Enrique Álvarez Conde, director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartió los másteres bajo sospecha y principal imputado en la causa en la que un juzgado de Madrid investiga a Cristina Cifuentes, no impartirá clases al menos en el arranque del curso 2018/2019. El veterano catedrático ha vuelto a presentar la baja alegando enfermedad, siendo el segundo periodo en que permanecerá alejado de su puesto de trabajo desde que estalló el escándalo.
Álvarez Conde estuvo de baja médica desde abril -semanas después de que trascendieran las irregularidades del máster en el que se matriculó la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y de que fuera suspendido provisionalmente como director del Instituto de Derecho Público (IDP), el organismo que impartió los cursos de posgrado investigados- hasta mediados del pasado mes de julio, cuando el curso académico estaba ya a punto de terminar. Con todo, no hubo de ser suplido como profesor por cuanto la carga lectiva la había concentrado en el primer semestre y no tenía clases cuando explotó el caso.
Según ha podido conocer El Independiente, el catedrático ha vuelto a presentar parte de baja a principios de septiembre, días antes de que empezaran las clases del nuevo curso. Ello ha motivado a la URJC tener que recurrir a otros docentes para cubrir las clases que Enrique Álvarez Conde tendría que impartir en el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas y en el grado de Criminología.
A preguntas de este diario, un portavoz de la URJC ha confirmado que el profesor se encuentra actualmente de baja, pero ha eludido ofrecer más detalles -como fecha exacta de presentación del parte o razones alegadas- por motivos de privacidad.
El nombre de este catedrático no aparece en los listados de profesores de estos grados, como puede comprobarse en la web de la Universidad Rey Juan Carlos. Sí figuran los de otros docentes que también han sido llamados como investigados al procedimiento que dirige la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y que no permanecen de baja. Es el caso de Alicia López de los Mozos, Cecilia Rosado, Clara Souto, Jesús Primitivo González y Esther González.
El catedrático Álvarez Conde, principal imputado por el escándalo de los másteres, ya estuvo de baja de abril a mediados de julio
Álvarez Conde ocupa un lugar preminente en la trama que investiga la juez Rodríguez-Medel, quien lo acusa de "urdir" un "sistema de prebendas consistente en regalar títulos académicos". Así lo razona la magistrada en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo el pasado 6 de agosto al encontrar indicios de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio por parte de Pablo Casado, al que no puede investigar por gozar éste de aforamiento dada su condición de diputado en Cortes. El órgano jurisdiccional competente es el alto tribunal.
"Indiciariamente, don E. [Enrique Álvarez Conde] es el urdidor del proceso que culmina con el regalo del título académico que nos ocupa. Tiene el dominio (de hecho y de derecho) del proceso de reconocimiento de créditos que facilita limitar la calificación arbitraria a sólo 20 créditos, tiene el dominio de derecho de calificar arbitrariamente la mayor parte de esos créditos (profesor en tres asignaturas) y el dominio de hecho de los créditos restantes dado que ejerce una autoridad incuestionable sobre su discípula principal, doña A. [Alicia López de los Mozos]", expone.
La juez cree que el ex director del Instituto de Derecho Público era el "beneficiado" por el sistema instaurado, por cuanto permitía la continuidad de los cursos de posgrados impartidos y le generaba un "clima favorable" para su relaciones políticas y profesionales. "Aumentaba el prestigio de su instituto, pues permitía que personas con relevancia política contaran en su curriculum vitae con una mención al máster, como es el caso de don P.C.B. [Pablo Casado Blanco, hoy presidente del PP], añade.
Falsificación del acta
Enrique Álvarez Conde fue quien en la mañana del 21 de marzo, el día que eldiario.es desveló las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes, dio instrucciones a una de sus discípulas -Cecilia Rosado- para que reconstruyera el acta que supuestamente acreditara que la entonces delegada del Gobierno en Madrid defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012. Y era también el tutor del trabajo de Cifuentes, que ésta no ha podido presentar alegando las mudanzas familiares y profesionales que ha vivido desde que cursó estos estudios de posgrado.
Además de estar ya imputado en varias piezas separadas del caso Máster, otro juzgado tendrá que determinar si indiciariamente es responsable de un delito de malversación de caudales públicos al imputar al presupuesto del Instituto de Derecho Público gastos ajenos a sus responsabilidades académicas, como una compra en pescadería el día de Nochebuena o comidas en periodo no lectivo. Se trata de un procedimiento que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid tras la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno de la URJC.
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