Condenan por prevaricación a ex altos cargos de Sanidad del PNV

La Audiencia provincial de Vizcaya ha condenado a varios ex altos cargos del PNV por prevaricación por actuar de modo coordinado para la obtención de contratos para la gestión de listas de espera de la sanidad pública vasca. La sentencia, en cuya redacción el tribunal ha tardado casi cinco meses, absuelve sin embargo a los acusados de los delitos más graves como los de malversación de caudales públicos, fraudes ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios y por los que la Fiscalía reclamaba hasta 11 años de cárcel. El tribunal impone a tres de los cuatro acusados penas de inhabilitación para cargo y empleo público que oscilan entre los siete y nueve años. A uno de los acusados lo absuelve de todas las acusaciones que contra él había presentado el Ministerio Fiscal.

El juez considera que tanto el ex responsable de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, como su socia, María Nieves Fernández y el ex director de Sanidad en Vizcaya, Rafael Elorriaga, actuaron de modo coordinado para obtener contrataciones de la Administración. Señala que la constitución de la sociedad Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que debía intermediar entre la red pública y la privada para gestionar las listas de espera, se constituyó a comienzos de 2006 cuando los condenados sabían que iban a ser "los adjudicatarios” de los contratos y que contarían con el apoyo de Elorriaga, del que podían esperar la “grave omisión” de determinados trámites administrativos “a fin de garantizar dicha adjudicación”.

En la sentencia se añade que el que era director de Sanidad en Vizcaya, y hombre de confianza del entonces consejero Gabriel Inclán, era conocedor de la “ilegalidad” de la resolución con la que autorizó la sociedad constituida “ad hoc”, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, al carecer de los requisitos exigidos por la ley. Afirma que la resolución pretendía “abrir la puerta” a las adjudicaciones, que sumaron contratos por varios millones de euros, y por ello actuó con “grotesta arbitrariedad y abuso de poder”.

La sentencia da por probado que los condenados actuaron de modo ilegal y coordinado para obtener contratos públicos sanitarios

Respecto a la socia de Gestión XXI, Mari Nieves Fernández, se considera que llevó a cabo una conducta “determinante e imprescindible” para la comisión del delito. Añade que su papel en todo momento tuvo como finalidad “esconder” y “burlar” las prohibiciones legales por incompatibilidad, que da por acreditada, del doctor Margüello. Por todo ello condena a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación a María Nieves Fernández y a nueve años al doctor Margüello y a Rafael Elorriaga. Respecto al cuarto acusado, Rafael Cerdán, lo absuelve al considerar que se limitó a firmar los documentos que le remitieron desde la delegación vizcaína pero desconociendo el fin de la operación.

"Omisión" de normas

En la sentencia también se rechaza que los acusados hubieran cometido un delito de malversación de caudales públicos. Así, se señala que los servicios se prestaron y se abonaron. Se apunta que no se dio un perjuicio “proyectado o real y efectivo para la entidad pública”. Sin embargo, sí asegura que la conducta “probada” permite concluir que la designación de la adjudicataria para realizar la gestión de las listas de espera fue “arbitraria” y se llevó a cabo con la “omisión de las normas administrativas que resultan de aplicación”. El juez cree probado que existió un ánimo de “favorecer y beneficiar a una empresa concreta en detrimento de las demás, con implicación de claros intereses personales”.

La sentencia llega casi una década después de que estallara el escándalo. Días después de que el Gobierno de Patxi López relevara en mayo de 2009 al PNV al frente del Ejecutivo vasco, diversas informaciones periodísticas revelaban que la salud de los vascos, las listas de espera para ser operados, para someterse a una prueba o para una consulta con el especialista, podrían haberse convertido en un suculento negocio para algunos de los responsables sanitarios del Gobierno saliente de Ibarretxe.

Pese a que el juez cuestiona la constitución de la adjudicataria y la concesión de los contratos descarta malversación de fondos

Los hechos denunciados después por la nueva consejería, en manos de Rafael Bengoa, se remontaban al año 2006. Aquel año el departamento de Sanidad, entonces en manos del PNV, decidía establecer un novedoso sistema de gestión de las listas de espera. La fórmula se basaba en ceder a una empresa intermedia entre la red pública y la concertada la gestión de la derivación de pacientes a centros concertados para aliviar así la carga asistencial inasumible de Osakidetza. Las informaciones y sospechas que posteriormente se ratificarían en comisiones parlamentarias apuntaban a que la empresa que comenzó a derivar pacientes cobraba, presuntamente, comisiones del coste de cada intervención asignada a algunos centros privados.

Durante el juicio el ex consejero de sanidad con el PSE, Rafael Bengoa, aseguró que existió una “trama” organizada constituida por los ex altos cargos de la consejería durante el último Gobierno de Juan José Ibarretxe y varias empresas vinculadas a un ex alto cargo del Servicio Vasco de Salud. Bengoa calificó de “evidente” que existió una organización que se benefició de forma “sistemática” de un patrón de conducta por parte de la Administración encaminada a beneficiar a determinadas empresas.

El PSE denunció una "trama"

Bengoa declaró con contundencia que las empresas vinculadas a Margüello se beneficiaron de “subidas sistemáticas muy muy exageradas de tarifas” y de contratos para la gestión de las listas de espera mediante un procedimiento jamás empleado hasta entonces “ni después” como es la interposición de una sociedad intermediaria entre la red pública y la privada para derivar pacientes. Un procedimiento de gestión y derivación de pacientes para ser intervenidos y asistidos en el que “se iba quedando dinero por el camino” para beneficiar a la sociedad Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada a Margüello.

Otra de las declaraciones más contundentes y que mantuvo la existencia de graves irregularidades fue la del hoy diputado del PSOE en el Congreso, Jesús María Fernández. Quien fuera viceconsejero de Sanidad con Bengoa, no dudó en asegurar que la cesión de la gestión de las listas de espera a una empresa intermediaria “sin experiencia y que tanto había costado autorizar” supuso de alguno modo poner “en riesgo la salud” de las personas que fueron tratadas. El procedimiento de intermediación que se estableció entre 2006 y 2009 y que benefició a Gestión XXI gestiono cerca de 100.000 acto médicos. Fernández declaró que tras analizar el caso se concluyó “que aquí había clarísimamente un componente irregular y creo que una contrastada ilegalidad en la gestión de las listas de espera”.

“No aportaban nada”

Añadió que modificar el procedimiento habitual de concertación directa con la red privada que hasta entonces se venía haciendo, -y en la actualidad-, en la sanidad pública con los centros privados para interponer una entidad intermediaria “a mi no se me ocurriría”. Subrayó que Gestión XXI carecía de recursos humanos e instalaciones y además la autorización sanitaria que le fue concedida a la sociedad “fue irregular” y posteriormente anulada, “no aportaba nada” al proceso: “Sería como concertar la gestión de las listas de espera con una agencia de viajes que llega a acuerdos con algunas clínicas”, afirmó.

Para la Fiscalía el proceso llevado a cabo respondía a una “puesta en común” entre un empresario y facultativo-jefe en el Hospital de Cruces-, su socia, un director territorial de Sanidad y un viceconsejero del Gobierno vasco para beneficiar con la adjudicación de contratos públicos, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad” a determinadas empresas. Según estas acusaciones se habrían beneficiado con adjudicaciones, por un importe estimado en 6,8 millones de euros, a empresas vinculadas a quien era amigo personal del entonces consejero de Sanidad, Gabriel Inclán y que da nombre al caso, el médico, José Carlos Margüello. Una actuación coordinada que la juez de instrucción llegó a afirmar en un auto que se planteó “para lucro y beneficio económico de los investigados y en perjuicio de los intereses públicos”.

El conocido como ‘Caso Margüello’ provocó la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, un duro informe del Tribunal Vasco de Cuentas y la derivación del caso a la Fiscalía. En los tres casos se dieron por acreditadas numerosas irregularidades en las concesiones de contrataciones sanitarias públicas en tiempos de Juan José Ibarretxe y siempre a empresas vinculadas con Margüello. Los acusados, entre ellos ex altos cargos con el PNV, están acusados de actuar coordinadamente para beneficiarse de contratos por 6,8 millones

En la vista oral iniciada el pasado 19 de marzo la Fiscalía ejerció como única acusación que reclamaba penas de prisión –el Gobierno vasco estaba personado pero sólo solicitó el resarcimiento económico si eran condenados-. El Ministerio Fiscal consideró probadas un cúmulo de irregularidades (adjudicaciones ilegales, incrementos injustificados de tarifas, falsificación documental, etc.). En su escrito de acusación señala que existen pruebas suficientes para imputarles delitos de prevaricación, malversación, fraude contra la Administración pública y un delito de negociaciones y actividades prohibidas para funcionarios.

En el banquillo se sentaron tres ex altos cargos de la consejería de Sanidad y una cuarta acusada, sobre la que recaía la sospecha de haber actuado como testaferro. Los acusados se enfrentaban a peticiones de prisión que iban hasta los 11 años de cárcel además de a tener que hacer frente a la devolución de 6,8 millones de euros, la cuantía de la que se estima que se habrían beneficiado gracias a los contratos adjudicados de modo irregular.