El miembro de los CDR Adrià, que se fugó el pasado abril cuando la policía lo investigaba por su participación en los cortes de carreteras del 3 y el 8 de octubre pasados ha reaparecido hoy en Bruselas. En la capital belga, Adrià se ha sumado a la cada vez más larga lista de clientes españoles del bufete que defiende los intereses de Carles Puigdemont, los ex consellers Toni Comin, Meritxell Serret y Lluís Puig, y el rapero Valtonyc, en su caso de la mano del abogado Christopher Marchand. Un equipo que coordina desde España el letrado Gonzalo Boye; el mismo que ha demandado al juez instructor del procés, Pablo Llarena.

El activista está en busca por orden de la Audiencia Nacional por las acusaciones de terrorismo, rebelión y sedición, dentro de la misma causa por la que fue detenida la también dirigente de los CDR Tamara Carrasco. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó la libertad provisional de Carrasco tras tomarle declaración y rebajó los delitos atribuidos a la independentista a los de desordenes públicos, descartando la rebelión y terrorismo que le imputaba la Fiscalía.

El ministerio público sí avaló la tesis de la policía, que atribuyó a ambos dirigentes del CDR actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos, con actos de rebeldía.

Adrià estaba desaparecido desde que el pasado 10 de abril la policía intentó detenerlo en su domicilio de Esplugues de Llobregat (Barcelona), cuando fue detenida Tamara Carrasco. Mañana comparecerá ante la prensa acompañado por Marchand en Bruselas. Este letrado es el responsable, junto a Boye, de la demanda contra el juez Pablo Llarena envuelta en polémica por las acusaciones de falsear los hechos, con una traducción de las palabras de Llarena que la acusación ha tenido que ratificar.