No hay marcha atrás en la exhumación de Francisco Franco. El Ejecutivo está listo para actuar y se plantea hacerlo de forma inminente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado prioridad a esta medida, una de las primeras anunciadas y especialmente simbólica para los socialistas, dispuestos a dar continuidad a la Ley de Memoria Histórica emprendida por José Luis Rodríguez Zapatero en el último gobierno del PSOE. En Moncloa lo tienen todo listo para reubicar los restos del dictador, hasta el punto de que ya se manejan tres vías.
El líder del Ejecutivo anunció el pasado 27 de junio la exhumación, que en un principio estaba prevista para antes de agosto. Las dificultades jurídicas impidieron ajustarse a este plazo inicial, a falta de un informe sobre las fórmulas para concretar la moción aprobada en mayo en el Congreso de los Diputados que instaba al anterior gobierno del PP a ampliar la Ley de Memoria Histórica y a exhumar los restos del dictador. Éste fue enterrado el 23 de noviembre de 1975 en un sepulcro de honor habilitado a los pies del altar de la basílica del Valle de los Caídos. El pasado diciembre, el PSOE ya registró una proposición para reformar la Ley de Memoria Histórica, ampliarla y obligar a su cumplimiento tras dos legislaturas sin ejecución por falta de presupuesto.
La exhumación es inminente y se hará con total discreción: sin cámaras ni periodistas
Si hace unas semanas aún faltaban algunos flecos, ahora el Ejecutivo ya tiene atados todos los cabos y los detalles jurídicos no son ya un problema. La medida se pondrá en marcha de aquí a unas semanas, aseguran fuentes solventes, y se llevará a cabo con total discreción. Sin cámaras, periodistas ni imágenes del momento. El Ejecutivo quiere revestir de normalidad el asunto, y también busca evitar que trascienda la fecha concreta de la exhumación. Los españoles sabrán del traslado del dictador, señalan estas mismas fuentes, cuando la operación haya concluido.
El Gobierno asume que contará con la negativa de la familia Franco, que ha mostrado su oposición frontal a mover los restos del dictador, pero tampoco esto será un problema. Los Franco lamentaban hace unas semanas que el Gobierno no había contactado con ellos para abordar el asunto, y amenazaban con acciones jurídicas en caso de que se hiciera efectiva la exhumación, mientras la Fundación Francisco Franco se sumaba a estas amenazas. Recurrirían al delito de profanación para enfrentarse legalmente al Gobierno.
Estas amenazas no han surtido efecto en el equipo de Pedro Sánchez que, consciente de que no tendrá el favor de la familia Franco, tampoco tiene intención de pedirle permiso en ningún caso. La medida será unilateral y no cabe negociación alguna sobre este punto. Aunque no está claro que la familia del dictador tenga potestad para decidir sobre un lugar público como es el Valle de los Caídos, en Moncloa ya dan por descontadas las denuncias de la familia y de la Fundación Franco tras la exhumación. Para evitar que estas acciones judiciales se dirijan al presidente de Gobierno, no será Pedro Sánchez quien firme la medida, que podría salir adelante mediante dos vías: que sea el Consejo de Ministros quien apruebe el Real Decreto; o que un ministerio socialista emita una orden ministerial, aunque aún no está determinado qué cartera se encargaría del asunto.
El Gobierno está convencido de que cuenta con el apoyo de una mayoría social, tal como ratifican distintas encuestas publicadas
Fuentes solventes subrayan la importancia de la medida para el nuevo ejecutivo y se remiten al sentir general de los españoles. Están plenamente convencidos de que, más allá de la polémica, existe una mayoría social a favor de la exhumación del dictador, y se muestran tranquilos en este sentido, avalándose en distintas encuestas. Sólo en las últimas semanas los sondeos publicados, el de Sigma Dos para El Mundo, el de SocioMétrica para El Español o el de Atresmedia, coincidían en el favor social a la medida, aunque la horquilla varía entre el 41% y el 56%.
El carácter simbólico de romper cualquier lazo con la dictadura es prioritario para el PSOE. El Gobierno quiere acabar con las peregrinaciones para homenajear a Francisco Franco y evitar que este punto se convierta en un lugar de culto franquista. Pero existe aquí un matiz. Junto al anuncio de la exhumación, Sánchez mostró su intención de convertir el Valle de los Caídos en un "memorial sobre la lucha contra el fascismo", una especie de centro de interpretación de la dictadura española que sirviera para explicar ese episodio histórico con todos sus elementos. Está opción ha sido ya prácticamente descartada.
El Valle de los Caídos, inaugurado en 1959 y donde yacen los restos de 40.000 víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil, está gestionado por la Abadía Benedictina de la Santa Cruz según el convenio firmado con el entonces Jefe del Estado en 1958. Más tarde el complejo pasó a ser competencia de Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, a excepción de la basílica que acoge la tumba de Franco.
El carácter religioso del lugar complica su reconversión, a la que también tendría que dar su visto bueno la orden Benedictina. A esto se suma la esfera política, donde su debilidad parlamentaria le obligaría a contar con el PP para sacar adelante un proyecto de este calado. En este sentido, todo apunta a que el mausoleo no se va a transformar. Permanecerá igual en su forma y se mantendrá el monumento que lo preside, una cruz de piedra de 150 metros. Eso sí, la basílica de Cuelgamuros no albergará los restos del dictador. El Gobierno maneja tres alternativas para su exhumación.
La vía 'Queipo de Llano'. La primera opción que se contempla es la misma que se planea aplicar en la basílica de La Macarena en Sevilla, donde reposa en un lugar honorífico el cuerpo de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (1875-1951), el general que dirigió en 1936 el alzamiento militar en Sevilla y que ejecutó una durísima represión tanto en la capital hispalense como en Málaga, caracterizado por sus cruentos episodios. En 2016 el Ayuntamiento aprobó una moción que rechazaba la presencia del militar franquista en un lugar tan destacado de la basílica y después de dos años de gestiones la Hermandad de la Macarena aprobó este miércoles la construcción de un columbario en el que alojar a los hermanos fallecidos de la cofradía, de la que Queipo de Llano formaba parte. El próximo paso será el traslado de sus restos a este lugar privado, retirándolo del lugar de honor que ostentaba.
La familia Franco podría reclamar los restos del dictador independientemente de la vía elegida por el Gobierno
Ésta sería una de las vías para la exhumación del dictador. Consiste en retirar el cuerpo de la tumba que ahora mismo se encuentra en el altar del panteón y habilitar un lugar discreto dentro de la basílica en el que reubicarlo. El sitio no estaría abierto al público para evitar que pueda ser escenario de homenajes franquistas. Esta opción mantendría el convenio firmado con la orden Benedictina, por el que la congregación se hace cargo de la custodia del cuerpo, aunque tendrían que contar con el visto bueno del prior de la basílica, Santiago Cantera, que en sus últimas declaraciones se ha mostrado poco proclive a la colaboración. El traslado, en cualquiera de los casos, se produciría en caso de que los Franco no reclamaran el cuerpo en el proceso para darle sepultura junto al resto de sus familiares.
La vía judicial. Esta opción es quizá la más engorrosa, en cuanto a que podría prolongarse en el tiempo y difícilmente permitiría culminar la operación con la rapidez y discreción que el Ejecutivo desea. La segunda fórmula para la exhumación de Francisco Franco consiste en hacer el levantamiento de cadáver y ponerlo a disposición judicial. En este caso, sería un juez quien tendría que determinar el siguiente paso y de él dependería su nueva ubicación. Es probable que los restos fueran trasladados a una morgue durante el periodo deliberación, y el nuevo paradero decidido por el juez entraría a formar parte de un proceso judicial en el que cabrían recursos y apelaciones. Un proceso generalmente largo que impediría cerrar el asunto en los plazos deseados.
La vía ordinaria. La tercera vía que contempla el Gobierno implicaría igualar al dictador con el resto de vecinos madrileños. Esta opción consiste en exhumar sus restos y trasladarlos directamente a los cementerios municipales más cercanos, el de El Escorial o Guadarrama. El Ejecutivo gestionaría previamente el traslado con los municipios, que tendrían que dar el visto bueno.
El traslado a un cementerio común igualaría al dictador con el resto de vecinos madrileños
Guadarrama está gobernado por Carmen Mª Pérez del Molino, una histórica dirigente popular que dejó el PP en 2011 y cuya larga trayectoria en el partido no parece augurar una especial devoción por el traslado de Franco. En el caso de San Lorenzo del Escorial, la alcaldesa es Blanca Juárez, del partido Vecinos por San Lorenzo, que arrebató la alcaldía al PP mediante una moción de censura en 2015 con el apoyo de PSOE, Cs, PSL (Pueblo San Lorenzo), En Común y Sí se Puede; unos apoyos que convierten a El Escorial como el lugar más propenso a la exhumación.
Este traslado a una zona común estaría cargado de simbolismo: con él, el Gobierno marcaría un antes y un después en cuanto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, aunque el hecho de dejarle en un cementerio común podría avivar la polémica, además de que mantendría el riesgo de que se siguieran produciendo este tipo de homenajes.
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