18 de julio: sin novedad en el Valle de los Caídos

La decisión de exhumar los restos de Franco es "firme" y se materializará en "muy breve espacio de tiempo". Fue quizá el anuncio más relevante que Pedro Sánchez lanzó este martes desde la tribuna del Congreso de los Diputados -desde donde explicó el programa de gobierno que intentará ejecutar en lo que queda de legislatura- junto a la confirmación de que no publicará la lista de personas acogidas a la última amnistía fiscal, en contra de la promesa realizada cuando lideraba la oposición y se lo reclamaba en vano a Mariano Rajoy.

El jefe del Ejecutivo pronunció esas palabras sin que se hubiera producido ningún avance que allane el camino a su decisión de trasladar al dictador desde el sepulcro en el que reposa a los pies del altar de la basílica del Valle de los Caídos desde el 23 de noviembre de 1975. Ni los nietos de Franco ni el prior de la orden religiosa al que el rey Juan Carlos I encargó la custodia de los restos han cambiado de posición en las últimas semanas. El Gobierno no tiene la aprobación de la familia para ejecutar la exhumación.

"No ha habido ninguna novedad, seguimos en el mismo punto. Es mentira que la familia haya llegado a un acuerdo con el Gobierno", asegura a este diario el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro. "Se están lanzando bulos a ver qué reacciones hay", interpreta otra fuente que pide anonimato.

Es 18 de julio y el parte informativo indica que no hay novedad en el Valle de los Caídos. Probablemente tampoco la habrá en las próximas semanas, dada la complejidad jurídica que entraña la ejecución de la medida icónica anunciada por el Gobierno ante el rechazo frontal de los descendientes del dictador a que se busque otra sepultura para enterrar los restos de su familiar. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha admitido ya -en declaraciones a la Ser- que el traslado no se hará antes de "final de verano". El paso estaría pendiente del informe jurídico con el que el Ejecutivo quiere apuntalar su decisión para evitar una batalla judicial en el futuro.

Esa dificultad ya la pusieron de manifiesto los tres integrantes de la comisión de expertos a la que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en el Valle de los Caídos que firmaron un voto particular: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios. Éstos ya advertían de que cualquier intervención en el interior de la basílica pontificia es "difícil" por la condición de lugar sagrado del recinto y la "inviolabilidad" del templo derivada del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979.

Se están lanzando bulos a ver qué reacciones hay", interpretan desde el entorno de la familia

El convenio firmado entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos el 29 de mayo de 1958 atribuía a esta congregación religiosa el mantenimiento del culto en la iglesia, adiestrar una escolanía y dirigir el Centro de Estudios Sociales, entre otras obligaciones. Es esta orden la que tiene la custodia de los restos de Franco, al encontrarse dentro de la basílica. El resto del complejo lo gestiona Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

"Quien entregó a la comunidad benedictina la custodia del cuerpo de Franco fue el Rey y, por lo tanto, es una cuestión que depende de la familia y de la autoridad estatal competente. Nosotros lo que tendríamos que impedir es una extracción ilegal del cuerpo. Eso no lo podríamos permitir, ni de él ni de nadie. Si la familia pide sacarlo y el Rey determina que sí [atribución que ya no correspondería a la jefatura del Estado], nosotros no nos podemos oponer", declaró a este diario el pasado mes de marzo el abad de la basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Sin el beneplácito de los nietos, su oposición está garantizada.

Y el religioso ya sabe que los descendientes del dictador se han opuesto en redondo al traslado, como consta en el acta notarial que días atrás le hicieron llegar. La autoridad eclesiástica española no tiene capacidad para influir sobre la congregación religiosa, que depende jerárquicamente de la casa madre -radicada en Solesmes (Francia)- y en última instancia de la Santa Sede.

¿Riesgo de profanación?

"No podríamos garantizar que no profanasen la tumba en otro sitio", ha argumentado Francis Franco Martínez-Bordiú, el nieto mayor del dictador. Como declaró a El Independiente, éste asegura que su madre -fallecida en diciembre de 2017- "nunca dio el consentimiento ni estaba dispuesta" a que trasladaran los restos de su padre a otra sepultura e insiste en la idea de que, en contra de lo que algunos sostienen, su abuelo nunca ordenó que fuera enterrado en Cuelgamuros.

La fundación que defiende la obra de Franco insiste en que no es posible el traslado de los restos ante la negativa de la familia y la inviolabilidad de la basílica en virtud del acuerdo firmado entre el Estado y la Santa Sede en 1979. Y advierten: "No lo van a tener fácil. Al menos, no con la ley en la mano. En un Estado de Derecho, el poder está sometido al imperio de la ley y ésta es clara al exigir la autorización de la familia para llevar a cabo una exhumación salvo que concurran razones sanitarias excepcionales. Una vez que la familia de Francisco Franco se ha pronunciado de forma unánime, clara y terminante en contra de cualquier exhumación y de la utilización política de los restos mortales del Generalísimo, sólo podría cumplir el gobierno su macabro propósito violentando la ley y la voluntad de sus familiares".