El CGPJ impide ser vocal al juez que tumbó a Rajoy y este denuncia su "expulsión" de la judicatura

La Comisión Permanente  del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado este jueves el reingreso al servicio activo al magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada Solaesa, el juez que formó parte del tribunal del 'caso Gürtel' y detonó la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el consiguiente cambio de Ejecutivo en España.

Este órgano basa su decisión en base al informe emitido por el CGPJ, que señala que el artículo 355 de la LOPJ obliga a que los magistrados deban solicitar el reingreso al servicio activo "al cesar en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales", situación en la que se encontraba el magistrado, concretamente en el Tribunal Internacional de La Haya que revisa la sentencia contra el criminal de guerra Radovan Karadzic.

Asimismo, la desestimación del cargo se produce a causa de no haber aportado la documentación justificativa -que se requirió el pasado 29 de agosto- de su cese en el cargo que motivó su declaración en la situación de servicios especiales  -de magistrado del Mecanismo Residual ante los tribunales internacionales de Naciones Unidas- o, en su defecto, el cese de la causa que determinó tal declaración, consistente en la participación en la resolución del recurso de apelación contra Karadzic.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José Maria Macías. Los vocales Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

Expulsión encubierta de la Carrera Judicial

Tal y como desveló El Independiente, De Prada fue el artífice de las frases más duras sobre la existencia de la famosa caja 'B' del Partido Popular.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, al que ha tenido acceso este periódico, el juez progresista explica que "por razones de pura responsabilidad ético profesional, institucional y de respeto a los compromisos del Estado español con Naciones Unidas y con la Justicia Penal Internacional, mi imposibilidad de renunciar al Tribunal Penal Internacional al que pertenezco desde el año 2011 y al Tribunal que conoce de la sentencia de apelación del caso contra Radovan Karadzic, que se encuentra en la última fase de la elaboración, lo que implicaría gravísimas e irreparables consecuencias para el funcionamiento de ese Tribunal de Naciones Unidas".