La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dado este martes el primer paso para sacar adelante uno de sus proyectos estrella, la recuperación de la justicia universal, con la primera reunión del consejo asesor encargado de evaluar técnicamente las propuestas y sugerir los criterios a seguir en la reforma de la ley. En este consejo están presentes el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, el más duro de los que conformaron el tribunal de Gürtel; Manuel Ollé, profesor universitario de Derecho Penal Internacional; Manuel Miguel Vergara, colaborador del Tribunal Penal Internacional; y el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Hernán Hormazábal Malarée.

Delgado quiere recuperar y ampliar la ley de justicia universal, que fue acotada por el PP en la reforma de 2014, un instrumento "imprescindible" en la lucha contra la criminalidad organizada y la defensa de los derechos humanos, según informa el Ministerio en un comunicado. Con este ánimo, ha comenzado a trabajar el nuevo equipo de expertos, formado por juristas especializados en la materia, que evaluará durante los próximos meses cuáles son los criterios que deben regir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita recuperar la jurisdicción universal de los tribunales españoles.

Un proyecto "prioritario" en la hoja de ruta de la ministra -pública defensora de este instrumento durante sus años de fiscal en la Audiencia Nacional-, que ya ha pedido a los expertos un primer informe sobre la materia de cara a llevarlo al Congreso, donde se tramita un proposición de reforma de la citada ley. Durante las tres horas que ha durado el encuentro, se han puesto encima de la mesa las propuestas de los diferentes partidos y del propio Ministerio, que ahora los expertos deberán estudiar desde un punto de vista técnico.

Criminalidad económica y delitos medioambientales

Deberán valorar tanto el alcance de la jurisdicción universal como los delitos que se podrían incluir bajo el paraguas de este instrumento jurídico y que hasta ahora no han tenido encaje en España, como las nuevas formas de criminalidad, principalmente la económica, o los delitos medioambientales. Es en este punto donde el Ministerio quiere "dar un paso más" al entender que la Justicia universal no solo es "fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos", sino que puede ser muy eficaz en la lucha contra estas formas de delincuencia.

Según el Ministerio, la reforma de la ley debería tener en cuenta "la realidad social actual y la más moderna jurisprudencia sobre jurisdicción universal" y por ello los expertos estudiarán las "experiencias legislativas y judiciales de otros países", según explica a Efe uno de los integrantes del consejo. Lo harán con el objetivo de definir "un principio de justicia universal útil y eficaz" que "sirva para combatir la impunidad y para proteger a las víctimas".

Para ello se ha hecho un repaso a todas las reformas que han modificado la ley a lo largo de los años, la última la de 2014, que limitó en gran medida los casos en los que se puede aplicar la jurisdicción universal y que supuso el archivo de causas como la del Tíbet, Ruanda y Congo o la del cámara José Couso, asesinado en la guerra de Irak hace 15 años.

Con la creación del consejo asesor, destaca Justicia en el comunicado, Delgado pretende involucrar a la sociedad civil en el "proceso prelegislativo" para que colabore "en la mejora de la legislación vigente". Aunque no se ha fijado la fecha de la próxima reunión, existe una voluntad tanto por parte de los expertos como del Ministerio de no demorarse en el estudio, sobre todo teniendo en cuenta que la ministra se comprometió a presentar las conclusiones del consejo antes de finalizar el año.