Podemos ve cerca un acuerdo para que el Estado asuma el coste de la dependencia

En las filas de Unidos Podemos se habla de principio de acuerdo con el Gobierno para que el Estado asuma de manera real y definitiva el grueso del coste del sistema de dependencia, que ahora carga sobre las espaldas de las comunidades autónomas y los propios beneficiarios. Sin embargo, aún hay flecos por cerrar, de ahí que este nuevo compromiso no se tome por cerrado como se ha hecho en los últimos días, por ejemplo, con la paga compensatoria de las pensiones.

Los avances se produjeron durante la misma reunión desarrollada a última hora del pasado miércoles, 22 de agosto. Tras los cuales, la formación morada ya hablaba de un principio de acuerdo para derogar los tres decretos que Unidos Podemos quiere tumbar.

En una reunión posterior, este martes, las partes solo avanzaron en la supresión del copago farmacéutico y, por falta de tiempo, tuvieron que posponer las negociaciones sobre copagos.

De acuerdo con el ‘pack antiausteridad’ remitido por la formación morada a Hacienda como 'peaje' para apoyar su senda de déficit, los reales decretos  a derribar son el 14/2012, 16/2012 y 20/2012. El primero de ellos tiene que ver con algunos de los recortes aplicados durante el primer año de la era Rajoy en el ámbito de la educación --le achacan la subida de las tasas universitarias o la reducción de becas-- y, de acuerdo con las fuentes consultadas, aún existen diferencias al respecto, pese a que el PSOE, por propia iniciativa, ya planteó la posibilidad de derogarlo.

El segundo corresponde a la batería de medidas de recortes en sanidad. Por último, el Real Decreto Ley de 20/2012 se incluyó en el documento de Podemos como otro de los grandes enemigos a batir. Sobre este extremo, la diputada de En Marea en el Congreso de los Diputados Yolanda Díaz confirmaba hace unos días a este periódico que ha habido avances importantes que anticipan un acuerdo, antes que en otras materias, para que el grueso del gasto en dependencia recaiga en el Estado, en lugar de en las comunidades autónomas y los propios dependientes.

No obstante, el pacto habrá de culminarse en el marco de los cuatro grupos de trabajo que empezarán a funcionar a partir de esta semana para alcanzar un pacto más sólido ente PSOE y Podemos: Fiscalidad; Seguridad Social, pensiones y empleo; sanidad, educación y dependencia; y finanzas públicas.

¿Quién paga ahora la dependencia?

Podemos considera que el Real Decreto 20/2012 marcó el principio del fin del sistema de dependencia. En aquella norma se incluía una reducción del 15% en la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, la suspensión de la retroactividad de las ayudas económicas una vez concedidas y de las compatibilidades entre servicios, entre otras cuestiones.

En aquel momento, el Gobierno también acabó con la cotización que hacía el Estado en nombre de las cuidadoras informales de familiares dependientes, que la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ya ha anunciado que recuperará para cientos de miles de personas.

Todo ello tuvo como consecuencia que el peso de la financiación asumido por el Estado haya sido cada vez menor, en detrimento de las comunidades autónomas, que ostentan competencias en materia de dependencia, y de los propios usuarios.

Desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, se estableció un reparto de cargas por el que el Estado y las comunidad autónomas debían responsabilizarse a partes iguales del coste de la dependencia asumido por las Administraciones. Otra parte correspondería a las partidas que ya venían aportando los gobiernos autonómicos a través de los servicios sociales y una parte marginal se financiaría mediante el copago. Respecto a esta última proporción, la Ley no entró a cuantificarla.

En el año 2009, la parte que financiaban las CCAA sobre el total del sistema de dependencia era del 46,2%, mientras que el Estado se encargaba del 39,2% y el usuario el 14,7%. Ya al final de 2011, el sistema acumulaba cifras de vértigo: más de un millón de personas tenía derecho reconocido a recibir atención, sin embargo 738.000 recibían algún tipo de prestación o servicio. Con la factura de la dependencia al alza, la situación se dio la vuelta en 2012, cuando el Gobierno aprobó los decretos de recortes y también suspendió vía Presupuestos lo que se conoce como nivel acordado de prestaciones -pagos del Estado a las CCAA que se pactaban cada año.

Todo ello, junto a la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, llevó a un recorte de los recursos del Estado de 1.473 millones entre 2012 y 2014, según el Programa de Estabilidad 2015-2018. Ampliando la medición a toda la primera legislatura de Mariano Rajoy, la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Públicos asegura que los recortes superan ya los 4.000 millones de euros.

Debido a esta menor financiación por parte de la Administración central, actualmente un 20,5% del coste de los servicios de atención y cuidado a las personas con algún grado de dependencia sale de sus propios bolsillos --1,556 millones de euros en 2017--, mientras que el Estado solo aporta el 16%  y el resto, las comunidades autónomas.

El Gobierno de Mariano Rajoy negó esta realidad hasta los últimos días asegurando además que su aportación al sistema sigue superando el 50% del total si se tienen en cuenta aportaciones que trascurren a través del sistema de financiación autonómica. Hay que recordar que en el momento más crítico de la crisis, cuando España estuvo al borde del rescate total, las comunidades autónomas tenían cerrados los mercados financieros y fue el Estado el que llevó a cabo un rescate interno en forma de sistema de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De este modo, aunque de forma indirecta, el esfuerzo atribuido a las CCAA para financiar la dependencia se explica por el empuje del Estado.

Sea como fuere, lo que ahora persigue Podemos es revertir esta situación, responsabilizar más al Estado en materia de dependencia y permitir que se incremente el gasto a financiar desde lo público. Es por ello que confía en alcanzar un acuerdo para derogar a la máxima brevedad el Real Decreto Ley 20/2012.

Más allá de los números

Hasta aquí los números, porque de acuerdo con las cifras que atesoran los directivos y gestores de los servicios públicos, en los últimos cinco años han fallecido hasta 150.000 dependientes reconocidos que quedaron atrapadas en procedimientos administrativos a la espera de asistencia.

Hechas estas consideraciones, la asociación de directores y gestores de servicios sociales estima que el coste total que sería necesario para reducir las listas de espera sería de 9.500 millones de euros. Con el actual reparto de cargas, 6.000 millones de euros corresponderían a las comunidades autónomas, 1.500 millones al Estado y otros 2.000 millones a los usuarios.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el auditor de las cuentas del Estado, cree, por su parte, que España tiene un problema de asignación de recursos. De un lado, el Estado o la Seguridad Social soportan una carga de gasto que no les permitirá cumplir con sus objetivos de déficit para este año, mientras que las comunidades autónomas apenas empiezan a ver la luz tras años de incumplimientos.

En cambio, los ayuntamientos cuentan con más de 24.000 millones de euros ahorrados en depósitos con escasa rentabilidad porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria les ha impedido reinvertir como hubieran querido los superávit de los últimos años. Por ello, la organización de preside José Luis Escrivá ha apuntado en diversas ocasiones a la posibilidad que los ayuntamientos asuman competencias en materia de dependencia.