El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 27 personas por el presunto desvío de 41 millones de euros en comisiones ilícitas de un contrato con el gobierno de Angola obtenido por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto, en junio de 2008.

En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, el juez ve indicios para juzgar a 27 imputados y a tres sociedades como personas jurídicas: Defex, Comercial Cueto 92 y Global Reach.

De la Mata les atribuye los delitos de corrupción en transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo, falsedad y delito de organización y grupo criminal. Entre los procesados figuran José Ignacio Encinas, expresidente de Defex, y Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán).

Se han investigado los contratos firmados por Defex y la Policía Nacional de Angola, firmado el 12 de junio de 2008

Pero también procede contra Defex y Comercial Cueto 92 como responsables penales corporativos por su "absoluto descontrol en materia de organización y control societario económico financiero y jurídico y la inexistencia de los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos".

En este procedimiento, se han investigado los contratos firmados por Defex y la Policía Nacional de Angola, firmado el 12 de junio de 2008, de suministro de equipamientos y material policial, por 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones y el beneficio obtenido de casi 94 millones.

De la Mata afirma que los procesados destinaron a las empresas sólo una parte del beneficio y el resto a pagar comisiones a autoridades y funcionarios angoleños y al beneficio propio de varios de ellos mediante una estructura compleja de empresas pantalla.

Los otros dos contratos investigados en esta causa son las operaciones de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la vista del Papa en 2009 de casi dos millones de euros, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 que costó otros dos millones.

De la Mata cree que la finalidad de la organización era conseguir contratos en Angola mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios de este país. Y, además, enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato, cargando "brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de decenas de millones de euros".

El juez señala como pieza fundamental de esta estructura criminal a García Paesa, que se ocupó de "implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda la estructura de sociedades, identificar y gestionar eficazmente todo un grupo de blanqueadores profesionales en Luxemburgo, supervisar la gestión de las sociedades, asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos".

Pero también Oliveira Taveira Pinto -en busca y captura- cuyo papel era de enlace con las autoridades angoleñas y gestor de todos los pagos ilícitos a las autoridades y funcionarios angoleños.

De la Mata acusa a Encinas y a los directivos de Defex Manuel Iglesias y Ángel María Larumbe de aprovecharse del absoluto descontrol administrativo de la empresa para apropiarse de cantidades multimillonarias para su propio peculio, "con un incansable afán de enriquecimiento ilícito a costa de los caudales públicos". Respecto a la responsabilidad de Defex, el juez detalla que el descontrol y la falta de control era tan grande que ni siquiera los expertos forenses han ubicado el contrato de Defex con Angola.

El juez relata también la participación de Deutsche Bank, Caixabank y BNP Paribas para la comisión del delito de blanqueo, en transferencias a Luxemburgo y a Angola desde diversas cuentas y sin aplicar, por parte de estas entidades, "ningún procedimiento de prevención de capitales alguno". Esas transferencias de 41.4 millones obedecían a un reparto de comisiones ilícitas.

En paralelo a las operaciones investigadas, el juez señala que sólo en regalos de cestas de Navidad, entre 2008 y 2012, la empresa Gourmet Imperial, propiedad de una de las investigadas, habría cobrado de Defex 2,5 millones de euros. Asimismo, relata que era una práctica habitual por parte de la Comercial Cueto costear los viajes personales de distintas personalidades angoleñas, incluidos alojamientos y asistentes.