La lacra de la corrupción en Colombia llevada a referéndum

Un basta ya a la corrupción en Colombia. Este domingo 26 de agosto se llevará a cabo en el país sudamericano la Consulta Popular Anticorrupción, que tiene carácter vinculante y consta de siete preguntas -mandatos-. En cuanto a la participación, se necesitan 12.261.000 votos, lo que es el 33% del censo electoral, y cada pregunta deberá obtener como mínimo la mitad más uno de los votos, es decir 6.130.501, para que la iniciativa más firmada de la historia se convierta en ley.

De acuerdo con el último informe de Transparencia Internacional en relación al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Colombia obtiene el puesto 96 entre 180 países. Se calcula que, entre salarios, primas, sobresueldos y demás retribuciones que reciben los congresistas y altos funcionarios, el país se ahorraría cada año más de 200 mil millones de pesos. Según los datos arrojados por el mismo informe, el 54% de los empresarios colombianos consideran el soborno como estrategia comercial. La corrupción ocupa el segundo lugar, entre catorce factores que más dificultan los negocios en el país donde el salario mínimo al mes es de 781.242 pesos, lo que viene a ser al cambio unos 231,82 euros (según la tasa de cambio actual 1 euro equivale a 3.370 pesos). El 80% de los colombianos gana menos de 2 millones de pesos. De ellos, el 75% gana menos de un millón.

¿Cuáles son los puntos que se votarán en la consulta?

En la actualidad, el salario de un senador o representante colombiano es de los más altos de la región, 32 millones de pesos al mes, es decir 40 veces el salario mínimo. Mientras que en países como España, donde el salario mínimo es de 736 euros, los representantes cobran de media 2.842 euros, lo que es casi cuatro veces la cuantía mínima. Es por ello que la primera pregunta de la consulta es si los colombianos están de acuerdo en reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado: "¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?". De ser aprobada esta pregunta, quedarían ganando como máximo 25 salarios mínimos, es decir, 19.531.050 pesos.

El segundo punto es en relación a las medidas penales para los corruptos y a las 'puertas giratorias': " ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con Estado?".

El siguiente mandato apela a la contratación transparente en todo el país: "¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?". Los pliegos tipo a los que hace referencia esta pregunta son unos documentos públicos que contienen las condiciones o requisitos que un contratista debe cumplir para participar en una licitación. Este documento es útil porque permite estandarizar para todas las entidades las condiciones de los contratos e impedir de esta manera que sean manipulables por contratistas o funcionarios corruptos. A principios del 2018 se aprobaron pliegos tipo para contratación de infraestructuras según la (Ley 1882 de 2018). Lo que se busca con la Consulta Anticorrupción es crear la obligación de usar pliegos tipo para todas las entidades en todos los sectores (Educación, Salud, Agricultura, Tecnología, etc.)

Los presupuestos públicos con participación de la ciudadanía: "¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados (personas jurídicas) decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?". Con esta pregunta de la consulta se promueven dos principios: la participación ciudadana y la transparencia en el proceso presupuestario.

Por grave que parezca, en la actualidad los congresistas colombianos no son sancionados y ni siquiera rinden cuentas sobre su asistencia, votación y gestión. Este mandato pretende obligar a los altos cargos a que lo hagan: "¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?".

En muchas ocasiones los políticos recurren a familiares o amigos cercanos para poner a su nombre propiedades que han adquirido de manera ilícita. Para hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio hará falta responder con "sí" a la pregunta: "¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro de cuarto grado de consaguineidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?".

Y por último, la consulta aborda uno de los puntos más importantes que afectan a aquellos que quieren perpetuarse en el poder: "¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?". Algunos políticos han durado como congresistas hasta 40 años en el poder, con esta iniciativa se conseguiría que el periodo máximo sea de 3 periodos en corporaciones públicas.