El juez Llarena rechazará la entrega de Puigdemont por malversación

El instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tiene previsto rechazar la entrega del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, por parte de Alemania al contemplar este país cumplimentar exclusivamente la euroorden por el delito de malversación de caudales públicos.

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, el juez del procés descarta que el líder del ex Govern sea entregado a nuestro país por una mera responsabilidad patrimonial ya que eso generaría una desigualdad respecto al resto de procesados por el delito de rebelión.

Sin lugar a dudas, la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha sido un gran varapalo para la Justicia española y supone un escollo insalvable para esta causa. Ahora, Llarena tiene distintas opciones encima de la mesa.

La primera sería rechazar la entrega pero mantener activa la euroorden de forma que si Puigdemont decide salir de Alemania sea detenido al pasar la frontera. Otra posibilidad es que juez del Supremo decida retirar la euroorden: en este supuesto el ex molt honorable podría moverse por Europa con libertad de movimientos pero no podría volver a España ya que al entrar en nuestro país sería detenido y enviado a prisión.

El instructor del 'procés' está en estos momentos a la espera de leer la letra pequeña de la resolución de los jueces alemanes para dar una respuesta a la misma por escrito. El plazo legal para la entrega del ex presidente de la Generalitat es de diez días, por lo que el togado remitirá su resolución al citado país antes de que se cumpla este plazo.

Las fuentes consultadas explican que en estos momentos el juez Llarena descarta plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras la diferencia de criterios entre ambos países que forman parte del espacio común europeo. Tras conocer la primera resolución alemana descartando la rebelión Llarena se plantó presentar dicha cuestión sobre la Decisión Marco de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Sin embargo, en estos momentos el togado ha abandonado la idea de inclinarse por esta opción.