Los nietos del dictador Franco han remitido este lunes un escrito al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la exhumación de los restos mortales del caudillo del Valle de los Caídos.
En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, la familia Martínez-Bordiú Franco sostiene que la doctrina del Tribunal Constitucional exige que para poder dictar un real- decreto ley “debemos estar ante una situación excepcional que justifique la arrogación por parte del poder ejecutivo de la facultad de citar una norma con rango de ley” mientras la exhumación del cadáver de su abuelo es una “situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación”.
“Las excusas –que no causas justificativas- que esgrime el real decreto ley para amparar su dictado no son en absoluto convincentes ni sostenibles”, recalcan Carmen, María de la O, María del Mar, Cristóbal, Aránzazu y Jaime Felipe Martínez- Bordiú Franco, nietos del dictador.
"Extralimitación" del Ejecutivo
Por esta razón, la familia del caudillo solicita al Defensor del Pueblo que lleve el caso ante el Tribunal Constitucional "dado que no se permite a los particulares interponer un recurso de inconstitucionalidad". "Que la extralimitación del poder ejecutivo que supone aprobar por decreto-ley lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena, no solo afecta a los intereses particulares de los afectados por la norma, sino al interés general de todos los ciudadanos que tienen derecho a que sus representantes políticos en el Parlamento participen en la elaboración de las normas legales".
El pasado 24 de agosto el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el procedimiento para exhumar el cadáver del dictador, que contempla un segundo y último plazo de diez días para alegaciones de los interesados antes de decidir y trasladar los restos de Franco. El Gobierno calcula que la medida se ejecutará antes de final de año.
El Ejecutivo marcó un plazo de 15 días a partir del 31 de agosto a la familia Franco para llegar a un acuerdo sobre el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos a otra ubicación pactada. En caso de falta de respuesta, negativa o discrepancia entre los propios familiares, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que buscará un lugar “digno y respetuoso” para trasladar los restos, un emplazamiento que el Gobierno no ha querido definir aún.
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