Las promesas incumplidas de Europa en materia de inmigración

La llegada de inmigrantes a Europa en los últimos cuatro años ha puesto el tema migratorio en la agenda política de los países miembros de la Unión Europea pero ésta sigue siendo su asignatura pendiente. Sólo en 2015, año en que entraron más personas por el Mediterráneo, superó por poco el millón, en lo que va de año se alcanza la cifra de 43.000, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Los acuerdos se incumplen y miles de personas ven vulnerados sus derechos fundamentales ante un Mediterráneo que continúa siendo un testigo incómodo de sus fracasos.

Art. 14 de la DUDH reducido a cuotas

Hemos visto cómo la comunidad europea se comprometió en 2015 a acoger, en el plazo de dos años, a 160 mil personas ante la llegada de miles de refugiados a las costas de Italia y Grecia en sintonía con el “principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros”. La realidad es que sólo cuatro países de los Estados miembros –Malta (superó el 100% de su cupo), Finlandia (94%), Irlanda (76,5%) y Suecia—cumplieron con la "cuota" de refugiados, el resto no han llegado ni a la mitad --República Checa y Eslovaquia solamente un 2%-- y varios países del Este --Hungría y Polonia-- no han aceptado un solo refugiado . Un total de 30 mil personas fueron acogidas desde Italia y Grecia, lo que supone menos del 20% de lo acordado.

Los líderes europeos están incumpliendo el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en otros países" desde el mismo momento en el que ese derecho se ha reducido a "cuotas de refugiados" y en otros casos se ha incumplido totalmente con el cierre de fronteras para impedir su llegada.

Constitución española y Ley de extranjería

En el caso de España que se comprometió a acoger 19.449 refugiados solo 1.988 llegaron a España, es decir, tan sólo un 10% --entre reubicaciones (1.279) y reasentamientos (710)-- todos provenientes de Italia, Grecia y Líbano, hasta septiembre de 2017. Desde entonces, han llegado 803 personas más hasta abril de 2018, pues tal y como recuerdan desde CEAR las obligaciones no prescriben. Por ello, el Tribunal Supremo insta a España a cumplir pese a que el plazo ya ha expirado, pues considera que el Estado ha incumplido un acuerdo que era “vinculante y obligatorio”.

Más allá de los acuerdos internacionales todos los miembros de la Unión Europea poseen, en su propia legislación nacional, artículos referentes al derecho al asilo. España al negar el derecho al silo o al convertirlo en una simple cuota, no respeta el artículo 13.4 de la Constitución, así como otros cinco de la Ley de Extranjería, incluido el "derecho a solicitar asilo de aquellos extranjeros que accedan sin visado o por puestos no habilitados".

Incumple el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Un año después la Unión Europea firmó un acuerdo con Turquía por el que que toda personas que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía a cambio de 6 mil millones de euros, acuerdo que se calificó de "vergüenza" desde organismos como Amnistía Internacional que denunciaron cómo solicitantes de asilo sirios fueron devueltos a Turquía sin permitirles acceder al procedimiento de asilo ni presentar recurso contra su devolución. Además de que Turquía llevó a cabo devoluciones de solicitantes de asilo y personas refugiadas a países donde corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Quebrantando así el mandato del derecho internacional del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sus artículos 3, 13 y el protocolo 4º. Desde entonces más de 2 mil personas han sido deportadas y más de 13 mil refugiados continúan estancados en condiciones precarias en las islas del mar Egeo, según datos del Ministerio de Protección Civil griego.

No se protege el Derecho en el Mar

La Convención de la ONU sobre el Derecho en el Mar es otro de los convenios de los que la Unión Europea es firmante y por el que estipula mediante el artículo 98.2  que se debe "fomentar la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima". Sin embargo, la UE no tiene puesto en funcionamiento ningún servicio de rescate en el Mediterráneo, pues algunos líderes europeos se escudan en el 'efecto llamada' para no poner en marcha una operación de rescate como tal.  De manera que las misiones de salvamento corren a cargo de oenegés como Proactiva Open Arms o Médicos Sin Fronteras que han sido calificadas de "irresponsables" por "favorecer la inmigración irregular", por los mismos  líderes políticos que temen a la llegada masiva de inmigrantes.

Hace dos semanas en la reunión del Consejo Europeo se cerró un acuerdo de mínimos en el que incluyen la creación voluntaria de centros de control en suelo europeo para llevar a los inmigrantes rescatados en el mar donde serán separados entre refugiados e inmigrantes económicos y la creación de plataformas de desembarco en terceros países de las que poco se ha dicho y que ya genera muchas incertidumbres. También piden echar el freno a los movimientos internos que realizan los solicitantes de asilo a países como Alemania,  dicen que "ponen en riesgo la integridad del Sistema Común Europea de Asilo y Schengen". Por último, hay una mención explícita a España que establece que la UE "apoyará financieramente y de otras formas todos los esfuerzos de los Estados miembros, especialmente España, y países de origen y tránsito, en particular Marruecos, para prevenir la inmigración ilegal".

La misma asignatura para septiembre

La crisis migratoria europea ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema, pero sobretodo y lo más grave, la falta de voluntad de una Europa que se está saltando las mismas leyes que han prometido defender. Una política migratoria de muros, cuotas y devoluciones en caliente que vulnera las  obligaciones de derecho internacional de protección de refugiados y de no devolución.

Todos las organizaciones no gubernamentales coinciden en que la obsesión por frenar las llegadas a Europa no es la solución, si no la clave del problema ya que fuerza a los solicitantes de asilo a permanecer en condiciones que violan los derechos humanos. Además, denuncian el deterioro de la situación en ataques racistas por parte de movimientos de ultraderecha. Su discurso alimenta el odio y fomentan una escalada de aporofobia, racismo y xenofobia.