Guerra abierta en Nicaragua

Nicaragua vive su peor crisis en 40 años. La mayor ola de represión del gobierno contra la población civil, que después de tres meses de enfrentamientos deja un saldo mayor a los 350 muertos, coincide con el aniversario de la caída del dictador Anastasio Somoza en 1979 a manos de las fuerzas sandinistas comandadas por el actual presidente, Daniel Ortega.

¿Por qué estalló el conflicto?

Las tensiones se originaron después de que el gobierno de Ortega anunciara una reforma del Seguro Social inviable, que afectaba al sistema de pensiones y aumentaba las contribuciones de empresas y trabajadores. Eso encendió las alarmas de los estudiantes que salieron a las calles y ocuparon la principal universidad del país, la UNAN. Las manifestaciones y la inestabilidad se extendieron tras la violenta reacción de las fuerzas oficialistas.

Ortega retiró la polémica reforma y ofreció un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal, que después de varias sesiones se ha estancado porque el presidente se niega a abandonar el cargo para dar paso a unas elecciones anticipadas. Además, Ortega ha acusado a algunos obispos de formar parte de un intento de golpe de Estado en su contra, ya que éstos se han mostrado críticos contra la violencia desmedida de la administración y han manifestado su apoyo a los huelguistas.

¿Quién contra quién?

Así, de un lado están los estudiantes, trabajadores, empresarios y campesinos, quienes conforman la resistencia que busca un cambio de gobierno y exige convocar en marzo de 2019 las elecciones presidenciales previstas para 2021. Del otro lado, están las fuerzas de seguridad, las bandas motorizadas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el gobierno), conocidas como turbas y seguidores de Ortega que llevan a cabo acciones represivas contra los opositores.

Balance de muertos

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) ha contabilizado más de 350 muertos, 260 desaparecidos y 2.000 heridos desde el pasado 18 de abril cuando iniciaron las protestas. Personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está siendo testigo de “ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de expresión de las personas”, según informan desde el terreno.

Puntos claves

La ciudad de Masaya es el epicentro de la resistencia contra el presidente Daniel Ortega, bastión legendario del sandinismo contra la dictadura somocista. Fue el lugar donde los nicaragüenses se alzaron contra el dictador Somoza a finales de 1970. Ahora mismo está tomada por Ortega desde el pasado martes 17 de julio cuando decenas de camiones con más de 1.500 personas armadas, entre Ejército, Policía y paramilitares sitiaron el perímetro de la ciudad. El objetivo era arrasar con los rebeldes de la ciudad heroica, a 35 kilómetros de Managua, uno de los lugares que hasta ahora se había mostrado impasible ante las fuerzas leales al presidente.

Ley contra el ‘terrorismo’

El pasado lunes 16 de julio, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, aprobó una ley sobre el blanqueo de dinero y terrorismo, con una amplia descripción sobre delitos de terrorismo que según denunció la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría utilizarse para criminalizar a  personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta. De ser así, esta ley sería un mecanismo para legalizar la persecución de quienes decidan manifestarse en contra del gobierno.

La encargada de introducir el acto central del FSLN del 19 de julio en conmemoración del 39º aniversario del fin de la guerra civil, Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, lo hizo bajo las consignas "Queremos patria libre, patria libre, patria libre... patria en paz patria tranquila". Murillo sostiene que Nicaragua tiene 92 días de "terrorismo golpista" en referencia a las protestas en contra del gobierno de Ortega y pidió un minuto de silencio por las personas que han muerto durante la crisis en Nicaragua.

Pronunciamientos internacionales

Varios organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 13 países de América Latina han exigido el "cese inmediato a los actos de violencia" en Nicaragua y el "desmantelamiento de los grupos militares" y han condenado "los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional, y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la sede de Cáritas y otros manifestantes pacíficos".

Desde Naciones Unidas se valora que el telón de fondo de todas estas violaciones es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso. Lo cierto es que a 39 años del derrocamiento de la dictadura somocista, en lo único que coinciden orteguistas y opositores es en que la revolución debe continuar.