el artículo 40 del texto presentado.

La estructura del Estado tiene amplia presencia en la proposición de ley, que también contempla la creación de un plan específico de empleo para las víctimas y la creación de una "cuota de reserva de los contratos programa para las mujeres víctimas de violencia sexuales" dentro de la Administración Pública. En caso de que la víctima esté expuesta a su agresor, la Administración también tendrá que "garantizar las prestaciones públicas necesarias para sufragar los costes de la propia vivienda". Si las víctimas son extranjeros en situación irregular se paralizará su situación: "No se les incoará expediente administrativo sancionador" y "en su caso, se suspenderán el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado y la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas".

Declarar sólo ante personas de su mismo sexo

En la propuesta de Unidos Podemos también hay medidas encaminadas a la protección de la denunciante durante el proceso judicial. Uno de estos cambios es que la instrucción de las causas relacionadas con la violencia sexual se hará en el juzgado de violencia correspondiente al domicilio de la víctima, para evitar situaciones como la de La Manada, donde la víctima, de Madrid, tuvo que desplazarse a Pamplona más de media docena de veces para declarar.

La propuesta prohíbe realizar preguntas sobre la vida privada o las costumbres sexuales de la víctima

Durante el proceso judicial, todas sus declaraciones "habrán de ser recibidas por profeisonalies que hayan recibido una formación especial". Todas las tomas de declaración tendrán a una víctima tendrá que hacerla una misma persona, que tendrá que ser de su mismo sexo, según recoge el artículo 54, de Especial protección de las víctimas durante el procedimiento penal. Para evitar que la víctima reviva los hechos, las declaraciones podrán ser garbadas y reproducidas en el juicio, y también podrán utilizarse las nuevas tecnologías para los juicios con el fin de evitar el contacto visual entre la víctima y el  agresor.

Una de las propuestas de Unidos Podemos es prohibir a los letrados que hagan "preguntas relativas a la vida privada o íntima de la víctima que no tenga relevancia con el hecho enjuiciado", al  considerar que en este tipo de juicios está el riesgo de una revictimización, al ponerse el acento en la conducta de la agredida en lugar de analizar el delito en cuestión.