Álvarez Conde tenía en caja 570.000 € tras recibir ayudas de la Comunidad de Madrid

El Instituto de Derecho Público (IDP), el organismo dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartió el máster bajo sospecha en el que se matriculó Cristina Cifuentes y dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde desde su puesta en marcha, acumuló más de medio millón de euros en caja después de haber contado con financiación tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Madrid. Éstas ya las investiga la juez que instruye la causa por falsificación de documento público, prevaricación y cohecho.

Creado por acuerdo de la comisión gestora de la URJC el 12 de diciembre de 2001, el IDP terminó convirtiéndose con el paso de los años en un oasis en medio del desierto. Mientras las universidades públicas españolas acumulaban pérdidas como consecuencia de un sistema de financiación insuficiente y clamaban más recursos para poder funcionar, el centro madrileño registraba superávit y se atrevía incluso a invertir parte de ese remanente en productos financieros de alto riesgo. También tenía fondo para costear gastos personales de su director, como compras en una pescadería el día de Nochebuena y el abono de comidas los fines de semana.

Según ha podido conocer El Independiente, el IDP presentaba un saldo de más de 570.000 euros cuando el rector Javier Ramos anunció a mediados del pasado mes de abril la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión de Álvarez Conde como director de este organismo, que funcionó desde su creación con plena autonomía de hecho -tenía su propio CIF- pero sin cobertura jurídica. El máximo responsable de la URJC ha puesto al frente del mismo de forma transitoria al profesor Pablo Acosta y ha ordenado una auditoría a todos los centros.

Desglosados, el Instituto de Derecho Público contabilizaba en cuentas corrientes un total de 330.000 euros, cantidad a la que se sumaban otros 180.000 euros en una cuenta remunerada. Los activos se completaban con otros 61.192 euros colocados en fondos de inversión, algunos con una volatilidad superior al 10 %.

El director del organismo de la URJC que impartió el máster de Cifuentes invirtió 61.200 euros en fondos de inversión, algunos  de alto riesgo

En concreto, Álvarez Conde buscó maximizar los recursos invirtiendo parte del superávit del IDP en fondos gestionados por Banco Mediolanum, en cuya oficina de la madrileña calle Velázquez abrió una cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros. De esa cantidad, 61.192 euros se destinaron a la adquisición de 5.983 participaciones en cuatro fondos de inversión, mayoritariamente de renta variable.

Se trata de los productos 'BB European Coupon Strategy Collection' (23.794,95 euros), 'BB Morgan Stanley Global Selection' (2.503,43) y 'BB New Opportunities Collection' (855,01), lo que sumaba 27.153,39 euros. Los 34.039 euros restantes se invirtieron concretamente en el fondo de renta fija 'Mediolanum Renta S-A'.

A finales del pasado mes de mayo, la URJC informó de que había presentado una denuncia por presunto delito de malversación de caudales públicos contra Enrique Álvarez Conde por pagar éste gastos sin relación alguna con sus funciones académicas con la tarjeta del Instituto de Derecho Público. Entre las presuntas irregularidades puestas en conocimiento del juzgado se detallaba también la inversión en productos financieros de alto riesgo, una decisión -sostenía el actual equipo de gobierno- "contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público".

El procedimiento ha recaído en el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid, que semanas atrás se dirigió a la instructora del caso máster -la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel- para que le precisara el objeto concreto de la investigación que lleva a cabo y a quién estaba investigando como paso previo a una eventual inhibición. Este diario no ha podido confirmar si ya se ha adoptado alguna decisión al respecto.

El Instituto de Derecho Público se financió con ayudas de al menos dos administraciones: la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid

Álvarez Conde es el principal imputado por las irregularidades en el curso de posgrado en el que se matriculó Cifuentes ('Derecho Público del Estado Autonómico'), citada a declarar por la juez Rodríguez-Medel el próximo lunes como posible autora de delitos de falsificación de documento público y cohecho. La investigación trata de determinar si a la entonces delegada del Gobierno en Madrid le aprobaron dos asignaturas que figuraban inicialmente en su expediente académico como 'No presentada' -La Financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales y el Trabajo Fin de Máster (TFM)- y si en el proceso de convalidación de otras materias se respetó la normativa.

La excelente salud económica del Instituto de Derecho Público se debe al menos en una parte a las ayudas recibidas de dos administraciones: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. La investigación judicial permitirá conocer cuánto importaron las ayudas y si otras entidades públicas apoyaron la actividad docente de este centro.

Documento que acredita que la Comunidad de Madrid financió el máster de la URJC ahora bajo sospecha.

De acuerdo con la documentación que obra en poder de este diario, el Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) -dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior- firmó un convenio con el IDP al menos en el curso 2010/2011 por el que se reservaba una cuota de plazas para empleados al servicio de la Comunidad de Madrid (personal funcionario y estatutario de carrera o personal laboral fijo) en el máster 'Derecho Público del Estado Autonómico' que tuviera titulación universitaria superior. En virtud de dicho acuerdo, la Administración abonaba 1.500 de los 1.800 euros a que ascendía la matrícula, corriendo el alumno con el coste del 16,67 % restante.

9.000 euros por dos alumnos

En una providencia fechada el pasado 30 de mayo, la juez Rodríguez-Medel reclamaba a la Universidad Rey Juan Carlos copia de todos los convenios que el IDP hubiera podido rubricar con administraciones públicas para financiar el máster bajo sospecha en el curso 2008/2009, edición en la que se matriculó el diputado del PP Pablo Casado (aspirante ahora a suceder a Mariano Rajoy como presidente del partido).

La juez reclamaba esta documentación tras recibir cinco días antes un escrito del Ayuntamiento de Madrid en el que le adjuntaba una copia del acuerdo firmado entre el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid -dependiente de la entonces Delegación de Hacienda y Administración Pública- y el organismo dirigido por Enrique Álvarez Conde por el que el Consistorio colaboraba en la financiación del máster en el curso 2008/2009 aportando la cantidad de 9.000 euros (sin IVA) a cambio de que se le reservaran hasta seis plazas para sus empleados. La factura, bajo la numeración F/27/2009, está fechada el 16 de junio de 2009 y se abonó mediante transferencia a una cuenta del IDP en Bankia.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid

El convenio se había firmado el 10 de marzo de 2009 -durante la etapa del popular Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde- y lleva las rúbricas de Juan Bravo, entonces concejal de Hacienda y Administración Pública, y Álvarez Conde en su condición de director del IDP. El catedrático de Derecho Constitucional fue nombrado para ese puesto el 28 de marzo de 2006, durante la etapa de Pedro González-Trevijano como rector de la URJC.

En el informe sobre el seguimiento de aquella edición, que consta en las actuaciones que dirige la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Enrique Álvarez Conde precisa que fueron 20 los alumnos -entre ellos Pablo Casado- que cursaron el máster aquel año y que tan sólo dos pertenecían al Ayuntamiento de Madrid. De esta forma, el Consistorio pagó el triple por cada matrícula de lo que abonó la Comunidad de Madrid dos años después.