El CGPJ ultima la contratación de un seguro para cubrir las eventuales costas de Llarena

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevará en las próximas horas a cabo la contratación de un seguro privado para cubrir las hipotéticas costas que se le impongan al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la demanda manipulada que el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro prófugos de la Justicia española han presentado contra el instructor en Bélgica.

Según informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces a El Independiente, el Consejo ha optado por contratar a una aseguradora para que, sólo en el caso en que Llarena sea condenado en costas en el marco del citado proceso civil, sea el Estado el que se haga cargo de las mismas a través del Poder Judicial.

La Abogacía del Estado, en un informe remitido al organismo que preside Carlos Lesmes, dio el visto bueno a dicha posibilidad para que el instructor del ‘procés’ no vaya a tener que responder en ningún caso con su patrimonio a la demanda de los independentistas, apuntan las fuentes consultadas. La abogada general Consuelo Castro concluyó que “la celebración de un contrato de responsabilidad civil que cubra una eventual condena en costas al magistrado del Tribunal Supremo (…) podría tener amparo legal en la Disposición adicional cuadragésima de la Ley 6/2018, de 3 dejulio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Ello se justificaría en la finalidad última del seguro como mecanismo dirigido a minimizar el impacto económico derivado de una eventual condena al Ministerio de Justicia, al amparo del mecanismo de la responsabilidad patrimonial de la Administración prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

De ahí, que en la última semana el Consejo haya preparado la documentación para que la Secretaría General de este órgano contrate a una aseguradora que cubra una hipotética condena en costas ya que, normalmente, en los litigios internacionales las mismas ascienden a una importante suma de dinero. Está previsto que este mismo lunes o a lo sumo el martes finalicen los citados trámites de contratación, según ha podido saber este periódico.

El juez, respaldado

De esta forma, el Estado asumirá el coste de la defensa de Pablo Llarena en Bélgica tanto a través de la contratación del prestigioso bufete belga Liederkeke como con el seguro del CGPJ que pretende cubrir la posible responsabilidad económica del juez del ‘procés’.

El pasado jueves el Ministerio de Justicia informó a través de una nota de prensa citado despacho de abogados iba a asumir, “de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, la defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo”. Hakim Boularbah, socio del área de derecho internacional privado, prestigioso abogado y profesor de derecho procesal de la Universidad de Lieja, ejercerá el próximo martes la dirección letrada.

Igualmente, el departamento que encabeza Dolores Delgado puso de manifiesto que el valor de la adjudicación del contrato al bufete belga asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros. Dicha cifra, sin embargo, no es el dinero que el Gobierno va a gastar en defender al magistrado sino el presupuesto máximo que puede destinar a dicho pleito.