La Fiscalía Anticorrupción recurrirá el auto por el que el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha archivado las actuaciones contra el jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Policía Nacional, Carlos Salamanca, por recibir presuntamente regalos y dádivas como contraprestación por facilitar la entrada ilegal de ciudadanos guineanos en España valiéndose de su puesto. Se trata de una pieza separada de la operación Tándem, causa en la que está imputado el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace más de ocho meses por cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Según ha podido conocer El Independiente de fuentes fiscales, el Ministerio Público está en contra de la decisión notificada este miércoles por el instructor y considera que existen indicios suficientes para mantener en el procedimiento en calidad de investigado a Salamanca -responsable del puesto fronterizo del aeropuerto Madrid-Barajas entre 2006 y 2015- mientras avanza la instrucción. El mando policial fue detenido el pasado 3 de noviembre y se mantuvo en la cárcel hasta el pasado 6 de marzo en el marco de esta causa que afecta a las denominadas 'cloacas del Estado'.
El recurso de Anticorrupción evidencia las diferencias que mantienen los fiscales asignados al caso y el juez De Egea en esta investigación, como ya se puso de manifiesto el pasado viernes cuando el magistrado resolvió las medidas cautelares sobre el comisario principal Enrique García Castaño. Éste había sido detenido dos días antes por su presunta participación en la trama liderada por Villarejo y fue puesto en libertad en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía prisión incondicional para él.
Junto a Carlos Salamanca, el juez también ha sobreseído provisionalmente las actuaciones contra la esposa e hijo de este comisario, investigados también en esta pieza del caso. El magistrado no ve indicios de la comisión de ninguno de los tres delitos que se le imputaba al mando policial.
En relación con la organización criminal, De Egea no aprecia la concurrencia de ninguno de los elementos que justifican este delito, como la existencia de unos objetivos comunes y una estructura jerárquica, el reparto de papeles o cohesión entre los miembros de la presunta trama.
Tampoco ve delitos contra los guineanos a los que supuestamente facilitó la entrada en España, porque "no consta la identidad de ninguno de esos ciudadanos extranjeros que pudieran haber puesto de manifiesto tales hechos, no existiendo tampoco prueba documental sobre la expedición de visados en frontera a aquellos sin el cumplimiento de los protocolos reglamentarios".
Igualmente, el instructor tampoco considera que Carlos Salamanca haya cometido un delito de cohecho por los regalos y dádivas que supuestamente percibió de empresarios vinculados con la petrolera guineana Gepetrol, como sostenía la Fiscalía Anticorrupción en su querella. En su opinión, esta imputación "sólo tiene una leve cimentación", no existiendo elementos racionales de imputación suficientes como para considerar que lo fueran por su función policial o para que este comisario realizara un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo.
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