El Ministerio del Interior ha dejado en suspenso el reconocimiento como víctima, -en su condición de amenazada-, de María José, la joven de Alsasua que junto a otra mujer y dos agentes de la Guardia Civil sufrió una agresión la noche del 15 de octubre de 2016 en la localidad navarra. Tras verse forzada a abandonar su pueblo a consecuencia de la presión social, las amenazas y el clima de acoso padecido en los últimos dos años, la joven había solicitado ser reconocida como víctima. Confiaba en poder acceder a las ayudas que concede el Ejecutivo a quienes, bien han sido víctimas directas de un atentado terrorista, o bien han padecido amenazas o agresiones vinculadas con el entorno terrorista. Considera que son las que ella ha vivido y detalló durante el juicio y que aún hoy no han cesado.

La instrucción del expediente sobre el caso de María José estaba concluida. Para su elaboración se habían aportado diversos informes, incluidos los elaborados por la Guardia Civil en los que se detallaba no sólo la agresión que padeció la pareja de un agente de la Guardia Civil sino las amenazas posteriores que sufrió en su localidad y que obligó a poner escolta a su familia.

El caso parecía que se iba a resolver favorablemente; sin embargo, hace varias semanas, antes del cambio de Gobierno, la tesorería de Interior que debía autorizar el pago de las ayudas previstas a las personas amenazadas decidió echar atrás el expediente y dejarlo en suspenso.

La tesorería suspendió el expediente aduciendo que la sentencia del 'caso Alsasua' no es firme, requerimiento no exigido en otros muchos casos

Formalmente la razón esgrimida es que la sentencia del llamado ‘caso Alsasua’ no es por el momento firme, tras haber sido recurrida por las defensas de los ocho condenados y la Fiscalía. Un requisito al que no obliga la ley para poder reconocer como amenazado a una víctima. Además, la suspensión se basa en que la sentención no dio la consideración de delito terrorista a la agresión padecida por la joven y sus otros tres acompañantes.

"Terrorismo de baja intensidad"

Fue precisamente la Fiscalía la que con mayor vehemencia defendió la consideración de delito terrorista para la agresión padecida por María José. El ministerio fiscal lo calificó de “terrorismo de baja intensidad”. Finalmente la Audiencia Nacional condenó a los ocho acusados pero por delitos de atentado contra la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, con penas que oscilaron entre los 2 y los 13 años de cárcel. Siete de los ochos condenados están hoy en prisión y sobre los tres con mayores penas se les ha denegado su puesta en libertad, prorrogando su prisión provisional al menos hasta los seis años de cárcel, la mitad de la condena.

El reglamento de la Ley de Reconocimiento y protección Integral da las Víctimas del Terrorismo establece en su artículo 3 que podrán ser destinatarios de las ayudas quienes sin necesidad de que media una sentencia puedan acreditar los hechos de modo suficiente. Apunta que bastará con diligencias judiciales o con quede demostrada la entidad de los daños sufridos o “la naturaleza de los hechos”.

María José se trasladó a estudiar a Vitoria, donde fue reconocida y coaccionada. Lo mismo le sucedió las pasadas fiestas de San Fermín

María José había solicitado las ayudas para poder rehacer su vida. Además de las consecuencias de carácter psicológico que le dejó la agresión, y de las que dos años después aún recibe tratamiento, la joven y su familia atraviesan una delicada situación económica al verse forzados a abandonar Alsasua. Sus padres han puesto a la venta la vivienda y perderán el trabajo del hogar del jubilado que regentaban para intentar iniciar una nueva vida fuera del municipio que les acogió hace dos décadas.

Su hija intentó retomar sus estudios trasladándose a Vitoria, donde pese a esforzarse por pasar desapercibida y ocultar su condición de ‘agredida en Alsasua’ fue reconocida en varias ocasiones al desvelarse su identidad. Esta circunstancia le llevó a vivir situaciones de tensión en varias ocasiones. Incluso durante las pasadas fiestas de San Fermín la joven, de 21 años, fue reconocida y volvió a vivir momentos tensos al encontrarse en las calles de Pamplona con vecinos de Alsasua, algunos de los cuales se encararon con el grupo en el que se encontraba.

Acreditar la amenaza

La tensión en la que ha vivido desde hace casi dos años le ha forzado a tomar la decisión de abandonar sus estudios, dejar Navarra y buscar una nueva vida en otra comunidad española. El paso lo ha podido dar  gracias al apoyo brindado por un empresario que le ha ofrecido un empleo.

Una circunstancia de acoso y amenaza personal que recoge el reglamento de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas. Así, contempla que acreditada la “condición de amenazada” se tendrá derecho a recibir ayudas que faciliten el traslado de localidad, el abandono de la vivienda, el gasto de escolarización y otros que guarden relación con dicha situación”.

La ley prevé ayudas de vivienda, traslado o escolarización para quienes acrediten ser personas amenazadas

La sentencia por la que se condenó a penas de hasta 12 años a tres de los acusados y condenas de 9 años a los otros cuatro –y a dos años a la octava condenada, la única que no está en prisión- no acreditó el carácter terrorista de los hechos. En cambio sí describió el clima de hostigamiento y presión social que se vivía en Alsasua contra la Guardia Civil y que los hechos que se produjeron la noche de la agresión se produjeron en un contexto de “odio” y bajo una “motivación ideológica”.

El expediente que afecta a María José se encuentra actualmente en suspenso a falta de su resolución definitiva. Se da la circunstancia de que muchas víctimas tienen reconocida su condición sin que medie ninguna sentencia judicial, bien al no haberse juzgado el caso o ni siquiera haberse investigado.

'Ospa eguna' en Alsasua

La propia joven destalló durante el juicio cómo después de sufrir la agresión, por ser pareja de un agente de la Guardia Civil, su vida se complicó de modo grave en el municipio. Las amenazas se sucedieron no sólo contra ella sino también contra su familia. Las pintadas y pancartas frente a su casa, -“¡Traidores!”, “¡Marchaos de aquí!” o “¡El pueblo no perdona!”- se sucedieron, al igual que los ataques e insultos, incluso a través de las redes sociales, además de la presión social, en especial a medida que se acercaba el juicio celebrado el pasado mes de abril.

El 1 de septiembre el movimiento Ospa ha convocado una jornada para denunciar la presencia de la Guardia Civil en Alsasua

Aseguró que en su pueblo le “aislaron” y no recibió apoyo social “ninguno”. Afirmó que se sintió “sola, humillada” y que llegó a contemplar como “única salida” para “acabar con esto quitarme de en medio”. La joven ha sido diagnosticada de un cuadro ansioso depresivo y estrés postraumático. Tanto ella como sus padres han escrito el epílogo de su vida en Alsasua protegidos por cinco escoltas y con el cártel de “Se vende” colgando, en contra de su voluntad, en el balcón de casa.

El próximo 1 de septiembre el movimiento ‘Ospa’ de Alsasua ha convocado el ‘Ospa eguna’, una jornada para denunciar la presencia de la Guardia Civil en la localidad. En esta ocasión se espera que el seguimiento sea importante tras las condenas contra los ochos jóvenes que participaron en la paliza de los dos agentes y sus parejas, entre ellas, María José. Encarcelamientos que han sido denunciados de modo continuados por las distintas plataformas de apoyo a la familia, así como desde distintos organismos institucionales navarros, la izquierda abertzale y otros movimientos.