Política

Sánchez, forzado a renunciar al 'decretazo' para 'saltarse' el Senado con el déficit

Tras la presión de PP y Cs contra la medida, el Gobierno y Podemos acuerdan tramitarlo como proposición de ley

Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez. | EP

El PSOE sigue decidido a cumplir su acuerdo con Podemos para que su política económica se salte la tramitación en el Senado, cámara donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Con el objetivo de que la senda del déficit, previa a la elaboración de los Presupuestos Generales, no tenga que afrontar el 'veto' del PP en la Cámara alta, ambos partidos han acordado modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria eliminando ese requisito. Así lo anunció el miércoles el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que apuntó a la fórmula del decreto-ley para acometer ese cambio legislativo.

Tras las advertencias del PP de recurrir ese decreto-ley ante el Tribunal Constitucional y la polémica por el abuso de esa figura legal en los tres primeros meses de Gobierno socialista, el Ejecutivo cambió de opinión y a última hora del jueves anunció que no lo llevaría este viernes al Consejo de Ministros. En vez de aprobarlo por decreto, los socialistas han optado por registrar hoy mismo una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que elimine el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad que obliga a tramitar la senda del déficit también en el Senado. Sin este requisito, introducido en 2012 por la mayoría absoluta del PP, la aprobación de la senda debe producirse en las Cortes Generales, por lo que puede volver al Congreso si no logra superar la votación en el Senado, en vez de quedar tumbada y devuelta al Gobierno.

Esta colaboración parlamentaria entre PSOE y Unidos Podemos ha sido muy celebrada en el Gobierno, que destaca la configuración de un "espacio de izquierdas" compacto en el Parlamento frente a la mayoría de PP y Ciudadanos. Tras los desencuentros entre ambos partidos durante la frustrada renovación de la cúpula de RTVE, Podemos quedó desaparecido de la escena pública por la baja de Pablo Iglesias e Irene Montero tras el nacimiento prematuro de sus hijos gemelos.

La negociación presupuestaria ha devuelto el protagonismo a Unidos Podemos, cuya cooperación es aplaudida por el Ejecutivo como ejecución de lo que Pablo Iglesias denomina un "Gobierno parlamentario" de ambas fuerzas, aunque su partido no esté sentado en el Consejo de Ministros.

Bloqueo en la Mesa del Congreso

A pesar de la euforia inicial del Ejecutivo y de Podemos por este acuerdo, en el Ministerio de Hacienda son prudentes a la hora de valorar la efectividad de la medida. Con el apoyo inicial del PNV que podría reeditar los votos de la moción de censura, la proposición de ley podría aprobarse en el Congreso de los Diputados.

No obstante, la mayoría de PP y Cs en la Mesa de la Cámara es una arma para dilatar su tramitación como ha ocurrido con numerosas iniciativas de Podemos y PSOE en los dos años de legislatura. Una ampliación, por ejemplo, de los plazos de prórroga de enmiendas la dejaría sin efecto sine die, como ha ocurrido con otras proposiciones de ley.

Así lo ha insinuado este jueves el portavoz del grupo del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que ha anunciado que su formación “se opondrá con toda la capacidad parlamentaria” al pacto que alcanzaron a última hora de este miércoles el Ministerio de Hacienda y Podemos para “eliminar el derecho a veto” que atribuye el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria al Senado, en tanto que esta Cámara puede tumbar la senda de déficit sin que tenga que volver al Congreso, donde podría levantarse el rechazo como ocurre con las leyes ordinarias.

“Lo que diferencia a las democracias parlamentarias de los regímenes autoritarios es el papel del Parlamento y tenemos un Gobierno que actúa a base de orillar la legitimidad democrática que reside en el Parlamento en sus dos Cámaras”, ha subrayado Cosidó.

De esta manera, el PP se opondrá a ese pacto con “toda la intensidad” y presumiblemente buscando la alianza de los partidos “que defienden una democracia parlamentaria” o a través de recursos ante el Tribunal Constitucional porque, en su opinión, “está en juego la calidad democrática”.

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