El entierro del Senado

Los senadores presentes salían del edificio diciendo que había sido un día "triste" al que no se debería haber llegado. Algunos se ausentaron. Otros votaron con convicción. En general, ante los ojos del público esporádico, la sensación fue casi única en democracia: habían pasado cosas en el Senado y se habían tomado allí decisiones que marcarían para bien o para mal el futuro político de España. Al aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que suspendían las funciones del gobierno autonómico de Cataluña, el 27 de octubre de 2017 fue para la Cámara Alta un oasis de notoriedad y relevancia en un desierto de ostracismo y olvido. Un tertuliano dijo en televisión esa tarde que al edificio le faltaba empaque arquitectónico para albergar una decisión semejante: no tiene escalinata.

Siempre ha sido un blanco fácil. Antes de las elecciones de 2015, Albert Rivera participó en un acto de campaña en Cádiz donde planteó eliminar el Senado para convertirlo en un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas. También abogaba entonces por fulminar la figura del Decreto-Ley e incluso el Consejo General del Poder Judicial. En esa misma campaña, Pablo Iglesias lo definió como un "cementerio de elefantes" necesitado de una reforma urgente, que emulase el modelo alemán y potenciase su carácter territorial. La sensación de que el Senado se ha convertido en un lugar de retiro para viejas glorias con un presupuesto anual de 54 millones de euros no es exclusiva del secretario general de Podemos.

El estorbo del actual Senado no cala sólo en los nuevos partidos. Aunque más que eliminarlo, Partido Popular y PSOE siempre han planteado sus reformas en un camino de fortalecimiento, refuerzo de competencias...y poder de veto. El Senado que el PSOE quiere eliminar ahora de su camino para aprobar sin obstáculos la senda de déficit es el mismo que en 2013 Alfredo Pérez Rubalcaba quería remodelar en sentido contrario.

Planteaba que no fuese elegido por los ciudadanos sino por los gobierno regionales, y que tuviera un poder de veto reforzado en cuestiones que afecten especialmente a las autonomías: ponían como ejemplo, precisamente, la financiación del Estado.

Mariano Rajoy, en el Senado tras la aprobación del artículo 155. EUROPA PRESS

Expertos constitucionalistas también han abogado en público por la reforma del Senado, a fin de evitar que sus funciones sean una "fotocopia" de las del Congreso, como reclamaba en este periódico Javier García Roca, presidente emérito de la Asociación de Constitucionalistas de España. Colegas de profesión apuntaban, sin embargo, a que los problemas de funcionamiento de la Cámara no se deben a su concepción en la Carta Magna, sino a la pura voluntad política.

Elección tras elección, los resultados de las votaciones para el Senado se dan en un aparte, más o menos relevante, siempre con un mismo enfoque. Al favorecer por su concepción las mayorías absolutas los titulares periodísticos son siempre los mismos: "X/Y partido tendrá poder de veto en el Senado". En la actual legislatura le corresponde al PP, pese a que el Congreso diese luz verde a una moción de censura que lo desalojó del Gobierno. En realidad, el poder de veto es matizable: cualquier disposición del Congreso que el Senado rechace, vuelve al Hemiciclo y puede ser aprobada definitivamente por mayoría absoluta, o simple, transcurridos dos meses.

Veto extraordinario

El veto sí es efectivo en el caso de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que contempla la aprobación de la senda de déficit, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. En su artículo 15, la Ley de Estabilidad, aprobada por el PP durante la primera legislatura aprovechando su mayoría absoluta, dicta que el Congreso y el Senado deben aprobar esta senda tras someterla a debate. Pero si el Senado la rechaza no vuelve al Congreso. En este caso se devolvería al Gobierno, que debería presentar un nuevo proyecto en el plazo máximo de un mes.

Con un PP mayoritario en la Cámara Alta, el partido de Pablo Casado podría retrasar sine die la aprobación de la senda y por tanto de los Presupuestos, obligando a su prórroga continuada y, eventualmente, a unas elecciones anticipadas derivadas de la ingobernabilidad de la situación. Ante esta perspectiva, la única solución en la que PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo, tal y como anunció el miércoles por la noche Pablo Echenique, es simple: eliminar del camino al Senado y sacar adelante la senda de déficit en el Congreso con una mayoría similar a la que votó la moción de censura.

"Por mucho aspaviento apocalíptico que hagan Casado y Rivera, vamos a arrebatar al PP una de sus últimas palancas de poder: la de usar su mayoría absoluta espuria en el Senado para bloquear los presupuestos", dijo en Twitter el secretario de Organización de Podemos. La única manera posible de hacer esto es modificar el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad, lo cual requiere mayoría absoluta en el Congreso. No sería difícil de conseguir, de no ser porque PP y Ciudadanos cuentan con mayoría en la Mesa del Congreso, la cual tiene capacidad para estirar los plazos de tramitación y entorpecer la reforma cuanto esté en su mano. Se podría alargar hasta seis meses, aunque la intención del Gobierno es acometer una reforma parcial que confiera al Senado el mismo veto que en el resto de asuntos: es decir, con posibilidad de ser levantado después por el Congreso. Aún así, se alargaría como poco un mes.

Laberinto jurídico

La solución alternativa es un Decreto-Ley que modifique la Ley Orgánica por la vía rápida, porque el problema en este caso tiene todo que ver con los plazos. Los Presupuestos tienen que estar en el Congreso antes del 30 de septiembre en plazo ordinario, y antes de eso debe aprobarse la senda de déficit. Una modificación corriente, o el mantenimiento del actual veto del Senado sobre la Ley, imposibilitarían cumplir ese plazo, acercarían la prórroga presupuestaria y las posibles elecciones.

Es la baza de PP y Ciudadanos, que además apuntan a las posibles derivadas jurídicas. El diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, se expresó en redes sociales asegurando que la idea de PSOE y Podemos era un "disparate". "Un Decreto-Ley no puede modificar una Ley Orgánica, porque así lo establecen los artículos 81 y 86 de la Constitución, y así lo declaró el Tribunal Constitucional por unanimidad en 1986 (STC 60/1986)", añadió, en referencia a un recurso de inconstitucionalidad presentado por José María Ruiz Gallardón y otros 54 diputados contra un decreto-ley que pretendía reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Incluso el propio Echenique reconoció que durante la reunión del miércoles con el PSOE se había producido un debate jurídico "interesante", y que a buen seguro volverá a repetirse en el propio Tribunal Constitucional, al que el PP ha anunciado que recurrirá, si se produce, un movimiento que ya han calificado como "antidemocrático".

Antes que el TC, a las acusaciones respondió Adriana Lastra, portavoz del PSOE en la Cámara Baja. Queriendo o no, echó otra palada de tierra sobre el prestigio de la Cámara, por la que la diputada nunca pasó. Ni veto, ni legitimidad: "¿Antidemocrático el qué? ¿Que el Senado tenga derecho de veto en la Ley de Estabilidad? ¿O que el Senado tenga poder de veto sobre una decisión que ha adoptado el Congreso, que es donde reside la soberanía nacional de este país?".