Como ocurrió hace poco más de un año, los independentistas quieren convertir la manifestación de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils en un escenario para exhibir su fuerza y plantear sus reivindicaciones.

La "internacionalización del conflicto" sigue siendo el eje central de la política de la Generalitat y el 17 de agosto va a tener una oportunidad de oro para reclamar ante medios de comunicación de todo el mundo la libertad de los "presos políticos", la independencia, el regreso de Carles Puigdemont y para exaltar la figura de Josep Luis Trapero, jefe de los Mossos cuando se produjeron los atentados.

Pero el objetivo sobre el que se centrarán las críticas, los abucheos y los insultos será el Rey. Aunque oficialmente la CUP, la ANC y Òmnium han dicho que no acudirán a los actos -precisamente porque acudirá Felipe VI-, algunos de su líderes, al igual que los CDR y amplios sectores del PDeCAT están difundiendo la consigna, a través de sus redes internas, de que el 17-A debe convertirse en el día del rechazo a la Monarquía.

El propio Quim Torra ha alimentado la tensión en torno a Felipe VI al declarar de forma reiterada que la Generalitat "no le ha invitado" a los actos de conmemoración de atentado.

En el gobierno, esa escalada con el monarca en el punto de mira genera mucha preocupación. Se quiere evitar por todos los medios que se produzcan incidentes que obliguen a la actuación de las fuerzas de seguridad, aunque, en primer término la responsabilidad del orden le corresponderá a los Mossos y a la Guardia Urbana de Barcelona. Pero a los sectores más radicales del independentismo les gustaría repetir lo ocurrido el 1-O. Sería la forma de demostrarle al mundo que lo que dicen los autobuses de Òmnium es cierto: "En Cataluña hay represión".

A pesar de la retirada oficial de la CUP, tanto desde el gobierno como desde los partidos y asociaciones no independentistas, se teme una violenta ofensiva contra el monarca en la manifestación de Barcelona

Si el 26 de agosto de 2017 (tan sólo nueve días después de la masacre) el independentismo no tuvo la delicadeza de respetar el duelo y utilizó la manifestación para demostrar su control de las calles y, de paso, para vituperar a Felipe VI y a los miembros del gobierno que asistieron a la misma, incluido el entonces presidente Rajoy, ahora no va a perder la ocasión para mostrar músculo y calentar el ambiente de cara a la próxima Diada.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el independentismo no es un bloque compacto. Tanto ERC como los sectores más templados del PDeCAT se oponen a hacer del 17-A un día de lucha contra España y contra el Rey. Esas desavenencias también son evidentes en las redes sociales y han sido la causa de que la CUP haya declinado asistir a la manifestación de manera oficial.

El ambiente que vive Barcelona en los días previos al aniversario de la matanza está cargado, enrarecido. Las asociaciones de comerciantes de la ciudad hicieron el pasado jueves un comunicado en el que expresaban sus temores a que se produzcan incidentes y abogaban por recobrar el espíritu de una ciudad abierta en la que "todos son bienvenidos", en referencia a Felipe VI. El orden público ha pasado a ser una preocupación generalizada. La alcaldesa, Ada Colau, acaba de ser reprobada por la mayoría del consistorio precisamente por los problemas de seguridad que vive la ciudad y que ella se niega a reconocer.

ERC no ha querido avalar la estrategia de tensión que se ha planificado desde sectores del PDeCAT,  la CUP y los CDR para convertir el 17-A en un día de repudio a Felipe VI

Los esfuerzos de Pedro Sánchez por establecer una vía de diálogo con la Generalitat que evite que se puedan reproducir los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 no parecen haber frenado las ansias de los que quieren romper con España a toda costa. Es cierto que hay un cierto clima de agotamiento, unido a una cierta frustración ante las promesas incumplidas. El exiliado Puigdemont, presidente de la Generalitat cuando se produjo el atentado, dio una entrevista al Financial Times un día antes de la marcha del 26 de agosto en la que, además de responsabilizar al gobierno por jugar con la seguridad de los catalanes, prometía el referéndum de independencia y un proceso de desconexión rápido de Cataluña con España.

Algunos independentistas se han dado cuenta de que no se puede someter a la sociedad catalana a un pulso constante con el Estado. Pero otros, los más radicales, que no sólo tienen su base en la CUP y en los CDR, sino que se residencian en la Generalitat, creen que existe el peligro de que la actual correlación de fuerzas se modifique en favor de los constitucionalistas si no se vuelve a movilizar la calle contra un Estado español opresor que tiene como jefe a un monarca rechazado por la mayoría de los catalanes.

Mientras los independentistas se dividen en torno al 17-A, la principal asociación en defensa de la unidad de España, Sociedad Civil Catalana, ha convocado a todos los ciudadanos de Cataluña para que asistan a la manifestación de forma silenciosa y sin consignas ni banderas.

Se quiera o no, de nuevo el 17-A veremos en las calles de Barcelona a una sociedad dividida, en la que, por desgracia, la máxima institución del Estado en Cataluña, la Generalitat, se ha puesto a la cabeza de los que no tienen inconveniente en incumplir las leyes con tal de lograr sus objetivos políticos.