Los catalanes tienen que votar un acuerdo político pero no un referéndum, sostiene la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que está liderando las negociaciones con el Govern.

Meritxell Batet considera que la solución al conflicto político en Cataluña pasa por lograr un acuerdo político "con un consenso amplio" que represente "a un 80 o a un 100 %" de la sociedad catalana, y "este acuerdo es el que debería someterse a votación".

En una entrevista que hoy publica el diario La Vanguardia, la ministra subraya que "nuestro marco constitucional no permite la celebración de un referéndum de autodeterminación", una "limitación legal evidente y clara", subraya.

A la pregunta de si la influencia de Carles Puigdemont en el PDeCAT dificulta la interlocución en el Congreso, ha asegurado que la asamblea de esa formación "deja ver una tendencia, seguramente universal, a optar por las opciones menos centradas, menos moderadas y más radicales", informa Efe.

En esta línea, preguntada por si la estrategia de Puigdemont interfiere en la relación entre ambos gobiernos, la ministra asegura que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Govern, Quim Torra, fue "importante", y que ahora se debe continuar "profundizando en esta normalidad institucional" con la Comisión Bilateral del próximo 1 de agosto.

"Espero que la Generalitat responda a la defensa de los intereses de toda la ciudadanía y no abandone sus responsabilidades", ha asegurado la ministra.

Batet ha asegurado que de la Comisión Bilateral del próximo miércoles "pueden salir elementos positivos, como dar continuidad a los trabajos en las comisiones mixtas previstas en el mismo Estatut y crear grupos de trabajo para tirar adelante acuerdos que pueden fructificar los próximos meses", y confía en que futuras comisiones bilaterales "sirvan para cerrar acuerdos".

En cuanto a los políticos soberanistas encarcelados, ha comentado que "hay que distinguir muy claramente las competencias de los poderes ejecutivos que representamos", y apunta que "no tiene sentido que abordemos constantemente cuestiones que no están dentro de la esfera de nuestras competencias y sobre las cuales no podemos avanzar en nada".

Ha defendido la independencia del poder judicial español y de la Fiscalía, a la que el Gobierno "no puede dar órdenes sobre casos concretos".