El comisario 'Lenin' contra el jefe de la UCO: las claves de la destitución de Corbí

Los fondos reservados a disposición de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están bajo el control del comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en algún sector de la Policía con el sobrenombre de ‘Lenin’ y muy próximo al PSOE. Se trata del mando policial al que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha colocado como jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad semanas después de su nombramiento como titular de Interior.

La gestión fondos reservados se encuentra en el trasfondo de la destitución fulminante del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), responsabilidad que ha desempeñado desde que en noviembre de 2015 sustituyó a Pedro Ángel Ortega Calahorro tras asumir éste el Mando de Policía Judicial después de ascender a general de brigada.

La indisponibilidad de recursos para continuar con investigaciones en marcha llevó a Sánchez Corbí el mes pasado a enviar una orden interna a los responsables de los distintos departamentos en la que les comunicaba que quedaba "temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa y sus unidades subordinadas que requieran obligatoriamente realizar gastos de la partida ‘Fondos de Gastos Reservados", después de que la caja se hubiera agotado el pasado 24 de julio.

Fuentes policiales consultadas por este periódico indicaron que el control de los fondos reservados ha pasado a formar parte de las atribuciones que ha asumido el comisario de Policía José Antonio Rodríguez, al que el ministro ha puesto en un puesto clave en la estructura de Interior: la dirección del Gabinete de Coordinación y Estudios. Lenin ha relevado al coronel de la Guardia Civil Juan Hernández Mosquera, que sustituyó a Diego Pérez de los Cobos tras el nombramiento de éste como jefe de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) y al que Grande-Marlaska ofreció sin éxito la jefatura del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) tras cesar al comisario principal José Luis Olivera.

La destitución fulminante del jefe de la UCO acrecienta el malestar en el seno de la Guardia Civil con la nueva cúpula del Ministerio del Interior

Se trata de una responsabilidad que tradicionalmente ocupaba un oficial de la Guardia Civil, Cuerpo que ha mostrado abiertamente su malestar por ser relegados del puesto en favor de la Policía Nacional. En opinión de varias asociaciones profesionales, la colocación de un "comisario político" sólo responde a afinidades ideológicas y está alejada de "criterios profesionales u operativos".

Los más críticos con los nombramientos en Interior ha sido los miembros de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), a la que pertenece Sánchez Corbí y que ha llegado a pedir por carta al ministro que prime los criterios técnicos de profesionalidad en la cobertura de puestos de asesoramiento en su departamento para evitar la "tentación de politizar" las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Podemos aventurar, por nuestra experiencia profesional, que el hecho de que el Gabinete de Coordinación esté dirigido por un ‘comisario político’ no será bueno para nadie, tampoco para los propios altos cargos del Ministerio, pues más allá de la afinidad política se requiere una capacitación técnica adecuada para ocupar tan importante cargo", han advertido.

Con nivel orgánico de subdirección general, el Gabinete de Coordinación y Estudios es el órgano de apoyo y asesoramiento mediante el que el titular de la Secretaría de Estado -la socialista Ana Botella tras la llegada de Grande-Marlaska a Interior- ejerce la función de coordinación y supervisión de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de colaboración con las Policías Autonómicas y Policías Locales. Sin duda, se trata de un puesto clave para engrasar la coordinación con los Mossos d'Esquadra ante el nuevo escenario político que se ha abierto en Cataluña tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.

Interior justifica la salida de Sánchez Corbí por "poner en peligro operaciones policiales y judiciales en marcha"

Después de deshacer la estructura operativa diseñada por el popular Juan Ignacio Zoido, recuperando la figura del Director Adjunto Operativo (DAO) en cada Cuerpo que implantó el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, Grande-Marlaska sigue retocando puestos clave en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Alegando "pérdida de confianza", el titular de Interior ha comunicado en la mañana de este jueves a Sánchez Corbí su destitución como máximo responsable de la UCO, encargada de la lucha contra la corrupción y una de las unidades más prestigiadas dentro de la Guardia Civil por el éxito de sus investigaciones.

"Lo hizo sin haber recibido instrucción alguna de sus mandos ni de ninguna autoridad judicial. Esa decisión unilateral puso en peligro operaciones policiales y judiciales en marcha", justifican desde Interior. Y añaden: "Este nuevo equipo estaba analizando el destino de los fondos pero eso no supuso cese de ninguna actividad de investigación policial. De hecho se autorizaron partidas para cuestiones que así se requirieron".

Instantes después de conocer su destitución, Sánchez Corbí mandó un mensaje de despedida a sus colaboradores: "Me acaban de comunicar el cese como jefe de la UCO. No es una noticia agradable para mí pero tampoco una tragedia. Sí me duele dejar una unidad excepcional con unos colaboradores excepcionales, y un ambiente de trabajo y compañerismo inmejorables. Ha sido un honor compartir destino. La vida sigue, para todos. Nos seguiremos viendo".

El jefe de la UCO se despide de sus colaboradores: "Ha sido un honor compartir destino. La vida sigue, para todos"

Durante la etapa de Zoido como titular de Interior se avivaron las especulaciones en torno a la posibilidad de que el coronel dejara la UCO, cuya destitución se produce finalmente bajo gobierno socialista. De hecho, el anterior equipo de Interior barajó la posibilidad de confiarle la investigación de casos de ETA sin resolver dado su conocimiento de la banda asesina por su labor en grupos de Información, como ha dejado plasmado en su voluminoso trabajo Historia de un desafío. Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA -del que es coautor junto a Manuela Simón- y de Sangre, sudor y paz, firmado con el escritor Lorenzo Silva y el periodista Gonzalo Araluce.

Desconfianza del PP

El punto de arranque del desencuentro con los anteriores rectores del Miniterio del Interior fue el atestado elaborado por los agentes de esta unidad que auxilian al juez que instruye el caso Lezo en el que se mencionaba el nombre de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad con Zoido y actual número cinco en el comité ejecutivo del PP. El oficio policial detallaba la reunión que el ex número dos del Ministerio del Interior mantuvo en su despacho oficial el 8 de marzo de 2017 con Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y también detenido en aquella operación. Nieto defendió que en aquel encuentro no se habló de esta investigación porque ni su interlocutor se lo preguntó ni él estaba al tanto de que se estaba llevando a cabo, pero las explicaciones no fueron óbice para que fuera reprobado en el Congreso de los Diputados.

El contenido de aquel atestado trascendió públicamente en abril del pasado año y, a finales de julio, se conoció que la Guardia Civil había puesto en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica correos y facturas que apuntarían a una supuesta financiación irregular del PP cordobés bajo la presidencia de Nieto. En concreto, los investigadores sospechaban que una filial de la constructora Prasa -concretamente Hitos Urbanos SA- pagó gastos de los populares cordobeses en las elecciones andaluzas de 2008 correspondientes a estudios sociológicos realizados por la agencia El Laboratorio de Almagro 36 SL. La formación conservadora enmarcó esas informaciones en una “campaña de desprestigio” contra Nieto.

La petición de imputación de Cristina Cifuentes por la posible comisión de delitos continuados de cohecho y prevaricación por su intervención en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al grupo del empresario Arturo Fernández en 2009 fue también cuestionada públicamente por destacados dirigentes del PP e incluso por el anterior fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. La hoy jefa del Ejecutivo madrileño ejerció como presidenta de la mesa de contratación por su cargo de vicepresidenta de la Cámara autonómica y formó parte del comité de expertos que valoró las ofertas presentadas.

La Guardia Civil relaciona el presunto trato de favor a Fernández -imputado en el caso Púnica- con donaciones realizadas al PP de Madrid a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam). En concreto, como reconoció en sede judicial, el empresario madrileño donó 160.000 euros a esta formación política, 100.000 euros desde la patronal que él presidió (CEIM) y el resto a través del Grupo Cantoblanco. Era “para quedar bien con el establishment“, justificó ante el juez Eloy Velasco cuando le tomó declaración el 8 de marzo de 2017.

Críticas a investigaciones

La propia Cifuentes criticó el relato "sin fundamento jurídico" del informe de la Guardia Civil y que se le hubiera dado "pábulo", al tiempo que llamó la atención por la "indefensión" que le había causado la "filtración" de dicho atestado en vísperas de que el grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid presentara una moción de censura contra ella que finalmente no prosperó.

A ese coro se sumó también la voz de Juan Ignacio Zoido durante su etapa como máximo responsable político de la Guardia Civil por su anterior condición de ministro del Interior. "Sale el nombre de la señora Cifuentes, sinceramente creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar, sea del partido que sea. Esas cosas no deben pasar, sobre todo cuando estamos hablando de una persona que ha combatido la corrupción cuando ha pasado por la puerta de su casa", manifestó el magistrado en excedencia en declaraciones a esRadio.