El presidente del gobierno ha anunciado en el Congreso que no podrá cumplir su promesa de hacer pública la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. "No podemos modificar un pasado sentenciado, pero podemos evitar nuevas amnistías fiscales", ha argumentado.

El presidente ha puesto el foco en lo que le interesaba, a sabiendas de que iba a conseguir titulares para su discurso, y ha eludido un compromiso que, contrariamente a lo que ha afirmado, sí podía cumplir.

Realmente, tras la sentencia de Tribunal Constitucional sobre la regularización del ex ministro de Hacienda el margen para volver a poner en marcha una nueva amnistía es mínimo. De todas formas, la ley que ha anunciado para evitar nuevos perdones a los defraudadores puede cambiarse con otra ley, por lo que el blindaje contra esas políticas laxas es prácticamente imposible si hay una mayoría en el Congreso que está de acuerdo en ponerlas en práctica.

Pedro Sánchez ha traicionado su compromiso cuando sabe perfectamente que podía haberlo cumplido sin infringir la ley

Pero lo importante, insisto, es que Pedro Sánchez ha traicionado su compromiso cuando sabe perfectamente que podía haberlo cumplido sin infringir la ley. Hay, en efecto, una prohibición genérica establecida por la Ley General Tributaria a hacer públicos los nombres de los contribuyentes. Pero esa prohibición puede ser sometida a excepciones, como acabamos de comprobar con la reciente publicación de la lista de los morosos ante el fisco (en las que aparecían desde Miguel Bosé a Mario Conde).

En total, a la amnistía de Montoro se apuntaron unos 29.000 contribuyentes (entre ellos Luis Bárcenas). No se trata de que Hacienda haga públicos todos esos nombres, sino sólo los de los conocidos como PEP (personas expuestas públicamente). Estamos hablando, por tanto, de un número que no supera los 400 contribuyentes.

Los PEP tiene, de hecho, un tratamiento especial en algunos países considerados como paraísos fiscales. Por ejemplo, Suiza. La Fiscalía helvética tiene orden expresa de comunicar a la Fiscalía del país de origen del contribuyente PEP, generalmente políticos, si aparece en una de las cuentas de sus bancos. Gracias a ese mecanismo de información pudimos conocer, por ejemplo, la pista de la trama organizada por Francisco Granados.

O bien en la lista está el rey emérito, como sostiene, Corinna; o bien hay en ella algún destacado socialista. O ambas cosas

Como sostiene Ignacio Ruiz-Jarabo (director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001), "el gobierno podría dictar una norma que hiciera posible el conocimiento de esos nombres sin vulnerar la ley, ya que no estamos hablando de imponer sanciones o multas con carácter retroactivo". Entonces, ¿por qué Sánchez no lo hace?

Sólo hay dos razones que pueden explicar por qué el presidente ha incumplido su promesa. Primera, que, como afirma Corinna en las cintas que se han hecho públicas la semana pasada, el rey emérito sea uno de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Segunda, que en esa lista de 400 PEP haya algún socialista de campanillas. O las dos razones al mismo tiempo.

Para los desmemoriados, hay que recortar el cara a cara mantenido en marzo de 2015 en el Congreso entre el ex director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez y el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Pedro Saura.  Saura se empeñó en que el gobierno de Rajoy no quería hacer pública la lista de amnistiados porque en ella seguramente habría muchos conocidos militantes del PP. Menéndez le miró fijamente y le espetó: "Habrá de todo, señoría, de todo". Saura no tuvo más remedio que asentir con la cabeza y no volvió a insistir en ese asunto.