El Partido Popular lanza una ofensiva contra el Gobierno por el "error" de traducción en la demanda contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que ha presentado el ex president Carles Puigdemont junto a dirigentes procesados por el procés. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha exigido este martes el cese inmediato de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su cambio de postura en la defensa del juez y ha anunciado que el partido pedirá su reprobación en el Congreso y el Senado de no producirse este relevo.
En este mismo sentido, el presidente del PP, Pablo Casado, ha responsabilizado al Gobierno de lo que considera una mentira. "Los independentistas están mintiendo ya con traducción simultánea, y las mismas mentiras que estaban lanzando en castellano, en inglés o en catalán ahora la intentan hacer en francés. Es una auténtica vergüenza que hayan manipulado las declaraciones de un juez del Supremo para querellarse contra él. No es una agresión a Llarena sino a toda la justicia española", ha determinado Casado en La Rioja.
El dirigente ha anunciado que se reunirá el próximo 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados con "todas las asociaciones de jueces y fiscales" para analizar la situación. El líder popular ha considerado que el episodio "es una responsabilidad del Gobierno". "Es lamentable que haya tenido que venir un traductor sin que el Gobierno a través de la Abogacía del Estado lo haya detectado".
Mientras, en una rueda de prensa en el Senado, Montserrat ha reclamado al Gobierno que pida disculpas públicas a Llarena por los "grandes bandazos" en su defensa, tras la demanda contra él en Bélgica, y ha considerado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "contradicho" a Delgado al decir que esta defensa sí es una cuestión de Estado. Montserrat ha comparecido ante los medios junto al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, tras la reunión de trabajo de los Consejos de Dirección del grupo popular en ambas Cámaras, que han celebrado hoy para preparar el inicio del curso parlamentario.
La portavoz 'popular' ha asegurado que muchos españoles se han "ofendido" al ver el comportamiento del Ejecutivo ante la demanda interpuesta contra Llarena por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. A su juicio, es necesario que se cese de manera inmediata a la ministra por "los grandes bandazos que está dando, no solo en la defensa de Llarena, sino del Estado de derecho" y también para defender la jurisdicción española a nivel internacional.
Para Montserrat está claro que el Gobierno tendría que haber defendido siempre a Llarena ante el pleito en Bélgica y si lo "abandonaron a su suerte" fue porque se pusieron al lado de los demandantes, los independentistas, que son los que han permitido a Sánchez llegar a la Presidencia. Según ha considerado, el "cambio de criterio" del Gobierno en la defensa de Llarena se ha debido a la presión social, así como de los jueces y del propio PP y ha acusado al Ejecutivo de ser "cómplice" de los independentistas tras conseguir sus votos para llegar a La Moncloa.
Por eso, ha exigido a Sánchez que aclare si tras este pacto con los independentistas está el compromiso de no aplicar nunca más el 155 mientras él gobierne, aunque en Cataluña se vulnera la legalidad."Pedimos al Gobierno que deje de ser prepotente, cómplices de los independentistas y errático", ha asegurado Montserrat, quien ha advertido de que la situación de Cataluña "es muy grave" porque se está deteriorando la convivencia y han aumentado las provocaciones desde que ha llegado Sánchez a La Moncloa y Quim Torra preside la Generalitat.
Además, ha lamentado que la Fiscalía "llega tarde", en referencia al anuncio de que investigará a los Mossos d'Esquadra por identificar a varias personas que retiraron simbología soberanista del espacio público, porque las plazas ya están "llenas de lazos amarillos". En todo caso, la Fiscalía empieza ahora a actuar "gracias a la presión que ha hecho el PP", según Montserrat, quien ha recordado que su partido va a presentar en el Congreso todo un paquete de medidas de "refuerzo institucional", como la reforma de la Ley de Símbolos, para que se mantengan neutrales los espacios públicos, entre otras cuestiones.
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