Sánchez e Iglesias se conjuran para gobernar juntos hasta 2020 a toda costa

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han dado un nuevo impulso a su alianza con el objetivo de agotar la legislatura hasta junio de 2020. La negociación presupuestaria había encallado hasta que el presidente del Gobierno y el líder de Podemos conversaron y la desbloquearon para presentar un proyecto de Presupuestos. Aunque esa iniciativa no consiga salir adelante, su mera presentación supondrá la plasmación de un proyecto liderado por un amplio espacio de izquierdas en el Parlamento, que servirá como relato electoral.

En el caso de obtener su aprobación, Sánchez permanecería en la Moncloa, sustentado por un "Gobierno parlamentario" con Podemos como socio prioritario que repesentaría ese proyecto de país que ambos partidos 'venderán' en el intenso ciclo electoral que se avecina: andaluzas, municipales, autonómicas y europeas.

A partir de ahora, PSOE y Podemos se apoyarán el uno en el otro para tratar de esquivar obstáculos y mantener la legislatura viva hasta 2020. Sortear cualquier circunstancia que facilitase un adelanto electoral es prioritario tanto para Sánchez como para el partido de Pablo Iglesias, al que unos comicios ahora dejarían en una situación muy complicada, según todas las encuestas. Los dos partidos que acaparan la izquierda española navegan sobre la frágil mayoría que permitió sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy para conseguir que aguante en pie un año y medio más, aunque para lograrlo hagan falta malabarismos.

En su rueda de prensa antes de las vacaciones estivales, el presidente Sánchez aseguró que su intención es agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020, a pesar de que presentó la moción de censura contra Rajoy anunciando que habría elecciones lo antes posible. “Dije claramente que antes de convocar elecciones lo que teníamos que lograr es estabilidad política, económica y social”, se justificó. Preguntado por si se ha replantado su intención de aguantar hasta el final de la legislatura después de que el CIS de julio haya catapultado al PSOE como primera fuerza con una estimación de voto que roza el 30%, Sánchez contestó: “Aguantar no, avanzar sí”.

El presidente del Gobierno destacó la “corresponsabilidad” del Parlamento en su acción de Gobierno al recordar que el Ejecutivo hace todo lo que puede dentro de su debilidad parlamentaria, ya que sólo cuenta con 84 diputados. En caso de que sus medidas se vean bloqueadas en el Congreso de los Diputados, como ha ocurrido con la senda de estabilidad, necesaria para elaborar los Presupuestos, Sánchez metió presión al resto de grupos parlamentarios que gobiernan en comunidades y ayuntamientos: “Tendrán que explicarles a sus vecinos por qué no los han apoyado”, advirtió.

Esta presión ha terminado funcionando. Prueba de ello es la maniobra que esta semana han pactado PSOE y Podemos para tratar de encauzar los Presupuestos Generales de 2019, sin los cuales la legislatura estaría prácticamente agotada. De hecho, el propio Pedro Sánchez advirtió a Rajoy que debía presentarse a una moción de confianza si no lograba aprobar las cuentas para 2018, que recibieron el apoyo del Congreso apenas tres días antes de que el PSOE presentara su moción de censura. Aprobar la senda de déficit es requisito indispensable para llegar siquiera a presentar el proyecto de los PGE en el Congreso, pero a día de hoy es imposible siempre que se mantenga el poder de veto del PP en el Senado, que en el caso de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera es decisivo.

Sánchez e Iglesias están decididos a modificar la Ley Orgánica para eliminar este impedimento. Bien sea eliminando del todo el veto del Senado o convirtiéndolo en un veto corriente, que posteriormente puede ser levantado por el Congreso. La principal disputa es si utilizar el mecanismo de urgencia del Real Decreto-Ley, difícilmente justificable en este caso y que ya comienza a horadar la imagen pública del presidente Sánchez, que en el pasado lo criticó duramente, o una modificación ordinaria, que se podría alargar mucho tiempo en la tramitación dada la mayoría del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso.

Un retraso de meses acabaría derivando, probablemente, en la prórroga de los Presupuestos acordados entre el Partido Popular, Ciudadanos y el PNV para 2018. Una situación que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez sería difícil de gestionar. Mucho más para Podemos. Evitarlo es hoy por hoy asunto de máxima urgencia.

Pero no sólo de cuentas vive la ecléctica mayoría parlamentaria que mantiene al PSOE en el Gobierno. Los socialistas, desde el inicio de la presidencia, han dado una importancia capital a los gestos, y el mayor es el destinado a sacar los restos del dictador Francisco Franco de la capilla del Valle de los Caídos. También con urgencia y por la vía del Real Decreto-Ley. Gestos pagados con más gestos: ERC pide la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, especialmente la dictada contra el expresidente Lluís Companys, para mantener abierto el diálogo con Moncloa.

Cataluña es otra carrera de obstáculos para Sánchez, que no habría desalojado del poder a Mariano Rajoy sin los votos de los republicanos ni del PDeCat. Mientras el presidente de la Generalitat Quim Torra eleva el tono en público y habla abiertamente de "atacar al Estado", Sánchez hace caso omiso a los cantos de sirena del PP y Ciudadanos que piden resucitar los grandes pactos de octubre y rescatar el 155.

La premisa es desescalar y no caer en provocaciones. La Fiscal General del Estado opina que no hay delito "ni en poner ni en quitar lazos", mientras crecen los encontronazos en Cataluña. Esta semana, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, hablaba de "poner orden" antes de que en la comunidad se viviera una situación de "tensión inabarcable". Pero hasta ahora no hay gestos rotundos, y si los hay se compensan con otros. Al tiempo que Josep Borrell acude a los tribunales para frenar la reapertura de las embajadas catalanas, el Gobierno confirma que no defenderá al juez Pablo Llarena en Bélgica de las acusaciones de Carles Puigdemont.

Son postulados más próximos a los defendidos por Podemos, que pese a su perfil bajo por la ausencia obligada de Pablo Iglesias e Irene Montero, va arrancando compromisos como los relativos a las pensiones o a la igualación de los permisos de maternidad y paternidad entre los trabajadores públicos. Piezas que vender ante su potencial electorado cuando las elecciones finalmente se convoquen.