La Abogacía del Estado dice que no defender a Llarena podría "afectar a la política exterior de España"

El Gobierno no actuará en nombre del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante la Justicia belga, a pesar del informe de la Dirección del Servicio Jurídico de la Abogacía General del Estado, que recomienda justo lo contrario de lo que hará el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un informe al que ha tenido acceso a El Independiente. "A la vista de la solicitud formulada por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de España (...) se considera que concurren los requisitos previstos (...) para autorizar la representación y defensa" del juez Llarena "en relación con la demanda civil promovida por Maritxell Serret, Antoni Comin, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig ante el Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas". Este informe también asegura que no defender a Llarena podría "afectar a la política exterior de España".

Sin embargo, la ministra de Justicia Dolores Delgado ha dado orden directa de no ejercer la defensa de Llarena en contra del criterio de la abogada general del Estado. Es orden directa del Delgado que no se respalde jurídicamente al magistrado en Bélgica.

El informe de la dirección jurídica del Gobierno es clarividente, y rechaza la participación de la propia Abogacía. "Los Abogados del Estado carecen de capacidad para ejercer la representación y defensa ante estos Tribunales", se lee en la exposición de motivos. "Al no estar demandado directamente el Estado español, si la actuación de la Abogacía se realizara en exclusiva representación del Estado podría excepcionarse su falta de legitimación pasiva".

No sucede lo mismo en opinión de este órgano con la implicación que pudiera tener el Ejecutivo. "En atención a la relevancia especial que para España tiene el fondo de la demanda, en cuanto cuestiona la independencia y soberanía de un órgano jurisdiccional español y del magistrado al que se le atribuye la potestad jurisdiccional, a través del reexamen de sus actuaciones por un órgano jurisdiccional extranjero con previsible quebrantamiento de los principios de inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución de actos soberanos, dicha asistencia debería llevarse a cabo a través de la figura del amicus curiae".

De este modo, y de conformidad con el artículo 2 de la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, se dan "los requisitos previstos" para "autorizar" la defensa de Llarena por parte del Ejecutivo.

La demanda civil presentada en Bruselas por el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros más, cuestionaba la imparcialidad y falta de respeto ante el derecho de presunción de inocencia por parte del juez del Tribunal Supremo durante el desafío soberanista, en una instrucción que tachan de "parcial y arbitraria".

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, esgrimió un dictamen en el que concluía que Pablo Llarena "está siendo demandado por el legítimo ejercicio de su función de instructor". Dicho informe vio la luz por el interés del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en involucrar al Ministerio de Justicia en el proceso penal abierto en Bruselas.

En este sentido, Castro consideraba que la demanda civil contra el Magistrado era una "actuación" que vulnera de forma "flagrante y burda la independencia" de Llarena, y, por ende, "la esencia misma de nuestro Estado de Derecho atacándose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democrático".

Sin embargo, las recomendaciones de la Abogacía General del Estado no se han tenido en cuenta en el departamento de Dolores Delgado, ya que afirma, en una nota publicada por el Ejecutivo, que defender al magistrado del 'procés' "supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra" por las que "el Gobierno no puede actuar". En este sentido, manifiesta que el Estado solo se personará si la Justicia belga "menciona entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España" contra ellos. El Ministerio de Justicia recuerda, además, que el proceso penal "está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española" y considera, por tanto, que Bruselas no debe involucrarse en el asunto.

Solo en este supuesto, el comunicado señala que el Ejecutivo contrataría a un bufete privado de abogados que defienda la  "soberanía e inmunidad jurisdiccional" española ante la causa penal abierta en Bélgica para llegar, de ser necesario, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.