El Gobierno identifica a los dos primeros etarras que trasladará entre los 109 sin delitos de sangre

El Gobierno está a punto de cerrar el plan. Ha evaluado desgaste, riesgos y amenazas antes de dar el paso y está cerca de hacer efectivo el mandato del presidente Pedro Sánchez de dar por terminada la política de dispersión que iniciara otro Ejecutivo socialista hace casi tres décadas, en 1989. El acercamiento de presos de ETA tiene incluso identificados a los dos primeros reclusos de la banda susceptibles de ser acercados a cárceles cercanas a Euskadi, según ha trasladado el Gobierno a alguna de las asociaciones de víctimas con las que se ha comprometido a mantener una información fluida y permanente antes de dar pasos para dar por concluida la política de alejamiento aplicada a la banda terrorista.

El Ejecutivo también ha trasladado su intención de comenzar a acercar presos de la banda este mismo verano, probablemente en agosto. El traslado no se haría necesariamente a prisiones del País Vasco pero sí a cárceles no muy alejadas de esta comunidad. Entre las opciones figuran centros penitenciarios como el de Zuera (Zaragoza) o la cárcel de Villabona (Asturias), para en una segunda fase trasladarlos a Zaballa (Álava).

Los dos presos identificados como los más idóneos para comenzar esta nueva etapa, y que incluso el anterior Gobierno del PP había determinado como idóneos para iniciar un cambio de la política penitenciaria, son reclusos que no tienen delitos de sangre. Esta condición la reúne casi la mitad de la población de etarras que cumple actualmente condena en los centros penitenciarios españoles.

237 terroristas de ETA cumplen actualmente penas en las cárceles españolas, el 45 % (109) sin delitos de sangre

Según los datos facilitados por el Gobierno a través del Portal de la Transparencia, de los 237 presos de ETA en centros penitenciarios españoles, un 45% (109 presos) no tiene delitos de sangre y está condenado por colaboración con banda armada. La mayor parte de los reclusos en prisión -en seis de cada diez casos- están ingresados en cárceles situadas a entre 600 y 1.000 kilómetros de distancia de Euskadi. En la provincia de Cádiz se encuentran algunos de los terroristas con mayor condena: 22 etarras están ingresados en las cárceles Puerto III y la de El Puerto de Santa María y sólo ocho de ellos carecen de delitos de sangre. Otra de las prisiones con mayor presencia de presos de la banda es Murcia, con 17 reclusos.

El traslado de 'Santi Potros' se barajó como opción. El plan también contempla acercar a un etarra con enfermedad mental severa

Entre los primeros pasos que el Gobierno de Sánchez contempló para modificar la dispersión de presos de ETA estuvo la posibilidad de trasladar a un recluso histórico de ETA, Santiago Arrozpide Sarasola Santi Potros. Una opción descartada ante su inminente salida de prisión, y que finalmente se produjo ayer, por cumplimiento de su condena. El etarra abandonó la cárcel de Topas (Salamanca) tras casi 31 años en prisión.

‘Santi Potros’ cumplía uno de los requisitos que inicialmente fijó el Ejecutivo para comenzar con el acercamiento de los presos, la edad avanzada. El etarra tiene 70 años, sólo superada por otros dos presos de la banda. Junto a este requisito se analizó la posibilidad de acercar a presos gravemente enfermos y a aquellos que han cumplido ya gran parte de su condena. Además de los dos etarras identificados, y que podrían ser los primeros en acercarse, el Gobierno estudia también la posibilidad de incluir en esa primera remesa a un preso de ETA gravemente enfermo. Este recluso, que podría ser ingresado en un centro del País Vasco, padece severas patologías psiquiátricas.

Por el momento, el catálogo de requisitos que se va a establecer sigue sin estar claro. El Gobierno de Sánchez conoce ya que cualquier movimiento en materia penitenciaria relacionada con ETA contará con la férrea oposición del PP. El nuevo líder de los populares, Pablo Casado, dejó claro a la salida de la reunión de tres horas que mantuvo el pasado jueves con el presidente del Ejecutivo que se opondrá al acercamiento de etarras. El PP está dispuesto a hacer de esta cuestión una de sus armas políticas de desgaste del débil Gobierno del PSOE. El propio Javier Maroto reafirmó la posición del partido el sábado al asegurar que apoyarán a las víctimas si deciden movilizarse en contra del acercamiento de etarras.

Una posición que Sánchez no tardó en cuestionar reclamando coherencia al PP. La formación de Casado llegó a acercar en tiempos de José María Aznar al frente del Gobierno a casi 200 presos de ETA a cárceles del País Vasco, algunos de ellos con delitos de sangre. Lo hizo con la banda activa entre los años 1996 y 1999. En un intento por acelerar el final de la violencia aquel primer gobierno del PP llegó incluso a facilitar el regreso de los huidos y accedió a promover mejoras en el grado penitenciario de los presos.

La 'hoja de ruta' en la que trabaja el Gobierno se ha concebido a modo de una segunda 'Vía Nanclares', equiparable a la que Zapatero puso en marcha

Al mismo tiempo, la presión le llegará desde algunas asociaciones de víctimas que denuncian que las condiciones de la medida se han ido modulando y alterando en las últimas semanas y en el transcurso de los diversos contactos que se están manteniendo entre ellas y el Ejecutivo.

La 'hoja de ruta' en la que trabaja el Gobierno se ha concebido a modo de una segunda 'Vía Nanclares', equiparable a la que ya puso en marcha el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero para acercar a presos de ETA que mostraran arrepentimiento, se desmarcaran de la banda y reconocieran y repararan civilmente el daño causado. Una vía a la que se sumaron una treintena de etarras pero que con la llegada del PP se fue enfriando hasta quedar prácticamente paralizada.

"Pasos" a etarras e izquierda 'abertzale'

En los últimos días, el Gobierno ha introducido nuevos mensajes reclamando a los presos de ETA "pasos" claros, así como a la izquierda abertzale para "ayudar en el proceso". Insta a promover movimientos en el colectivo de reclusos para que no establezcan "líneas rojas" como el arrepentimiento o la colaboración con la Justicia. Recientemente el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha recordado al EPPK -el colectivo que agrupa a la mayor parte de los presos de ETA- que si han accedido a cumplir la legalidad penitenciaria lo deben hacer de modo integral y sin eliminar la exigencia de "autocrítica" que incluye para acceder a beneficios como el progreso de grado o incluso ser acercado a Euskadi. Una reclamación de autocrítica que también traslada a la dirección de la izquierda abertzale por sus décadas de respaldo a la violencia de ETA.

El colectivo de presos EPPK quiere participar del diseño de la 'hoja de ruta' para un acercamiento sin "humillaciones"

Recientemente el EPPK dio a conocer su posición ante un cambio de la política carcelaria. El colectivo aseguró que desea participar en el diseño de la ‘hoja de ruta’ para fijar su acercamiento a Euskadi y que no está dispuesto a que la medida incluya "fórmulas humillantes" en el reconocimiento del daño causado que se les reclama. Más aún, los presos de la banda y su entorno se niegan también a que el contexto que se quiera generar en torno a esta medida sea la de "vencedores y vencidos". También en el colectivo de familiares de presos han impulsado este verano su tradicional campaña estival en contra de la dispersión. Apelan al cumplimiento de los derechos de los reclusos, al impacto que la medida tiene sobre familiares y amigos, el riesgo de accidentes que asumen y al sinsentido de mantenerla cuando ETA ya está disuelta.

A comienzos de este año Francia anunció su intención de iniciar una nueva política carcelaria con ETA. Los algo más de 60 etarras que entonces cumplían condena en cárceles galas serían acercados de modo progresivo. En un primer momento se aseguró que se trataría de reclusos sin delitos de sangre, compromiso posteriormente incumplido. Entre los 17 presos de la banda que el Gobierno de Emmanuel Macron ha trasladado a las dos prisiones francesas más cercanas a la frontera de Irún -Mont de Marsan y Lannemezan- figuran etarras que cumplen condena por delitos de sangre. La ausencia de módulo de mujeres en ambas prisiones ha impedido que ninguna presa de la banda sea incluida en la política de acercamiento.

Francia ha acercado hasta ahora a 17 presos. El gobierno Macron ha incumplido su compromiso de vetarlo a los etarras con delitos de sangre

En España no se cuestionó abiertamente ni por el PP ni por el PSOE el plan francés de acercamiento de etarras. También allí se informó a las asociaciones de víctimas del terrorismo, recelosas de los pasos que se pudieran dar. Encuentros en los que se les notificó los requisitos que se aplicarían, algunos de ellos incumplidos posteriormente, lo que ha elevado el temor a que en el caso español pueda suceder algo similar. Oficialmente el compromiso del Ejecutivo español pasa por comunicar los avances que se puedan dar en esta materia con las víctimas, si bien las posiciones entre las propias organizaciones son dispares. Pese a todo, el Gobierno recuerda que es el competente para fijar las medidas a aplicar y no las asociaciones.

AVT: "Nos vamos a oponer"

La más crítica es la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que ya ha asegurado que se opondrá a cualquier acercamiento de presos de ETA si no va precedida de una exigencia de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los más de 350 crímenes de la banda sin resolver. El delegado de la AVT, Miguel Folguera, asegura a ‘El Independiente’ que no bastará con fijar como base del acercamiento los requisitos exigidos en la 'Vía Nanclares'. Subrayan que entre ellos no figura la de colaborar con la Justicia.

También cuestionan el modo en el que se les pueda reclamar un reconocimiento del daño causado o de arrepentimiento: “¿Cómo lo van a hacer, con un documento tipo y ya está?”, se pregunta Folguera. “En la AVT nos vamos a oponer a cualquier acercamiento de presos. Esto es una pantomima y no la vamos a aceptar. La política de dispersión ha sido válida y sigue siéndola”, señala. Esta asociación ya advirtió al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que estaba dispuesta a salir a la calle si ponía en marcha un acercamiento de presos de ETA sin que previamente colaboraran con la Justicia.

Esperan que el Gobierno de Sánchez, con quién han mantenido contactos, no se escude en el verano para evitar un mayor impacto social de una medida como ésta, "quizá veamos, como hicieron con Bolinaga, cómo les trasladan un viernes por la noche de este mes…”. Desde la que es mayor asociación de víctimas del terrorismo -más de 4.400 asociados- aseguran que están dispuestos a movilizarse para oponerse a lo que consideran que es una humillación, “si hace falta pondremos en grito en el cielo”.

Covite: "Repudio" a la banda

La posición es mucho más moderada en la Asociación de Víctimas del País Vasco (Covite) que no se opone a que se pueda iniciar un proceso de acercamiento de presos pero espera que se haga con un mínimo de exigencia a los reos. Así, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, señala que la colaboración con la Justicia no figura entre sus reclamaciones. Sí consideran necesario que a los presos de la banda se les reclame que acrediten un "repudio" claro a la historia de la banda en su conjunto y no únicamente a los crímenes que cada uno de ellos cometió. "Pedimos que rechacen todo lo que significa ETA", añade.

En Covite consideran que el cambio en la política penitenciaria debe ir acompañada de un criterio claro de requisitos que se establecerán para poder acercar a los presos de ETA, "y por ahora lo que nos estamos encontrando es una gran confusión": "Vemos que en los últimos días el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, está jugando a la confusión y por eso le vamos a exigir que nos aclare que va a pedir a los presos para ser acercados".

Por el momento, lo único claro es que la disposición del Gobierno para modificar la política de alejamiento a los presos de ETA es plena y que ésta se podría aplicar en los próximos días. Sánchez quiere poner fin a la medida que en 1989 ideó el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica Herzog, de la mano del entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, y el director general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción. Ellos lideraron el plan con el que pretendía romper el colectivo de presos de ETA y debilitar así el llamado 'frente carcelario' de la organización terrorista. 29 años después, otro Gobierno socialista aspira a certificar su final.