Guardias civiles cifran en 3.200 los 'Mossos' que están dispuestos a dejar el Cuerpo

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) cifra en un 20 % el número de agentes de los Mossos d'Esquadra que dejarían el Cuerpo y se enrolarían en el Instituto Armado si el Ministerio del Interior habilitara la pasarela profesional y facilitara que los funcionarios de la Policía de la Generalitat de Cataluña pudieran incorporarse a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los representantes de la AUGC en Barcelona-Girona, Lleida y Tarragona han pedido a la dirección de esta asociación profesional -mayoritaria en el Cuerpo- que inste al Gobierno a facilitar el trasvase desde los Mossos a la Guardia Civil, lo que "ahorraría al erario público una gran partida económica en formación" y ayudaría a los agentes de la Policía Autonómica que "están sufriendo las consecuencias de trabajar en un Cuerpo altamente politizado".

Los Mossos d'Esquadra está integrado en la actualidad por unos 16.600 agentes. Si se cumplira la previsión de la AUGC, unos 3.200 policías autonómicos se incorporarían a la Guardia Civil, con lo que se paliaría con creces el déficit de plantilla que tiene este Cuerpo en Cataluña. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita del PSOE cuando estaba en la oposición, referidos al 31 de enero de 2018, la Guardia Civil cuenta con 640 efectivos menos en esa comunidad de lo que prevé el catálogo de puestos de trabajo. En concreto, faltan 314 funcionarios en Barcelona, 130 en Girona, 116 en Lleida y 80 en Tarragona.

La reivindicación de la AUGC obligaría a un cambio normativo, toda vez que ni la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil ni el real decreto por el que se aprobó el reglamento general de ingreso en sus centros docentes de formación "contemplan el sistema de acceso" a este Cuerpo desde las policías locales o autonómicas.

Sí está previsto en la Policía Nacional. La Ley de Régimen de Personal de este Cuerpo, aprobada el 28 de julio de 2015 cuando al frente del Ministerio del Interior se encontraba Jorge Fernández Díaz, prevé en una disposición adicional -concretamente la cuarta- el ingreso en el Cuerpo de agentes de policías de comunidades autónomas. "Los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia, en los términos y conforme a las condiciones que reglamentariamente, y con participación de las organizaciones sindicales representativas, se determinen, siempre que cumplan los requisitos generales exigidos en el artículo 26 y posean la titulación requerida para el acceso a cada escala".

La AUGC exige un complemento de territorialidad para los agentes destinados en Cataluña como el que instauró en el País Vasco cuando ETA mataba

Una parte de los Mossos denuncia desde hace casi un año la incomodidad profesional en la que se encuentran a raíz de la actuación que tuvo la Policía Autonómica con ocasión del referéndum ilegal del pasado 1-O. Ese malestar ha propiciado la creación de una plataforma -la Asociación Policías Autonómicos por la Pasarela, constituida el pasado 23 de marzo- con la que sus integrantes pretenden presionar para que se les dé la posibilidad de dejar el Cuerpo autonómico e incorporarse a la Guardia Civil o a la Policía Nacional.

Este colectivo considera que la puesta en marcha de la pasarela es una "obligación moral" del Estado con aquellos agentes que se niegan a incumplir la ley en el ejercicio de sus funciones. "Esto no es un capricho. No pueden dejar desamparada a la gente que ha jurado la Constitución. De lo contrario, ¿gana el que no la cumple? Y la pasarela es un apoyo", declaró el líder de esta asociación a este periódico.

Compensación

Junto a la pasarela, la AUGC también demanda a Interior que acceda a abonar un "complemento de territorialidad" a los agentes para incentivar que éstos elijan Cataluña como destino y reforzar así la seguridad en esta comunidad. Se trataría de un plus similar al que se instauró en el País Vasco y Navarra cuando se encontraba activa la banda terrorista ETA y que permitiría al funcionario percibir unos 600 euros más al mes.

En paralelo, esta asociación profesional exige que se compense a los 300 agentes a los que se les ha obligado a permanecer en Cataluña y posponer su traslado a otros destinos lejos de esta comunidad, dado que esa decisión de la dirección general "les obliga a pagar dos alquileres en provincias distintas" y hace que los hijos de los guardias civiles puedan perder "días de clase" al no poder instalarse en los nuevos destinos.