El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que retirar las acusaciones a los presos soberanistas es una cuestión judicial y que el Gobierno no puede intervenir, en alusión a la demanda del independentismo de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, inste a la Fiscalía general del Estado a retirar las acusaciones a los procesados. "No soy quién para decir que debe hacer el Gobierno con la Fiscalía. Esto está situado en el terreno judicial", ha señalado en su intervención para clausurar las jornadas de Societat Civil Catalana que se ha celebrado este domingo en Barcelona.

También ha explicado que la euroorden se debe entender como una manera de construir un espacio común, de seguridad, de justicia y de aplicación de los códigos penales, y que la sentencia del tribunal alemán pidiendo la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por malversación "tampoco dice lo que dicen (el Govern) que dice".

Ha sostenido que no deben reconocer "ninguna superioridad moral a los que defienden la independencia de Catalunya", que es necesario rebajar la tensión y empezar a encontrar soluciones a los problemas reales. "No nos tenemos que dejar comer el coco diciendo que España es un país represivo donde los derechos y las libertades no funcionan. Una cosa es la impresión que cada uno saca y otra es la realidad objetiva que se mide", ha dicho.

Así, ha resaltado que el independentismo es hegemónico porque no se le han puesto delante fuerzas que fueran capaces de evitar esta hegemonía, y que Catalunya está dividida en dos, por lo que ha defendido la pluralidad de la sociedad catalana: "Mientras no se acepte que la unidad del pueblo es un mito será difícil que nos podamos entender".

Derecho a la autodeterminación

Borrell ha asegurado que el Gobierno no va a dejar que se ejerza el derecho a la autodeterminación en Catalunya porque la Constitución no lo permite, y cree que los referéndums dividen y que "no son casi nunca la forma de encontrar la solución".

En este sentido, ha negado que países internacionales reconozcan el derecho a la autodeterminación y que el "el derecho internacional no apoya al derecho a la autodeterminación", como sostienen los partidos soberanistas.

"No se pueden apoyar en argumentos que no son ciertos. No se puede decir que el mundo internacional lo reconoce, porque no es verdad", ha aseverado.

Manifestación

Sobre la manifestación de este sábado para pedir la liberación de los políticos presos, ha reconocido que entiende perfectamente que la gente que haya votado la opción independentista manifieste su sentimiento y pida la libertad de la gente a la que votaron: "Es lógico y normal. No debería extrañarnos, al contrario, es una opinión respetable".

"Si yo hubiera apoyado a alguno de los políticos independentistas presos seguramente también estaría en la calle pidiendo su libertad, pero eso no les da más superioridad moral", ha sostenido.

Diálogo con Cataluña

Sobre la reunión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que las posiciones quedaron claras respecto al derecho a la autodeterminación y que este tema "quedó zanjado".

Ha afirmado que "una cosa son las declaraciones retóricas que seguramente se hacen de cara a la galería y otra cosa son los hechos concretos", por lo que dice que ellos tendrán que juzgar en función de los hechos.

A pesar de ello, ha celebrado que la voluntad de diálogo del Gobierno ha quedado demostrada con la actitud de Sánchez de bajar la tensión, "de reducir aquellos elementos que dificultan el diálogo para aceptar y hablar sobre cualquier tema que Torra haya puesto sobre la mesa".

"Dialogar no significa aceptar, pero sí significa cuales son los planteamientos de la otra parte. Y eso es algo que hay que valorar positivamente", ha señalado.

Además, ha insistido en que la actitud del Gobierno central es facilitar un diálogo y ha dicho que para facilitarlo hay que evitar enzarzarse en discusiones, por lo que ha resaltado la importancia de haber recuperado la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para encontrar soluciones a problemas concretos.