Un total de 50 jueces aspiran a formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tiene previsto comenzar su andadura a finales de este año. Entre este medio centenar de candidatos que optan a ocupar plaza de vocal se encuentra el magistrado que instruyó el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu; la esposa del instructor del ‘procés’ Pablo Llarena, Gema Espinosa o la ex diputada de Podemos, Victoria Rosell.
Finalmente, ha quedado fuera de la lista aprobada por la Junta Electoral el magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, artífice de las afirmaciones más duras sobre la financiación ilegal del Partido Popular que provocaron la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa.
En total 50 magistrados han presentado sus candidaturas para las doce plazas de vocales de procedencia judicial
La Junta Electoral ha acordado por unanimidad excluir la candidatura del juez De Prada -muy próximo a la ministra Dolores Delgado, circunstancia que comparte con Fernando Andreu- por no reunir los requisitos legales al encontrarse actualmente en situación de servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
También aspiran a formar parte del órgano de gobierno de los jueces el magistrado Alejandro Abascal, quien como juez de apoyo de la Audiencia Nacional investigó en secreto al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González o el magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Ángel Arozamena.
309 avales de Gema Espinosa
Por otro lado, con el respaldo de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, se han presentado la ex diputada Victoria Rosell, actualmente al frente del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria y Esther Erice Martínez, presidenta de la Audiencia de Navarra, entre otros.
Por su parte, la mujer de Llarena, ex directora de la Escuela Judicial, actualmente magistrada de la Audiencia de Barcelona, también ha presentado su candidatura que ha sido respaldada por 309 avales.
Una vez publicada la lista de candidatos que cumplen los requisitos legalmente exigidos, se abre un plazo para presentar impugnaciones, que serán resueltas por la propia Junta Electoral antes de la proclamación definitiva de las candidaturas, contra la que cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Alto Tribunal, informan fuentes jurídicas.
La exclusión de De Prada se ha acordado “por aplicación de lo dispuesto en el art. 573.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no hallarse en servicio activo en la carrera judicial, según acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 6 de septiembre de 2018, que expresamente rechaza su solicitud de ser reingresado en el servicio activo”, sostienen fuentes del Consejo.
La Junta Electoral también señala que, “a efectos del artículo 573.2 de dicha ley orgánica, aducido por el señor De Prada Solaesa, no resulta aplicable por cuanto el puesto que ocupa corresponde a actividad que viene ejerciendo en régimen de compatibilidad desde el año 2011, y la situación administrativa de servicios especiales que le fue reconocida en 2018 lo fue con carácter instrumental y por tiempo determinado, según manifiesta el propio interesado”.
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