Sánchez defiende que es urgente exhumar a Franco por "requerimientos de la ONU"

Cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007; ejecución del informe de expertos sobre el Valle de los Caídos de 2011, incluidas las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos en un informe de agosto de 2014, y la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados hace un año que insta al Gobierno a la "resignificación" del Valle de los Caídos. Estos son los argumentos que esgrimirá el Gobierno a la hora de acreditar la urgencia de la exhumación de los restos de Francisco Franco para justificar el uso del decreto ley como fórmula jurídica adecuada para dar cumplimiento al anuncio de Pedro Sánchez de que el dictador saldría de su tumba este mismo verano.

El PP y Ciudadanos han puesto en cuestión el uso de la figura excepcional del decreto ley del Gobierno para poner en marcha esta medida. El secretario general del PP, Teodoro García, incluso ha anunciado un recurso en el Tribunal Constitucional al considerar que esa herramienta del Ejecutivo está reservada para cuestiones de urgente necesidad que justifiquen esa injerencia en el poder legislativo. También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cuestionado su utilización y ha anunciado una abstención de su grupo a la hora de votar la convalidación del mismo en el Congreso de los Diputados.

El secretario del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha confirmado que apoyarán el decreto, si bien ha pedido que se piense "en todas esas familias que también están esperando algún tipo de reparación". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también ha anunciado el apoyo de su grupo porque "ya era hora" de tomar esta medida. "La podía haber hecho Zapatero en su momento, pero no se quiso. Me alegro de que ahora el Gobierno afronte el tema con valentía y lo vaya a llevar adelante. Creo que va tener mayoría en el Congreso, aunque se opusieran PP y Ciudadanos", ha augurado Esteban, vaticinando la repetición de la mayoría absoluta que dio el Gobierno a Sánchez durante la moción de censura.

El propio presidente del Gobierno reprochó con dureza a su antecesor, Mariano Rajoy, el uso del decreto ley, "una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función", explicó el entonces líder de la oposición en un foro durante la campaña electoral. "Si los ciudadanos me dan su confianza me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece y limitar el uso del decreto ley a circunstancias indicadas", anunció entonces.

Ante las dudas surgidas sobre la conveniencia del uso de la figura del decreto ley, la número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE, Adriana Lastra, ha recordado los motivos de la "urgencia" a la hora de retirar los restos del dictador del monumento. "Hace un año, el 11 de mayo de 2017, se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley a instancias del grupo socialista y uno de los puntos era que de manera urgente se sacara a Franco del Valle de los Caídos. Esto tiene varias lecturas: la primera es que así nos lo requieren organismos internacionales como la propia Naciones Unidas. La segunda: que es una anomalía democrática que en pleno siglo XXI, en este país, que es una democracia plena, que llevamos 40 años ya de Constitución, y que hace 43 años ya que murió el dictador, este país tenga un mausoleo dedicado a un dictador. Y por eso el empeño del grupo socialista y del Gobierno socialista de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Lo vamos a hacer. Se va a aprobar ese real decreto el viernes y vamos a sacar a Franco del Valle de los Caídos", ha explicado este miércoles Lastra en Almería.

Con sus palabras, Lastra hacía referencia a los argumentos de la exposición de motivos de la moción aprobada hace un año en el Congreso para "la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica", que incluía "cuestiones pendientes y de especial importancia que han sido, además, puestas de manifiesto por el relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos en un informe de agosto de 2014 en el que constata la existencia de déficits evidentes en las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".

"Ni el espíritu de reconciliación que presidió la transición a la democracia ni esta Ley han cerrado todas las heridas provocadas por la Guerra Civil y el franquismo en la sociedad española", asegura el texto aprobado por 198 votos a favor frente a 140 abstenciones (PP y ERC).

Entre las medidas aprobadas entonces, y que ahora avalarían su "urgencia" según el Gobierno socialista, se incluye "afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos entregado al Ministerio de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011".

"Con ello debemos proceder a resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertido en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación —en su caso— en un sitio no preeminente del edificio, tal como se recoge en la recomendación 31 del mencionado informe".