"La demanda contra Llarena es un salvaje ataque a la jurisdicción española"

El Movimiento 24 DOS -formado por reputados juristas como el ex magistrado del Tribunal Supremo, Adolfo Prego, el ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo y el catedrático de Derecho Procesal, Nicolás González Cuellar- presentó este martes una querella en la Audiencia Nacional contra la juez belga Anne Desy, el expresidente Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos, el letrado Gonzalo Boye y la traductora de la demanda interpuesta contra el instructor del procés Pablo Llarena por delitos de prevaricación, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad documental.

En el documento presentado ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional se sostiene que la demanda contra Llarena es “fraudulenta y falsaria” y que, además, “constituye un claro ejemplo de maniobra procesal torticera”. “Formalmente dirigida contra el magistrado, materialmente tiene como objetivo denigrar nuestras instituciones democráticas, así como violar la integridad y dignidad de la jurisdicción española”, recalca el Movimiento 24 DOS.

Además, este grupo de reconocidos expertos del mundo del Derecho cree que “con base en un relato de los hechos inventado” en la demanda presentada por Puigdemont en Bélgica se recogen “esperpénticos juicios de valor” así como la “manipulación de la traducción al francés de las palabras del magistrado español”. Para los querellantes no hay lugar a dudas que la citada demanda “constata el salvaje ataque a las instituciones democráticas de nuestro país y a la jurisdicción española con la burda excusa de las palabras pronunciadas por Pablo Llarena el 22 de febrero de 2018 en un acto celebrado en Oviedo”.

Competencia de la Audiencia

De ahí que hayan decidido dirigirse a la Audiencia Nacional para que abra una investigación penal sobre lo sucedido al considerar a dicho tribunal especial competente en este caso: “las acciones que motivan la presente querella tuvieron lugar fuera del territorio nacional, pero su resultado se produce en España al violar la integridad de nuestra jurisdicción que, por definición, es coextensa al territorio español (art. 65.1.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y doctrina de la ubicuidad”.

Al abogado Gonzalo Boye se le considera inductor de los presuntos delitos cometidos por Puigdemont y los ex consellers

En la querella del movimiento 24 DOS se otorga especial relevancia al abogado Gonzalo Boyé al considerarlo el “inductor” de los presuntos delitos cometidos “por entender que por  su posición de estrecho contacto con Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig no sólo en el ámbito jurídico, sino en el político y mediático, participa en su estrategia fraudulenta y en el dominio del hecho. (…) Es además Boyé el único de los letrados firmantes cuya lengua materna no es el francés y, por tanto, al que, una vez más  indiciariamente, cabe atribuir la redacción del párrafo en francés en que se contiene la tergiversación y que no puede haber sido redactado por un francófono por su incorrección lingüística”.

Ahora, el documento judicial irá a turno de reparto en la Audiencia Nacional y será remitida al Ministerio Fiscal para que informe sobre su admisión o inadmisión.

Demanda manipulada

El magistrado del 'procés' sostuvo en Oviedo a preguntas de los periodistas sobre si había presos políticos en España, que “no es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.

Sin embargo, la afirmación que recoge la demanda de Boye es “peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête”, es decir: “Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados”. Una hipótesis en condicional se tradujo cómo una afirmación taxativa.

Este falseamiento de las palabras del instructor del ‘procés’ -que los abogados de Puigdemont atribuyen a un error de traducción– no es baladí puesto que afecta al fondo del asunto y cambia una posibilidad por una afirmación contraria a la presunción de inocencia de los investigados por el Alto Tribunal.