"El Valle de los Caídos será lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura franquista, de acuerdo con los principios de pluralismo, reconciliación, paz y democracia que consagra la Constitución. Queda expresamente prohibida su utilización como mausoleo del dictador". El artículo 29 de la proposición de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007, presentada por Pedro Sánchez en diciembre del año pasado, establece el modelo de uso y gestión del monumento que guiará la actuación del Ejecutivo socialista una vez que culmine la exhumación de los restos del dictador.
Siguiendo las recomendaciones del informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos elaborado en 2011, el PSOE propone la derogación de los decretos y disposiciones de ley que asignan su gestión a Patrimonio Nacional para que sea el Gobierno, a través de un real decreto, quien determine el nuevo marco jurídico que debe regir el recinto y sus bienes. "Se consultará a los familiares de las víctimas en la formulación y desarrollo de esta normativa", puntualiza la proposición de ley que se tramita en el Congreso.
En esa línea, y según las explicaciones ofrecidas este marte por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, la fórmula podría inspirarse en el campo de concentración de Auschwitz, gestionado por una fundación independiente con el objetivo de difundir la historia del nazismo con el objetivo de concienciar y evitar fenómenos similares.
"Patrimonio cultural para mí no es. Para mí es patrimonio lo que toda la sociedad en su conjunto asume que hay que preservar para generaciones futuras. Como monumento de exaltación al franquismo creo que no es un patrimonio cultural de todos los españoles, sino de algunos o de parte. Pero si asumimos que ya existe este lugar, como por ejemplo los campos de concentración nazis que se han mantenido para que la gente no olvide el horror, desde ese punto de vista sí entiendo que sea un lugar donde se intente dar otra versión de lo que fue el final de la Guerra Civil y la posguerra", ha explicado en entrevista con Europa Press.
De momento, el Gobierno dará los primeros pasos para cambiar definitivamente el uso del Valle de los Caídos este viernes. En su primera reunión tras las vacaciones estivales, el Consejo de Ministros aprobará un decreto para reformar la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de poder salvar posibles recursos por parte de la familia Franco que impidan acometer “cuanto antes” la exhumación del dictador. Fuentes del Ejecutivo han recordado que con esta medida se da el primer paso para el cumplimiento a la resolución aprobada por el Congreso en mayo de 2017 para retirar los restos de Franco, que no tuvo ningún voto en contra.
El objetivo declarado del PSOE es que el Valle de los Caídos deje de ser un monumento de exaltación franquista y sirva como espacio de reparación a las víctimas. "El Valle de los Caídos se reconvertirá en un centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura, a través de proyectos y programas culturales, museísticos y de investigación", establece el proyecto legislativo socialista. “Será un lugar de información, conocimiento, identificación, dignificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentran allí inhumados. Dispondrá, asimismo, de una dotación económica específica a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas, previa solicitud al efecto”, añade el documento.
En este sentido, la proposición de ley aboga por trasladar los restos de Francisco Franco Bahamonde fuera del Valle de los Caídos y los de José Antonio Primo de Rivera a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia. Además, "se convocará un acto público en sede parlamentaria para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares, como manifestación de pleno reconocimiento y reparación moral".
Ese proyecto establece que, además del Valle de los Caídos, el Gobierno debe cambiar de uso otros edificios de carácter similar. En colaboración con las demás administraciones públicas, debe confeccionar "un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas", según el proyecto impulsado por Pedro Sánchez.
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