La declaración de tres compañeras de curso puede condicionar el futuro judicial de Casado

La investigación en torno al máster cursado por Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) registrará este jueves un hito procesal relevante con las comparecencias en calidad de investigadas de tres compañeras de promoción del hoy presidente del PP a las que se les convalidaron asignaturas como al dirigente político. Será horas después de que la juez le tome declaración como imputado a Fernando Suárez Bilbao, presidente de la Comisión de Estudios de Posgrados antes de ocupar el Rectorado de esta universidad madrileña  (2013-2017).

Se trata de María Dolores Cancio Álvarez, Alida Consuelo Mas Taberner y María Mateo Feito, tres de las alumnas que se matricularon en el máster en 'Derecho Público del Estado Autonómico' de la URJC en el curso 2008-2009 y que habrían obtenido el título de la de forma similar que el sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP. "Si salen de las declaraciones manteniendo la condición de investigadas cabría presuponer que Casado también podría estarlo", indican fuentes jurídicas.

El Juzgado de Instrucción 51 de Madrid no tiene competencia para investigar a Pablo Casado, que goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo por su condición de diputado en Cortes. Sólo ese órgano jurisdiccional podría imputarlo y eventualmente enjuiciarlo, con la incógnita -si llegara el caso- de que si el alto tribunal asumiría toda la causa por considerarla inescindible o por el contrario instruye solo la parte del procedimiento que afecta a la persona que goza de fuero.

La juez toma declaración como investigadas este jueves a tres alumnas de la promoción del máster que cursó el hoy presidente del PP

De momento, la juez Carmen Rodríguez-Medel está tratando de conocer si los alumnos que se matricularon en el máster en el curso 2008-2009 -años antes de que lo hiciera Cristina Cifuentes, imputada en la causa tras renunciar a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid semanas después de que estallara el escándalo- lo obtuvieron cumpliendo la normativa vigente. La instructora ya pidió a la Presidencia del Congreso de los Diputados que certificara si Casado tiene acta.

Las fuentes consultadas aseguran que Rodríguez-Medel no elevaría la exposición razonada al Supremo hasta no apreciar "indicios cualificados" de que el líder del PP pudo cometer un delito, a fin de evitar que la Sala Segunda del alto tribunal le devuelva el escrito por considerar que no están suficientemente motivadas las sospechas recabadas durante la instrucción. En ese propósito de reunir pruebas que le permitan discernir si Pablo Casado pudo cometer una actuación delictiva se enmarcan las declaraciones de tres compañeras de promoción, de Fernando Suárez Bilbao y del director del organismo universitario que impartió el máster (Enrique Álvarez Conde).

La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quiere saber si Cancio Álvarez, Mas Taberner y Mateo Feito, "directa o indirectamente a través de familiares", ocupaban "cargo público" o tenían alguna "especial vinculación con partidos políticos o con la propia Universidad Rey Juan Carlos de Madrid" el año en que se matricularon en el citado máster. También quiere conocer si Pablo Casado y otra alumna a la que ha citado como testigo este jueves (Susana V.G.) se encontraban también en esa situación, por lo que le ha pedido a la Guardia Civil que le informe sobre estos extremos antes del próximo 6 de agosto.

Como informó El Independiente, de las tres compañeras de Pablo Casado imputadas, dos han ocupado cargos de libre designación en gobiernos del Partido Popular. Así, Alida Mas Taberner ejerció como directora general de Relaciones con las Cortes y Secretaria del Gobierno valenciano, así como Subsecretaria de la Consellería de Bienestar Social y subsecretaria de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, es especialista en Derecho Público y Máster en Dirección y Gerencia Pública por la Universidad Politécnica de Valencia.

Por su parte, María Mateo Feito fue subdirectora general adjunta de ordenamiento jurídico-económico de la Dirección General de Política Económica -dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad- antes de ejercer como asesora en la Secretaría de Estado de Empleo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Esta investigada es hija de Maite Feito, ex asesora de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid y a la que la profesora Cecilia Rosado acusó de presionarla el día que estalló el escándalo.

La magistrada podrá tomarles declaración a estas tres imputadas después de que la URJC le haya hecho entrega de diversa documentación sobre los trabajos realizados por aquéllas que había en una caja hallada sorpresivamente en la sede del organismo universitario que impartió el máster -el Instituto de Derecho Público (IDP)- tras informar inicialmente a la instructora de que no había rastro documental. Ello es lo que ha motivado que Rodríguez-Medel haya citado como testigo este viernes a primera hora de la mañana a Pablo Acosta, el profesor al que el rector ha puesto al frente temporalmente del Instituto de Derecho Público tras la suspensión cautelar del catedrático Enrique Álvarez Conde.

El ex rector Fernando Suárez y el catedrático Álvarez Conde comparecen también por las irregularidades en el máster de Casado y de un ex alto cargo de Economía

Entre las 10 personas citadas a declarar este jueves en el marco de la pieza separada en la que se investiga el máster de Casado se encuentra también Fernando Suárez, al que la juez ha llamado al procedimiento en calidad de imputado por su condición de antiguo presidente de la Comisión de Estudios de Posgrados. Se trata del órgano al que las subcomisiones de Convalidación de los másteres enviaban las propuestas para su validación.

Constituida el 3 de marzo de 2005, la Comisión de Estudios de Posgrado estaba inicialmente constituida por el secretario general (Andrés Gambra), el gerente general (José Javier Fernández) y los vicerrectores de Ordenación Académica y Profesorado (Fernando Suárez), Títulos Propios y Posgrado (Pilar Laguna) y para el Desarrollo de la Ingeniería de Telecomunicaciones (Javier Ramos, actual rector).

Ramos formó parte de esta comisión  tan sólo nueve meses, concretamente hasta que en diciembre de 2005 año fue nombrado director de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación de la URJC. El catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones ocupó esa responsabilidad hasta que accedió al Rectorado, en marzo de 2017, en sustitución precisamente de Suárez Bilbao.

También tendrá que comparecer este jueves en el marco de la instrucción de la pieza del máster de Casado el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público desde su creación y principal imputado en la causa que investiga la juez Rodríguez-Medel. Como a Fernando Suárez, la magistrada le imputa la comisión de delitos de falsificación documental, prevaricación y cohecho impropio.

Igualmente, Álvarez Conde y Fernando Suárez están citados también este jueves para responder ante la juez por las presuntas irregularidades en el proceso de convalidaciones de las asignaturas a Miguel Temboury, al que le aprobaron 13 asignaturas después de haber renunciado al citado máster en el curso 2010-2011. Temboury, que comparecerá como testigo, fue posteriormente subsecretario de Estado de Economía y Competitividad en la etapa de Luis de Guindos como ministro.

Álvarez Conde, segunda vez ante la juez

Álvarez Conde ya compareció como imputado ante la instructora el pasado 25 de junio, si bien en aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar. El catedrático de Derecho Constitucional se limitó a leer un escrito en el que justificaba por qué guardaba silencio: por estar pendiente de que se practiquen diversas diligencias de investigación cuyo resultado él desconoce, por estar sustanciándose una "causa general contraria a la exigencia del proceso penal" que le ha llevado a recurrir resoluciones de la juez ante una instancia superior, por buscarse la "continuidad delictiva" y porque el procedimiento terminará asumiéndolo -en su opinión- la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la previsible imputación de Pablo Casado, diputado en Cortes y aforado ante el alto tribunal.