'Procés': las recusaciones de jueces del TS no impedirán que el juicio sea en otoño

El Tribunal Supremo mantiene el calendario previsto para que el juicio del ‘procés’ arranque este otoño una vez que se hayan resuelto las recusaciones que los líderes independentistas presos han presentado contra la Sala que va a enjuiciar a los ex miembros del Govern que promovieron la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI) el pasado mes de octubre.

La principal razón de esta celeridad proviene de que se trata de una causa con preso y, por lo tanto, urge que haya una sentencia cuanto antes al encontrarse varios encausados, como el ex vicepresidente Oriol Junqueras o los ex consellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, en situación de prisión preventiva, explican fuentes jurídicas a El Independiente.

Está previsto que la denominada Sala del 61, que preside Carlos Lesmes, estudie el próximo 5 de septiembre las recusaciones de los magistrados de la Sala de lo Penal Manuel Marchena (presidente), Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela.

Dichas recusaciones se sustentan, en parte, en que dichos magistrados integraron la Sala que admitió a trámite la querella de la Fiscalía tras la declaración de la proclamación de la república catalana. También en la “proximidad” que habrían mantenido con su colega de Sala, el instructor de la causa, el juez Pablo Llarena.

Sin embargo, las fuentes del Alto Tribunal consultadas explican que dichas recusaciones tienen escasos visos de prosperar ya que “carecen de fundamento”; unido a que se considera que son "una maniobra más" dentro de una estrategia procesal destinada a retrasar el inicio de la vista oral.

El Supremo resuelve en septiembre

Además, con el calendario en la mano, todo apunta a que esas pretensiones de los líderes independentistas van a caer en saco roto ya que dichas recusaciones se presentaron a finales del mes de julio y serán resueltas por la Sala del 61 el próximo día 5, antes incluso de que se celebre la apertura del año judicial.

En caso de rechazarse, escenario que parece altamente probable, Puigdemont, Junqueras y el resto de acusados que han promovido apartar a los citados magistrados verán truncada su estrategia puesto que, además, la tramitación de las mismas ha coincidido con el periodo de vacaciones estivales de los jueces cuando la actividad en el Supremo se paraliza.

Una vez que las recusaciones sean desestimadas, se retomarán los trámites procesales propios de la fase intermedia a la espera del auto de apertura de juicio oral.

Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto ya a la admisión de las mismas. En un informe remitido al Alto Tribunal, al que ha tenido acceso este medio, el Ministerio Público sostiene que "las causas de recusación se fundamentan únicamente en apreciaciones o impresiones subjetivas, completamente contrarias a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y en el fondo solo pretenden por este artificioso cauce alterar la composición del tribunal legalmente constituido y conseguir un tribunal a la carta para este proceso penal, con el propósito de retrasar la celebración del juicio oral, lo que supondría -en caso de ser tramitadas-, una flagrante vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho a un proceso sin dilaciones que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española”.

El Supremo ha acumulado en un único expediente las diferentes recusaciones a los cinco magistrados de la Sala presentadas por el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los ex consellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluís Puig, y Clara Ponsatí; la ex presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell y los que fueran líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.