Justicia contrata por más de medio millón a un bufete belga para defender al juez Llarena

Fin de la polémica. El Ministerio de Justicia ha encomendado al prestigioso bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación del Estado español y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ante el tribunal de instancia de Bruselas que tramita la demanda civil presentada por cinco políticos catalanes huidos de la Justicia, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, contra el instructor del 'procés'.

Según informan fuentes del departamento que dirige la ministra Dolores Delgado, una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, que se ha prolongado durante varios días, la documentación para la contratación fue remitida este mismo jueves a la embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la delegación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato.

El bufete Liedekerke asumirá, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, la defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo. Será Hakim Boularbah, socio del área de derecho internacional privado, prestigioso abogado y profesor de derecho procesal de la Universidad de Lieja, quien ejerza la dirección letrada.

El valor de la adjudicación del contrato al bufete belga asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros.

No obstante, las fuentes consultadas por El Independiente matizan que medio millón de euros es el "valor de contratación" y el "presupuesto máximo" que va a llegar a pagar el Gobierno de Pedro Sánchez para que se ejerza la defensa de nuestro país y del juez Llarena en Bélgica. El citado despacho factura por un ratio la hora trabajada y, lo previsible, es que si la demanda se inadmite la facturación no ascienda a esa cifra tan elevada.

De esta forma, el Gobierno rectifica la polémica generada por la titular de Justicia que en un primer momento se negó a que el Estado asumiera la defensa de Llarena por aquellas manifestaciones que pronunció en un "acto privado" -en concreto tras una conferencia dada en Oviedo meses atrás- y que, posteriormente, se descubrió que habían sido presuntamente manipuladas y falseadas en la citada demanda.