Los funcionarios vascos están de enhorabuena. Los 70.000 trabajadores públicos dependientes del Gobierno vasco verán mejoradas de modo significativo sus nóminas no sólo este año sino también el próximo ejercicio. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha anunciado que las nóminas públicas se mejorarán un 4% con las subidas previstas para este año y el próximo. Así, en la nómina de octubre los trabajadores de la administración comenzarán a percibir los incrementos correspondientes a todo el año hasta completar el repunte del 1,75% salarial anunciado por el Gobierno de Euskadi.
A esta mejora se sumará la que este mediodía ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, quien ha avanzado que en el proyecto de presupuestos -en el que ya trabajan- se incluirá una mejora salarial incluso mejor que la que ya se acordó para este año. Para 2019 el Ejecutivo quiere incrementar las nóminas públicas un 2,25%. Mejorar el salario de los funcionarios públicos tendrá un elevado coste, que para este año se ha estimado en 68 millones y que se estima que se eleve a otros 115 millones de euros para el próximo curso.
De este modo, cada funcionario verá incrementada, de media, su retribución anual en 2018 y 2018 en algo más de 2.200 euros. Así, la mejora anual este año se acerca a los 1.000 euros más y a casi 1.250 euros más el próximo año.
Fondo de pensiones
No será la única mejora que percibirán los trabajadores públicos. Los funcionarios de la Administración vasca también verán como mejora la aportación al fondo de pensiones que tienen asignados y que se financia con fondos públicos. Así, el denominado programa Itzarri, incrementará sus aportaciones un 1% este año y un 1,5% el próximo ejercicio. Esta medida requerirá de una inversión pública de otros 51 millones de euros a lo largo de estos dos ejercicios.
La tercera de las decisiones de carácter laboral que beneficiará a los trabajadores públicos hace referencia a las bajas laborales. El Gobierno de Euskadi aprobará un decreto por el cual los funcionarios cobrarán el 100% de su nómina desde el primer día de incapacidad. La medida comienza a aplicarse desde este mismo ms de septiembre y tendrá un coste de 1,5 millones de euros.
La Administración vasca considera que actualmente ya se dan las condiciones de seguridad jurídica necesarias para proceder a aprobar estas medidas. Las previstas para este año tuvieron que ser paralizadas por el recurso presentado por el anterior Gobierno del Estado que consideró que contravenían el marco general establecido. Ahora sólo resta que puedan ser ratificadas en el contexto de la Mesa General de Negociaciones que la Administración abrirá el próximo día 19 con la representación sindical.
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