Delgado desairó a Llarena porque ella tuvo que pagarse un abogado cuando era fiscal

Semana de vértigo en el Ministerio de Justicia. Su cabeza visible, Dolores Delgado, ha sido la protagonista de uno de los incendios estivales del Ejecutivo después de haber dado la orden de que el Estado no defendiese al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda que el ex president Carles Puigdemont interpuso contra él en Bélgica por falta de imparcialidad.

Según ha podido saber El Independiente, cuando la ministra Delgado desoyó el criterio de la Abogacía del Estado sobre esta cuestión y el Ministerio remitió un duro comunicado -diciendo que “en ningún caso” el Ejecutivo iba a asumir la defensa de Llarena por las manifestaciones en “actos privados”-, el presidente Pedro Sánchez no fue informado de ello.

El presidente Sánchez desconocía que Justicia iba a dejar al juez Llarena sin defensa en Bélgica

La ministra nunca pensó que su decisión sería criticada tan duramente por la Judicatura y la Carrera Fiscal y que acabaría debilitando su posición en el Ejecutivo y, menos aún, que ello iba a conllevar a su reprobación en el Parlamento. Estos motivos hicieron que la ex fiscal de la Audiencia Nacional no consultara con el presidente su controvertido criterio sobre la defensa del instructor en Bélgica. Pero no fueron los únicos.

La experiencia de Delgado

Su experiencia personal también tuvo peso en esa decisión. Fuentes del entorno de la titular de Justicia explican que Dolores Delgado tuvo que pagar de su bolsillo a un abogado para responder al letrado José Luis Mazón, quien en 2011 interpuso una demanda contra ella por declarar en un periódico colombiano que la acusación contra el ex juez Baltasar Garzón -su íntimo amigo- en el caso de los cobros de los cursos de Nueva York "tenía vinculación con gente que ha sido investigada por él". La ministra fue absuelta al considerarse que no vulneró el honor del citado letrado,  pero eso no evitó que tuviera que asumir el coste de su defensa.

Delgado tuvo que pagarse el abogado por una demanda que recibió en 2011 tras arremeter contra los denunciantes de Garzón

Con esta vivencia, Delgado pensó ahora que el caso del instructor del procés era similar al suyo como fiscal, ya que las afirmaciones de Llarena -falsedades en la demanda de Puigdemont- se pronunciaron durante una conversación con periodistas tras haber participado en una conferencia en Oviedo. Nada más allá de la realidad; puesto que el único fin de la demanda belga es torpedear la causa que se tramita en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

En esta misma línea, los servicios jurídicos del Gobierno concluyeron en dos informes que el juez de la Sala Segunda había sido demandado “por el legítimo ejercicio de su función de instructor” del procés y que, por lo tanto, concurrían “los requisitos previstos en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado para autorizar la representación y defensa del magistrado”.  Pese a ello, tal y como informó este periódico, la ministra ignoró el criterio de la Abogacía del Estado e impuso el suyo emitiendo el jueves 23 de agosto una nota de prensa donde se manifestaba que el Gobierno no podía actuar en defensa del instructor “puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.

Explicaciones en el Consejo de Ministros

Las distintas fuentes consultadas explican que en el Consejo de Ministros que tuvo lugar al día siguiente el presidente Sánchez pidió explicaciones sobre este asunto a Delgado y que ésta fue respaldada por la vicepresidenta Carmen Calvo que, posteriormente, compareció en rueda de prensa para afirmar que a Llarena debía ampararle el Poder Judicial pero no el Gobierno.

Varios ministros alertaron al presidente en Quintos de Mora del error del Gobierno con la defensa de Llarena

Sin embargo, horas después de estas declaraciones de la vicepresidenta, cinco asociaciones de jueces y fiscales –posteriormente se sumó  la Unión Progresista de Fiscales a la que pertenece la propia ministra- acusaron al Ejecutivo de una “incomprensible dejación de funciones” al rehusar a defender al instructor del procés frente a quienes habían burlado al Estado de Derecho. También la oposición -Partido Popular y Ciudadanos- salió en defensa de Llarena; un magistrado que para muchos ciudadanos simboliza el último eslabón que ha tenido la democracia española frente a los separatistas.

De ahí que varios ministros alertaran ese fin de semana al presidente del "error" que Delgado estaba cometiendo y del coste que su decisión iba a tener para el Ejecutivo. Ese sábado el Gobierno se reunió en la finca toledana de Quintos de Mora para preparar el nuevo curso político y allí Sánchez escuchó las voces de varios ministros de peso en su gabinete -hasta tres- que le pidieron que rectificase.

El presidente, sabedor de lo importante que es en estos momentos la cuestión catalana, ordenó emitir el mismo domingo desde la Moncloa un comunicado diciendo que el Gobierno sí que defendería a través de un bufete belga a Pablo Llarena. Además, Sánchez, aseguran las fuentes informantes, no quería que este asunto enturbiara su gira por Sudamérica y de ahí la celeridad en la rectificación.

La "sombra de Garzón"

Y así el Ejecutivo pasó de que “en ningún caso” se iba a asumir la defensa del juez del procés a que se trataba de una “cuestión de Estado”, tal y como aseguró Sánchez en Chile.

Tras el evidente viraje, este jueves el Ministerio de Justicia informó de que se había formalizado la contratación del prestigioso bufete belga Liedekerke con un presupuesto de más de medio millón de euros para defender a España y a Llarena.

Si bien es cierto que ante los medios de comunicación el presidente ha señalado que la ministra goza de “absoluta confianza”, las fuentes consultadas explican que este episodio ha dejado tocada a Delgado quien, además, no está considerada como uno de los pesos pesados del Gobierno. De hecho, ya hay voces en el Ejecutivo y la Judicatura que sostienen que la “sombra de Garzón” planea sobre la calle de San Bernardo de Madrid, sede del Ministerio de Justicia.