Tres meses después de que se iniciara la investigación judicial, Cristina Cifuentes tiene este lunes una cita ante la magistrada que investiga las presuntas irregularidades en torno al título de máster obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Se trata de la segunda citación, después de que el pasado 26 de junio plantara a la juez alegando unas migrañas que le impedían salir de su domicilio.
¿Qué delitos le imputa la instructora? ¿Cuáles son las irregularidades que se investigan y que acabaron con la carrera política de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid? El Independiente desgrana las claves de la comparecencia de Cifuentes ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.
- ¿Qué delitos imputa la juez a Cristina Cifuentes? La juez Rodríguez-Medel llamó a Cifuentes al procedimiento en calidad de investigada como posible autora de los delitos de falsificación de documento público y cohecho, derivados de la obtención del título del máster en 'Derecho Público del Estado Autonómico' -impartido por el Instituto de Derecho Público de la URJC y en el que se matriculó en el curso 2011-12- sin haber superado todas las materias. La imputación se produjo tres días después de que Cifuentes renunciara a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, con lo que perdía el aforamiento que hasta entonces mantenía ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y permitía que la juez de instancia pudiera investigarla.
- ¿Qué irregularidades se investigan? El expediente académico detalla que Cristina Cifuentes obtuvo cinco sobresalientes, cuatro notables y cuatro aprobados en este curso de posgrado, el segundo que incorporó a su currículo tras el de 'Administración Pública y Dirección de Empresas' por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. ¿Cursó todas las asignaturas? Cuatro meses después de que estallara el escándalo sigue sin aparecer el Trabajo Fin de Máster (TFM) y el acta original que acredite que la entonces delegada del Gobierno en Madrid defendió su ensayo. Ella alegó las diversas mudanzas que había llevado a cabo en los últimos seis años para justificar por qué no aparecía el trabajo. Tampoco éste consta en la URJC, como ha reconocido el actual equipo rectoral. Sólo existe un acta fabricada horas después de que estallara el caso y en el que una de las supuestas integrantes del tribunal, la profesora Cecilia Rosado, falsificó las firmas de las otras dos docentes ante las que teóricamente Cifuentes defendió su trabajo: Alicia López de los Mozos y Clara Souto. El TFM es una de las dos asignaturas en las que Cifuentes figuraba inicialmente como 'No presentada' y que pasó a 'Notable' (7.5) por un supuesto error de transcripción a la hora de incorporar las calificaciones a la plataforma informática. La otra es La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales, impartida por el catedrático Pablo Chico de la Cámara. Ésta fue una de las tres asignaturas convalidadas a la alumna Cristina Cifuentes -junto a Estructura institucional de las comunidades autónomas y los entes locales y Las políticas públicas autonómicas y locales en ordenación urbanística y medio ambiente, ambas impartidas por la profesora también imputada Susana Galera- por la comisión de garantía de calidad el 24 de mayo de 2012. Las actas de esa reunión incluyen la firma falsificada de varios profesores, entre ellas la de la catedrática de la Universidad de Salamanca (Ángela Figueruelo) cuya denuncia ha dado pie a la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid.
- ¿Le ha dado 'coartada' el catedrático Álvarez Conde? El director del Instituto de Derecho Público de la URJC, suspendido provisionalmente de sus funciones tras estallar el caso, intentó frenar el escándalo ordenando a su discípula que reconstruyera el acta que teóricamente acreditaba que Cifuentes defendió presencialmente el TFM el 2 de julio de 2012. Ya se ha demostrado que ese documento es falso. Álvarez Conde también ha reconocido que fue él el profesor que tutorizó el ensayo a la entonces delegada del Gobierno en Madrid, si bien ha precisado que nunca llegó a revisar el borrador final. Según declaró en una entrevista a Onda Cero, sólo se vio una vez con Cifuentes. El encuentro tuvo lugar en la Delegación del Gobierno en Madrid "en enero o febrero" de 2012 y durante aquella reunión pactaron el tema sobre el que iba a versar el TFM (El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana). El veterano catedrático de Derecho Constitucional aseguró que fue corrigiendo los textos que ella le iba enviando no a través del correo electrónico sino -según precisó a El Confidencial– a través de "un asesor o un chófer". El día que supuestamente la ex dirigente del PP defendía el trabajo, Álvarez Conde participaba en un curso de verano en Aranjuez (Madrid) organizado por la Fundación Rey Juan Carlos.
- ¿Recibió trato de favor la ex dirigente del PP de Madrid? Sí, como ella misma ha reconocido. Desde la tribuna de la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes reconoció que no fue a clase por las obligaciones que en aquellas fechas tenía como delegada del Gobierno en Madrid, lo que le impedía disponer de tiempo para asistir a las sesiones teóricas. "Muchas veces [los estudios] se adaptan a las posibilidades de horario de los alumnos que trabajan", mantuvo la ex jefa del Ejecutivo madrileño el pasado 4 de abril. Y añadió: "[Los profesores] se adaptaron a mis propias circunstancias". Y ello pese a que en algunas de las guías docentes de las asignaturas se fijaba en un 80 % el requisito mínimo de asistencia a clase, condición que sólo podía soslayarse si al alumno se le concedía 'dispensa académica'. Esa laxitud en el caso de Cifuentes contrasta con las instrucciones que profesores del máster daban por escrito a los alumnos. "Os recuerdo que las clases de este máster son obligatorias y que por razones justificadas se puede faltar, pero no puede ser un hábito constante. Asimismo, os repito que si faltáis debéis poneros en contacto rápidamente con los profesores", escribía Cecilia Rosado en un correo electrónico al alumnado de la promoción anterior a la de la ex dirigente del PP.
- ¿Qué estrategia judicial ha seguido Cifuentes? La ex presidenta madrileña intentó sin éxito suspender su primera declaración ante la instructora -señalada para el pasado 26 de junio y que no se llevó a cabo por razones médicas- planteándole que elevara la causa al Tribunal Supremo al dar por segura la imputación de Pablo Casado, que goza de aforamiento por su condición de diputado en Cortes y que también cursó el máster bajo sospecha varios años antes. En un auto, la magistrada razonó que el hecho de que ella hubiera solicitado al Congreso que certificara si Casado es parlamentario no es equiparable con el hecho de remitir una exposición razonada al Supremo exponiendo indicios de criminalidad contra el dirigente popular, por lo que no procedía la inhibición en favor del Alto Tribunal.
- ¿Qué responsabilidad ha asumido Cristina Cifuentes? A falta de que termine la instrucción judicial y se depuren las eventuales responsabilidades políticas, el caso Máster ha acabado con la prometedora carrera política de la sucesora de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid. Las presuntas irregularidades en la obtención del título de posgrado, unido a la difusión del vídeo del hurto en un supermercado, le obligaron a renunciar a la Presidencia del Gobierno regional y a su acta de diputada. También dimitió como líder de los populares madrileños, lo que ha obligado a nombrar una gestora que dirigirá las riendas del partido hasta que se celebre el congreso del que salga el nuevo comité ejecutivo. Junto con Alberto Núñez Feijóo, Cifuentes era uno de los grandes valores del PP. Apartada de la vida pública, la ex presidenta ha apoyado públicamente a Pablo Casado en la carrera sucesoria frente a Soraya Sáenz de Santamaría.
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