La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha comparecido este martes en la Comisión de Justicia para aclarar por qué su departamento remitió el pasado mes de agosto un comunicado donde se especificaba que “en ningún caso” se iba a defender al instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, en Bélgica por aquellas palabras que pronunció en uno de sus actos privados.
Sin embargo, la titular de Justicia ha señalado en el Congreso de los Diputados que ella siempre entendió que la demanda manipulada que el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro prófugos de la Justicia española tenía “carácter instrumental” y que el Ejecutivo “ha intentado hacer las cosas bien”.
Sobre la polémica nota de prensa que remitió su Ministerio, la ministra Delgado ha rechazado que “hubiera contradicción” en la misma aunque ha admitido que “quizás pudo haber alguna en la forma en la expresión de esa nota que sobraba o faltaba y eso ha generado confusión”.
La titular de Justicia ha señalado que “la defensa de los intereses de España ha estado por encima de todo” en este asunto y esto lo sostuvimos “desde el primer momento que estudiamos este caso que pretendía cuestionar la actuación jurisdiccional de España y hacerlo en otro país, en el caso concreto, ante los tribunales belga”
Durante su intervención, que ha comenzado pasadas las 10:00 horas de este martes, la ministra ha realizado un análisis pormenorizado de todos los pasos que el Ministerio de Justicia en “plena sintonía” con el Consejo General del Poder Judicial llevaro a cabo desde el pasado mes de julio para defender en Bélgica la inmunidad de jurisdicción de nuestro país.
Delgado, que ha recalcado que se trataba de un asunto “complejo” desde el punto de vista jurídico”, ha puesto de manifiesto que "desde el primer momento" se afrontó con “visión de Estado”. La ex fiscal de la Audiencia Nacional ha insistido, además, en que siempre ha actuado con "absoluta responsabilidad" y transparencia ante un asunto que era jurídicamente "complicado" y que exigía prever todos los posibles escenarios para defender la integridad de jurisdicción de España y hacerlo "absolutamente bien para no tener un solo pero en un tribunal internacional".
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