El Congreso de los Diputados afronta el nuevo curso político incendiado. La pretensión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de aprobar una ley por urgencia que permita al Gobierno saltarse al Senado y la mayoría absoluta del PP en esta Cámara para aprobar sus presupuestos se ha encontrado con un escollo previsible: la mayoría de PP y Cs en la Mesa del Congreso, que puede bloquear la tramitación de una maniobra encaminada a aumentar el déficit y el techo de gasto de las cuentas públicas.
Como estaba previsto, PP y Cs han hecho valer esa mayoría en el órgano de gobierno y calificación del Congreso para negar la tramitación por vía de urgencia y lectura única de la ley que permitiría al Gobierno ‘saltarse’ el veto del Senado -con mayoría absoluta del PP- a la aprobación de la senda de estabilidad, paso previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Los partidos del centro-derecha abogan por una tramitación ordinaria que comenzaría con su inclusión en el orden del día del pleno dentro de dos semanas.
A ese retraso de un proyecto vital para la estabilidad del Gobierno, los PGE de 2019, se sumaría un bloqueo indefinido ya practicado por ambos partidos esta legislatura consistente en ir prorrogando los plazos para presentación de enmiendas a esa ley. Esa posibilidad ha levantado las iras del PSOE, que ha anunciado que voverá a "exigir" a la Mesa la tramitación por vía de urgencia. Su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha acusado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), de "filibusterismo parlamentario" y de actuar de forma sectaria.
"Esperamos que a nadie se le pase por la imaginación y mucho menos a la presidenta hurtar el debate al pleno de la Cámara", ha advertido Lastra. "La señora Pastor empieza a parecerse más a Pablo Casado que a una presidenta del Congreso. Le exigimos que se comporte como la presidenta de los 350 diputados", ha insistido, acusando a Pastor de "saltarse" el informe de los letrados sobre la tramitación de esta ley. "Para que luego vaya dándole lecciones a otros", ha asegurado, en referencia a los independentistas catalanes.
Esa reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fue registrada en agosto por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Compromís, pretende volver al mecanismo que fijó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para que el posible veto del Senado al techo de gasto y la senda de déficit no sea irreversible, sino que pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple.
Para conseguir que se apruebe cuanto antes y así acelerar la presentación de unos nuevos Presupuestos Generales, el PSOE y Unidos Podemos pidieron que la reforma se tramitase por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos a la mitad, y en lectura única, lo que implica solventar todos los debates en un pleno del Congreso, sin pasar por ponencia ni comisión. En su primera reunión tras el paréntesis estival, la Mesa del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley, pero ha rechazado esa tramitación de urgencia.
Podemos busca alternativas
La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha insistido en que el Gobierno se comprometió con su formación a modificar la Ley de Estabilidad para que el Congreso levantara un posible veto del Senado a la nueva senda de objetivos de déficit público.
"Estamos convencidos de que el compromiso del Gobierno es firme y exploraremos todas las vías", ha asegurado, sugiriendo la posibilidad de que Sánchez retome la idea, descartada por el Gobierno por "inconstitucional" y ante las advertencias de la oposición, de intentar tramitarla a través de un decreto-ley, que sería el octavo en menos de cien días de mandato. PP y Cs también han advertido su intención de recurrir esos decretos ante el Tribunal Constitucional por el "abuso" que Sánchez está haciendo de una figura legislativa de carácter extraordinario.
Otra posibilidad de sortear el bloqueo de PP y Cs es a través de una proposición de ley que presentó Unidos Podemos el 13 de diciembre de 2017 para cambiar la regla de gasto, incluida también en la propia Ley de Estabilidad. Dicha iniciativa apoyada por el pleno del Congreso se encuentra en tramitación aunque paralizada en sus plazos de enmiendas. Su objetivo es cambiar los criterios de aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos saneados.
Así, la propuesta de ley de modificación de regla de gasto podría incluir en su debate de enmiendas algún cambio vinculado a la capacidad de veto que tiene el Senado a la senda de déficit público. La Ley de Estabilidad Presupuestaria es una ley orgánica cuyo cambio es complejo ya que modificarla por decreto es inconstitucional.
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