Las bazas para defender a Llarena en Bélgica: falta de competencia y falseo en la demanda

La vista donde se decidirá si se inicia o no un proceso civil en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a petición del ex presidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro fugados del ‘procés’ se celebrará este martes en la capital del citado país europeo con una cuestión de fondo: ¿es Bélgica competente para cuestionar la jurisdicción española?

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente en dicha vista previa a la admisión a trámite de la demanda, donde se formaliza el proceso, el bufete belga Liedekerke, a través del prestigioso civilista Hakim Boularbah, planteará en primer lugar si la justicia del citado país europeo puede inmiscuirse en un asunto que está pendiente de ser juzgado en nuestro país. De ahí, que el letrado belga que va a representar a España y a Llarena vaya a recurrir a la inmunidad de jurisdicción de la justicia española como estrategia de defensa.

El abogado belga afirmará que España no puede someterse a la jurisdicción de otro estado comunitario

Asimismo, las fuentes consultadas aseguran que Boularbah argumentará que el proceso civil iniciado por Puigdemont puede considerarse como un proceso ante un tribunal de un estado incoado contra otro estado, ya que, aunque España no es mencionada como parte en el proceso, el mismo “ tiende efectivamente a menoscabar los derechos, intereses o actividades del Reino de España, por la directa afectación a la actividad de una persona física que es representante de Poder Judicial del Reino de España”, tal y como alegó la abogada general Consuelo Castro.

Manipulación de la demanda

Además, es probable que el bufete Liedekerke también haga alusión durante su intervención en la vista civil a la manipulación de las palabras del togado que se han recogido en la demanda. El magistrado del Supremo, Pablo Llarena, sostuvo en Oviedo a preguntas de los periodistas sobre si había presos políticos en España, que “no es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.

Sin embargo, la afirmación que recoge la demanda del letrado Gonzalo Boye es “peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête”, es decir: “Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados”. Una hipótesis en condicional se tradujo cómo una afirmación taxativa.

Imparcialidad del juez

Este falseamiento de las palabras del instructor del ‘procés’ -que los abogados de Puigdemont atribuyen a un error de traducción- no es baladí puesto que afecta al fondo del asunto y cambia una posibilidad por una afirmación contraria a la presunción de inocencia de los investigados por el Alto Tribunal.

La manipulación de las palabras de Llarena afecta al fondo del asunto: presunción de inocencia de los encausados

Mientras tanto en la Sección de Civil del Palacio de Justicia de Bruselas, los abogados del ex líder del Govern y de sus exconsejeros Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig sostendrán que durante la instrucción de esta causa Pablo Llarena ha sido parcial lo que supone una vulneración flagrante de sus derechos fundamentales.

España, que comparece este martes de forma voluntaria en dicho acto tras ser citado por el juez Pablo Llarena por el ‘huissier’ belga (una especie de procurador de los tribunales que establece las fechas de las comparecencias) a instancias del ex president, defenderá así la soberanía jurisdiccional de nuestros tribunales de Justicia.

El magistrado del Supremo no está obligado a personarse en Bruselas y, por lo tanto, no se desplazará hasta dicho país este martes.