El Partido Popular está convencido de que su presidente, Pablo Casado, no ha cometido ninguna ilegalidad en referencia a su máster. Es más, cree que la elevación del caso al Tribunal Supremo por su condición de aforado no se debe a que la juez haya apreciado indicios de delitos, sino más bien a todo lo contrario. La magistrada intentaría evitar que una práctica irregular, consistente en prorrogar la investigación en una jurisdicción que no le corresponde por su condición de aforado, acabe tumbando el procedimiento.
"La práctica de diligencias que afectan a Casado de manera directa y exclusiva suponen una prórroga indebida de la jurisdicción, prohibida por nuestro ordenamiento, y sitúa al presidente del PP en clara indefensión, violando su derecho fundamental a la defensa al no tener acceso a la documentación ni la posibilidad de defenderse de las acusaciones, que según el propio expediente judicial serían infundadas", mantiene el PP.
Según el PP, la elevación al Supremo de la causa separada del curso 2008/09 del Master de la Universidad Rey Juan Carlos pone fin a un periodo en el que Casado no ha tenido oportunidad de defenderse, ya que no ha podido acceder a la documentación judicial mientras era investigado por ej juzgado de instrucción. "La práctica, por parte de la jueza, de diligencias que afectan a Casado de manera directa y exclusiva, suponían una prórroga indebida de la jurisdicción, prohibida por nuestro ordenamiento y que habían situado al presidente del PP en clara indefensión", aseguran fuentes del partido. "Corresponde al Tribunal Supremo evaluar si existen indicios de delito", zanja el PP.
El partido más votado en las últimas elecciones asegura que durante el proceso se ha demostrado que las convalidaciones se realizaron según la norma vigente y por los órganos establecidos por la misma. "Se ha demostrado que ninguno de los alumnos de ese curso realizó un Trabajo Fin de Máster (TFM) y se ha demostrado que fueron varios los alumnos que por sus circunstancias personales y profesionales acordaron con la dirección del Máster cursar las asignaturas pendientes a través de trabajos", alega.
En esta línea, el PP considera "difícil" apreciar los indicios de prevaricación en una persona que "ni tomó ni promovió ni facilitó una decisión administrativa arbitraria", imprescindible para la existencia del delito. "De lo misma manera es difícil apreciar cohecho impropio en una persona que en ese momento acababa de ser elegido como diputado autonómico, que no había tomado, ni tomaría después, al no tener capacidad de decisión alguna en asuntos que afectaban a la Universidad Rey Juan Carlos o al Instituto de Derecho Público", argumenta.
El partido de Casado también se refiere al informe elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) a petición d ela juez, que concluye que el dirirgente del PP no cometió ninguna irregularidad en su Máster, ya que las convalidaciones se realizaron siguiendo las normas de la Universidad y no se exigió a los alumnos la entrega de ningún tipo de TFM.
Por otro lado, Pablo Casado ha recordado este lunes que la Inspección de Servicios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido archivar el procedimiento de información reservada abierto por la ‘licenciatura exprés’ en Derecho al no haber detectado irregularidades ni que se le dispensara trato de favor.
La UCM inició una investigación interna después de que El Mundo desvelara que Casado aprobó 12 asignaturas de Derecho -casi la mitad en tan sólo cuatro meses durante el curso 2006/2007. El dirigente de PP terminó esos estudios en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (CESCC) -adscrito a la Universidad Complutense- tras haberlos iniciado en la Universidad Pontificia de Comillas.
En su informe, el instructor Juan Antonio Tejada Cazorla -vicerrector competente en la relación con los Centros Adscritos- asegura que todos los profesores a los que ha tomado declaración para el esclarecimiento de los hechos afirmaron que el estudiante “había superado su asignatura con total regularidad”, al tiempo que “negaron la existencia de presiones para que dieran un trato de favor a Pablo Casado”. Sólo un profesor admitió haber recibido “indicaciones” del entonces director del Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, sin que ello influyera en la calificación que le otorgó.
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